A finales del 2025, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció la terminación anticipada del contrato del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla, adjudicado en 2021 a la concesión vial Autopistas del Caribe.
La entidad explicó que la decisión se tomó en mutuo acuerdo con el concesionario, el cual había presentado una demanda en 2024 en un tribunal internacional reclamando perjuicios por $1,2 billones ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto.
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La financiación de las obras estaba condicionada al recaudo en seis peajes existentes (Turbaco, Pasacaballos, Gambote, Bayunca, Sabanagrande y Galapa) y uno nuevo que sería instalado en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco, sin embargo las protestas por parte de las comunidades impidieron el cobro en varias de las estaciones.
Ante esto, tras varias mesas técnicas, se llegó a un acuerdo transaccional con el concesionario para la terminación anticipada del contrato, que según la ANI permitió ahorrar al Estado cerca del 63% de las pretensiones de la demanda.
“El 29 de diciembre de 2025, por mutuo acuerdo, la concesión Autopistas del Caribe y la ANI llegamos a establecer una terminación anticipada. El 2 de enero de 2026 iniciamos el proceso de reversión, el cual esperamos que esté listo a julio para que posteriormente la infraestructura quede a manos del Invías”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.
Durante la etapa de reversión, que durará 200 días, Autopistas del Caribe continuará con las labores de operación, mantenimiento y recaudo de los peajes; aunque para la estación de Turbaco, una de las más polémicas, el cobro seguirá suspendido para los vehículos de categorías I y II (automóviles, camperos, camionetas, microbuses, buses y busetas).
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A pesar de esto, tras el anuncio, el presidente Gustavo Petro publicó en sus redes sociales que gracias a la terminación del contrato la región Caribe “se liberó de siete peajes”, lo que produjo expectativa por cuál será el futuro de las estaciones una vez pasen al Invías, es decir, si en efecto serán eliminadas o si más bien el cobro dejará de estar en manos de privados para pasar al manejo estatal.
El futuro de los peajes en Bolívar y Atlántico
Desde el Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes, que desde hace varios años ha venido luchando por la liquidación del contrato de concesión y el desmonte de las casetas, especialmente en Turbaco, celebraron el anuncio de la ANI, aunque también expresaron preocupaciones por el proceso de reversión.
“Ya veíamos venir este anuncio porque aportamos demasiadas pruebas de las inconsistencias de este contrato. Lo que nos preocupa ahora y de lo que no tenemos conocimiento es que vienen seis meses de recaudo con la misma concesión. No sabemos dónde va terminar esa plata así que hay que mirar unos detalles”, afirmó Ángel Barreto, uno de los voceros.
Por este motivo, y con miras a definir qué ocurrirá con los peajes una vez pasen al Invías, desde la organización piden ser tenidos en cuenta durante las mesas que se lleven a cabo durante la reversión.
“Lo que le exigimos a la ANI es estar presentes en esas mesas técnicas, garantes de lo que allí se establezca porque la idea no es pasarle los mismos problemas del proyecto al Invías sino que las negociaciones se vayan dando con lo más importante que es el componente social”, dijo.
En este sentido, la propuesta que tienen desde el Frente Nacional contra el Abuso de los Peajes es que solo queden con recaudo dos estaciones para garantizar el mantenimiento de la vía: la de Gambote en Bolívar y otra en el Atlántico. El objetivo es que el resto de peajes sean desmontados.
Habla la Cámara Colombiana de la Infraestructura
Por otro lado, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Seccional Norte, expresaron su preocupación por la terminación anticipada del contrato, pues aseguran que el proyecto es clave para la movilidad entre Cartagena y Barranquilla y su paso al Invías no brinda garantías.
“Advertimos que esta decisión obliga al Estado a asumir de manera directa la gestión de una infraestructura concebida inicialmente bajo un modelo de inversión privada, sin haberse ejecutado las inversiones estructurales previstas, lo que plantea retos significativos en términos de capacidad institucional, disponibilidad presupuestal y priorización de proyectos”, indicaron.
Así mismo, alertaron impactos directos en materia de empleo, dinámica económica regional, competitividad, eficiencia en el transporte de carga y en la confianza que puedan tener los inversionistas para desarrollar este tipo de proyectos.
“Nos preocupa especialmente el impacto que este tipo de decisiones puede tener sobre un modelo de concesión que ha demostrado históricamente ser una herramienta eficaz para movilizar inversión pública y privada, desarrollar infraestructura vial de alta calidad y cerrar brechas territoriales en el país”, dijeron.
En este sentido, hicieron un llamado al Ministerio de Transporte para que a través de las entidades correspondientes se realice una gestión técnica, eficiente y transparente de la infraestructura que entra en etapa de liquidación, de tal manera que pueda haber claridad sobre el esquema bajo el cual será administrado el corredor vial y se definan las alternativas para garantizar su operación y servicio.
Sobre el proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla
El proyecto del Corredor de Carga Cartagena-Barranquilla contemplaba una inversión de $4,3 billones, que incluían la construcción 74 kilómetros de segundas calzadas, 20 kilómetros en variantes y 8 intersecciones a nivel y desnivel entre las dos ciudades.
El contrato de concesión había sido adjudicado en 2021 con un plazo de 35 años: 1,5 de preconstrucción, 6,5 de construcción y 27 de operación y mantenimiento.