El Ministerio de Minas y Energía publicó en días pasados un polémico proyecto de resolución que propone cobrar a los usuarios a nivel nacional un valor de ocho pesos por kilovatio-hora en la tarifa de energía con el fin de pagar la deuda de Air-e, empresa que presta el servicio en los departamentos de Atlántico, La Guajira y el norte del Magdalena.
Según la cartera nacional, la propuesta surge tras un informe presentado por XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista en Colombia, en el cual se alerta que las deudas de Air-e, tras ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ascienden a los $2 billones.
Sin embargo, la medida, que aún se encuentra en borrador, ya ha empezado a provocar alertas entre los usuarios, especialmente en el Caribe, ante un incremento que podría presentarse en la tarifa. Al respecto, el Consejo Gremial de Bolívar se pronunció manifestando su rechazo y cuestionando que desde el Ministerio de Minas y Energía no se contemplen soluciones para Afinia, empresa que también atraviesa complejidades financieras.
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¿Qué dice el proyecto del Ministerio de Minas y Energía?
En el proyecto de resolución se alerta que según el informe emitido por XM en diciembre de 2025, las deudas de Air-e suponen un riesgo sistémico para la prestación del servicio eléctrico a los usuarios en diferentes regiones del país.
“El riesgo sistémico es la posibilidad de un efecto de contagio por el incumplimiento financiero de un agente relevante, debido a las complejas interrelaciones comerciales entre los agentes del Mercado de Energía Mayorista”, dice el documento.
En este sentido, se advierte que la situación también podría poner en riesgo la viabilidad financiera de las empresas acreedoras, su funcionamiento dentro del Sistema Interconectado Nacional y el abastecimiento de energía eléctrica en el país.
“Por lo anterior, la continuidad de las acreencias de estas obligaciones para con el Mercado de Energía Mayorista debe ser gestionada y debe prevenirse el incremento de las acreencias. En consecuencia, urge la adopción de medidas de aplicación con carácter transitorio que permita el cubrimiento a través de los usuarios finales frente al riesgo sistémico”, señala el proyecto.
La propuesta pide a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en un lapso no mayor a seis meses, reglamentar e implementar un esquema de confiabilidad para la mitigación del riesgo; sin embargo, mientras esto ocurre se plantea el cobro de ocho pesos por kilovatio-hora en la tarifa de energía como un valor complementario en el componente de restricciones.
“Los montos recaudados serán distribuidos entre los agentes generadores, transmisores y demás agentes del mercado, que sean acreedores de dichas deudas, siguiendo los mecanismos establecidos en la regulación vigente”, sentencia el documento.

Consejo Gremial de Bolívar, en desacuerdo con la propuesta
Desde el Consejo Gremial de Bolívar no tardaron en rechazar la propuesta del Ministerio de Minas y Energía, asegurando que no es justo que los usuarios deban asumir la responsabilidad de pagar la deuda de la empresa Air-e, intervenida por el Estado.
“Rechazamos que la respuesta al riesgo sistémico sea trasladar los incumplimientos del Estado al bolsillo del usuario. Este riesgo ha sido inducido por la falta del giro oportuno de subsidios y una intervención sin presupuesto. Usar el componente de restricciones para cubrir huecos administrativos sienta un pésimo precedente: el sector productivo y la ciudadanía no pueden convertirse en la caja menor para subsanar la falta de rigor técnico y fiscal del Gobierno”, manifestaron.
Así mismo, cuestionaron que la propuesta solo vaya encaminada a solucionar los problemas financieros de la empresa Air-e, cuando Afinia, que presta servicios en otra porción importante de la Costa Caribe también enfrenta una situación compleja.
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“La solución no puede ser selectiva. Exigimos que los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y el sur del Magdalena sean tenidos en cuenta y que Afinia se incluya en las decisiones del Gobierno, pues enfrenta la misma asfixia financiera que el mercado intervenido. Es inequitativo salvar solo a una parte del Caribe asumiendo que el respaldo de EPM es inagotable. El remedio debe cubrir a toda la región afectada por las mismas fallas sistémicas”, aseguraron.
Desde el Consejo Gremial de Bolívar enfatizaron en que el Gobierno debe comprometerse y cumplir de inmediato con sus obligaciones de ley, de tal manera que este cobro “no se convierta en un impuesto eterno a la ineficiencia”.
“Es difícil, pero necesaria”: ministro de Minas y Energía
Ante las críticas que ha recibido el proyecto de resolución, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, defendió la propuesta, resaltando que será temporal y progresiva, de tal manera que los usuarios con mayores recursos sean los que más paguen.
“Esta es una propuesta temporal, para la discusión. Difícil, pero necesaria. El país ha pagado carreteras y obras. Ha salvado bancos. Es necesario proteger a la gente a través de un derecho fundamental. Este aporte es temporal y solidario, para proteger un servicio esencial mientras corregimos la fallas estructurales que otros dejaron crecer”, dijo.
El alto funcionario aseguró que “el problema energético del Caribe no es solo de los costeños”, sino que es “un problema nacional”. “Por allí han pasado siete empresas en 20 años y todas han fracasado. La clase política ha sido responsable de ello. Recibimos un sistema al límite: empresas quebradas que se las dieron a privados, deudas acumuladas y riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica”, afirmó.
En este sentido, aseguró que con la medida se está “evitando un daño mayor” y “construyendo soluciones de fondo”. “Pudimos resolver el lío con las propuestas de Ley de Financiamiento que el Congreso le negó al país por su odio al Gobierno, que termina haciéndole daño al pueblo”, manifestó.
El ministro indicó que el proyecto aún continúa en borrador y que se evaluarán los comentarios de la ciudadanía antes de expedir la medida.
La tarifa de energía en el Caribe
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía aseguró que conforme a la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tarifa en el Caribe ha tenido una disminución en el último año ante decisiones regulatorias y de política pública.
En ese sentido, afirmaron que para los departamentos atendidos por Air-e el valor del kilovatio-hora ha bajado hasta $796, mientras que en los de Afinia a $879, lo que representa una reducción promedio del 28% en comparación al valor registrado hace cuatro años, que llegaba hasta los $1.200.
Según la cartera nacional, esto se ha traducido en ahorros mensuales que en promedio oscilan los $30.000 y $70.000 para los usuarios residenciales.