Un proceso laboral que se remonta a 2015 mantiene actuaciones judiciales vigentes contra la Asociación de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina, en Cartagena, luego de que un trabajador sufriera un accidente mientras realizaba trabajos de mantenimiento.
El accidente y la demanda laboral
Según consta en el expediente judicial, Diego Arrieta inició labores el 2 de marzo de 2015 mediante un contrato verbal para realizar oficios varios, entre ellos trabajos de albañilería, pintura y mantenimiento de áreas comunes.
De acuerdo con la demanda, el 9 de abril de 2015 el trabajador sufrió una caída desde aproximadamente tres metros de altura cuando descendía de un cobertizo tras bajar unos tubos. En el proceso se indicó que no contaba con arnés de seguridad al momento del accidente.
Como consecuencia de la caída, Arrieta presentó fracturas en tibia y calcáneo, fue sometido a cirugía, recibió una incapacidad laboral de seis meses y posteriormente se determinó una pérdida de capacidad laboral del 20,83%.
En la acción judicial también se señaló que el trabajador no habría sido afiliado a ARL, EPS ni fondo de pensiones durante la vigencia del vínculo laboral.
El caso fue tramitado ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena bajo el radicado 13001310500720160012200.
Fallos en primera y segunda instancia
Mediante sentencia del 16 de mayo de 2020, el Juzgado Séptimo Laboral condenó a la Asociación al pago de acreencias laborales, indemnizaciones y prestaciones derivadas del accidente.
Posteriormente, el 11 de marzo de 2021, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena confirmó las condenas y adicionó el reconocimiento de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, al considerar configurada la denominada “culpa patronal” en el accidente.
Tras la falta de pago voluntario, en julio de 2023 el juzgado libró mandamiento ejecutivo y ordenó medidas cautelares, entre ellas el embargo de sumas correspondientes a cuotas de administración del conjunto residencial.
Actuaciones por presunto desacato
De acuerdo con documentos allegados al proceso, el despacho judicial ha emitido oficios y requerimientos desde 2023 para que la Asociación informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar y remita datos de quienes han ejercido la administración desde agosto de ese año.
Según consta en actuaciones recientes, el apoderado del demandante solicitó apertura de incidente de desacato ante la presunta falta de respuesta a los requerimientos judiciales.
El 28 de enero de 2026 el juzgado profirió un auto relacionado con la práctica de pruebas dentro de dichas actuaciones, decisión frente a la cual fueron interpuestos recursos de reposición y apelación. El trámite procesal continúa en curso.
Pronunciamiento de la Armada Nacional
Ante versiones que podrían vincular a la Armada Nacional con el caso, se consultó a la institución.
En respuesta oficial, la Armada de Colombia indicó que, tras verificaciones internas, “no se encuentra involucrada en dicho proceso judicial” y precisó que la demanda fue presentada exclusivamente contra la Asociación de Vecinos del Conjunto Residencial La Marina.
La institución agregó que no tiene responsabilidad administrativa ni legal en el caso y que cualquier pronunciamiento corresponde a la Asociación demandada.