En 1697 comenzó la construcción del Galeón San José, un barco español multipropósito destinado tanto al comercio como a la batalla. Fue diseñado por el ingeniero, marino y militar Antonio Gaztañeta e Iturribalzaga junto a Francisco Antonio Garrote, bajo la dirección de Pedro de Aróstegui.
No se trataba de un barco cualquiera. Su impresionante arquitectura le permitía navegar largas distancias, transportar grandes cargas y resistir las fuertes condiciones meteorológicas del océano. Estaba comandado por el general Don José Fernández de Santillán, conde de Casa Alegre.
En 1699 el San José zarpó por primera vez desde España hacia Cartagena de Indias, donde realizó gestiones comerciales antes de regresar. Luego, en 1708, tras permanecer dos años fondeado en la bahía cartagenera, partió rumbo a Portobelo, Panamá. En el viaje de retorno, la nave se hundió frente a la bahía de Cartagena durante la llamada Batalla de Barú.
El escritor Ramiro Montoya, en su libro El Galeón San José y sus cuatro dueños, describe este enfrentamiento como “un trasplante a las costas de la Nueva Granada del conflicto que en Europa comprometía a las potencias navales enfrentadas en la Guerra de Sucesión: una escuadra inglesa, con base en Jamaica, buscó apoderarse de los caudales que el virreinato del Perú enviaba al rey Felipe V y que, en parte, transportaba esa nave capitana, protectora de un convoy de 26 navíos”.
Durante más de dos siglos se ignoró la ubicación exacta del galeón, que solía arribar a Cartagena tras poco más de un mes de travesía. No fue sino hasta 1982 cuando se localizaron sus restos, a más de 600 metros de profundidad. En el lugar yace un camposanto con cerca de 600 víctimas —entre oficiales, tripulantes y pasajeros— y un valioso cargamento compuesto por monedas, lingotes de oro y plata, además de diversos artefactos. Puede leer: Los hallazgos en las primeras piezas recolectadas del Galeón San José
Desde entonces, el Galeón San José se convirtió en el centro de una disputa entre Colombia y España. Colombia reclama el pecio por encontrarse en su territorio, mientras que España sostiene que se trata de un buque de Estado. A ello se suma que el oro que transportaba provenía de Bolivia, lo que ha despertado el interés de comunidades indígenas de ese país. Además, la empresa Sea Search Armada reclama parte del hallazgo, argumentando haber entregado las coordenadas del naufragio al gobierno colombiano.
La situación jurídica del Galeón San José
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), respondió a varias inquietudes de El Universal sobre la posición jurídica de Colombia en torno al Galeón San José.
El director general de la entidad, César Palomino Cortés, explicó que el proceso se encuentra en la fase escrita, en la que cada parte presenta sus argumentos, testimonios y peritajes. “La postura de Colombia se ha centrado en demostrar al tribunal internacional que las reclamaciones del inversionista no tienen sustento, fundamentalmente porque no halló el Galeón San José”, señaló.
Agregó que el litigio se desarrolla ante un tribunal arbitral de inversiones y que “el inversionista es de nacionalidad estadounidense. Por esta razón las reclamaciones se sustentan en el capítulo de inversiones del tratado de libre comercio suscrito entre Colombia y Estados Unidos”.
Palomino destacó que el principio de soberanía sobre los bienes culturales sumergidos tiene un papel central. “Desde el principio de este litigio, Colombia puso de presente ante el tribunal internacional que el Galeón San José fue declarado bien de interés cultural. Es una cuestión que el tribunal internacional debe considerar al momento de proferir una decisión. Además del papel que juega el principio de soberanía también debe destacarse el papel del derecho internacional frente a los bienes culturales sumergidos, especialmente la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Sumergido”.
La postura de Colombia se ha centrado en demostrar al tribunal internacional que las reclamaciones del inversionista no tienen sustento, fundamentalmente porque no halló el Galeón San José."
César Palomino Cortés, director general de la ANDJE.
A nivel internacional existen dos procesos judiciales relacionados con el Galeón San José. El primero corresponde a la reclamación de Sea Search Armada, que asegura haber hallado el galeón. El segundo fue iniciado por Maritime Archeology Consultants (MAC), aunque este no tiene relación con el hallazgo, sino con otros aspectos ajenos al patrimonio cultural sumergido.
Opinión de los expertos
Para el abogado y especialista en derecho internacional, Jorge Pallares Bossa, también historiador, el interés de España en el caso ha disminuido. “Al principio tuvo interés, pero ya no. Ya no tiene interés, ya están divididos los dos partidos grandes que hay, que son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP). El PP está en que eso se negocie todavía, pero el PSOE dice que no, que eso es de la humanidad”, explicó.
Pallares considera que el caso debe verse como una oportunidad patrimonial: “Vamos a tenerlo como un museo marino. Yo sostengo que a eso vamos a llegar. Todavía hay pretensiones, inmunidades y condiciones. Hay unas tesis ahí, pero yo no le veo fundamentos”, afirmó.
Por su parte, Pablo Fernández Sánchez, experto en derecho internacional público y director del Instituto de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla (España), aseguró que el caso tiene seguimiento, “pero no con especial intensidad. En España no tiene gran relevancia mediática, a diferencia de lo que ocurre en Colombia, donde hay una carga emocional muy fuerte. Desde aquí lo vemos como parte de una problemática más amplia del derecho internacional”.
“España ha sido muy clara en que no pretende llevarse nada. Lo que quiere es que el pecio sea protegido y permanezca donde está, porque allí murieron más de 600 personas. Es un cementerio histórico. De hecho, hay una declaración conjunta entre ambos países y una normativa colombiana que lo reconoce como bien de interés cultural”, agregó Fernández.
Cabe mencionar que, el Congreso de la República ha aprobado leyes para proteger este hallazgo arqueológico subacuático. La más relevante es la Ley 1185 de 2008, que define los elementos del patrimonio cultural de la Nación y establece una política estatal enfocada en la salvaguardia, recuperación, conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural. Dicha ley también creó el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, coordinado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.