La Fiscalía Seccional Bolívar, a través de un fiscal de la Unidad de Administración Pública, imputó a Lincoln Ramírez Torres, de 55 años, por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Según informó la Fiscalía, la imputación se realizó en Cartagena.
Las investigaciones señalan que Ramírez Torres habría incurrido en irregularidades durante el año 2020, cuando ejercía como tesorero de una institución educativa ubicada en el barrio El Pozón. La Fiscalía fundamenta su acusación en hallazgos de labores de policía judicial. Lea también: Procuraduría suspende a alcalde y a funcionario de Altos del Rosario
¿Qué irregularidades detectó la Fiscalía en el extesorero de colegio en Cartagena?
De acuerdo con la investigación, Ramírez Torres suscribió siete contratos destinados a la prestación de servicios, la entrega de suministros, mantenimientos logísticos y de bienes inmuebles, entre otras actividades. La Fiscalía argumenta que esta suscripción se realizó sin cumplir con los requisitos legales establecidos.
La investigación determinó que el extesorero avaló el pago de 80 millones de pesos a los contratistas encargados de ejecutar las obras, a pesar de que, según la Fiscalía, estas no habían comenzado.
“Se habrían omitido las funciones de control y planeación exigidas para los procesos de contratación estatal”, confirmó la Fiscalía.
Durante la audiencia, el investigado negó su responsabilidad frente al delito que le imputaron. A pesar de la negación, la entidad judicial presentó el escrito de acusación correspondiente. Según la Fiscalía, el proceso continuará su curso.
Concejal de San Fernando, Bolívar, fue suspendido
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra José Luis Nieto Cortez, presidente del Concejo del municipio de San Fernando, en Bolívar.
Según el Ministerio Público, esto se da por presuntas irregularidades en la expedición de una resolución mediante la cual se delegaron funciones de “pagador” o “tesorero” en la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva.
Según el ente de control, esto podría comprometer el adecuado manejo de los recursos públicos y el cumplimiento del marco legal aplicable.
“La actuación disciplinaria se originó en una queja en la que se cuestiona dicha delegación por posibles riesgos financieros, así como por eventuales inconsistencias jurídicas y administrativas”, explicaron.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de El Banco (Magdalena) dispuso la suspensión provisional del investigado por el término de tres meses sin derecho a remuneración, con el fin de garantizar el normal desarrollo del proceso.
“La Procuraduría reitera que esta decisión no constituye un fallo de responsabilidad, sino una medida preventiva adoptada en garantía del debido proceso y la presunción de inocencia”, concluyeron. Le puede interesar: Abren investigación contra presidente del Concejo de San Fernando, en Bolívar