El Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Cartagena restableció una medida cautelar de urgencia que ampara la intervención del Distrito en 58 inmuebles del Centro Histórico.
Este respaldo judicial asegura la continuidad de los esfuerzos para preservar el patrimonio urbano de la ciudad, según confirmó la Oficina Asesora Jurídica del Distrito de Cartagena. Lea también: Priorizan obras en inmuebles del Centro Histórico para evitar colapsos
La decisión se formalizó mediante el Auto Interlocutorio No. 273 del 23 de abril de 2026, lo cual otorga “oxígeno judicial” a una de las operaciones considerada por el Distrito como la más significativa que ha puesto en marcha.
¿Cómo es el proceso para obras en inmuebles del Centro Histórico de Cartagena?
Este instrumento legal sostiene las intervenciones físicas en inmuebles en deterioro, un proceso que la administración ya inició en 21 propiedades priorizadas debido a su alto grado de fragilidad. Además, esta medida faculta al Distrito para cobrar a los propietarios cada peso invertido en estas obras de rehabilitación.
Milton José Pereira, Jefe Jurídico del Distrito, enfatizó la postura institucional. “Esta decisión judicial reafirma algo que el Distrito siempre tuvo claro: la protección del Centro Histórico de Cartagena no es opcional ni negociable. Actuamos con los argumentos jurídicos correctos, en los términos procesales correctos, y el Juzgado nos dio la razón”, señaló.
Y agregó: “La medida cautelar está vigente, y con ella, el Alcalde Dumek Turbay tiene pleno respaldo judicial para ejercer todas las facultades que la ley le confiere, incluyendo los procesos policivos contra quienes pongan en riesgo la vida de los cartageneros con el estado de sus inmuebles. A los propietarios que aún no han actuado les decimos con claridad: el tiempo de la indiferencia terminó.”
¿Cuándo inició el proceso para intervenir inmuebles en el Centro Histórico de Cartagena?
La sentencia que hoy mantiene vigente la protección judicial tuvo sus orígenes en noviembre de 2024. En esa ocasión, el mismo Juzgado 13 Administrativo de Cartagena emitió un fallo que autorizó al Distrito a intervenir directamente en 58 casas deterioradas en el Centro Histórico. Esta acción se enmarcó dentro de una acción popular interpuesta por el alcalde Dumek Turbay.
La demanda surgió del riesgo documentado que estos inmuebles representaban para la seguridad de los residentes, turistas y transeúntes. La justicia respaldó el actuar judicial del Distrito para obligar a los propietarios omisos a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de las estructuras.
Como consecuencia directa de ese fallo, la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 1975 del 30 de diciembre de 2024, el cual delegó facultades a la Dirección de Control Urbano para ordenar intervenciones de primeros auxilios en balcones, tejados y fachadas de los inmuebles considerados en riesgo.
El decreto también estableció el mecanismo para cobrar a los propietarios el costo de las obras realizadas.
Mediante este decreto, el Distrito identificó 58 inmuebles en deterioro distribuidos en el Centro Histórico y Getsemaní. De este conjunto, las autoridades priorizaron 21 propiedades que presentaban el mayor riesgo de colapso para una intervención inmediata.
¿Por qué habían suspendido el proceso para obras en casas del Centro Histórico de Cartagena?
Es importante resaltar que la medida cautelar de urgencia había sido suspendida temporalmente mediante una providencia del 21 de abril del año pasado. De acuerdo con el Distrito, en aquel momento el despacho judicial desconocía que la Alcaldía había presentado oportunamente una solicitud de aclaración procesal.
La Secretaría del Despacho certificó que esta solicitud había llegado a la carpeta de spam del correo institucional del Juzgado y nunca se incorporó al expediente del caso. Le puede interesar: Juez devuelve casa del Centro Histórico a sus dueños: estaba en manos de la SAE
Ante esta situación, la Oficina Asesora Jurídica del Distrito presentó en el tiempo estipulado un recurso de reposición que demostró que la providencia que suspendió la medida se había basado en un auto que aún no había adquirido firmeza jurídica, precisamente por la existencia de la aclaración pendiente.
De este modo, el Juzgado estudió los argumentos presentados, constató los hechos y restableció la protección, dejando la medida cautelar en plena vigencia. “Revocar la providencia de 21 de abril de 2025, que revocó la medida cautelar de urgencia solicitada por la parte actora y abrió incidente sancionatorio contra este, por las razones expuestas en este auto”, señala el juez.
También reconoció explícitamente que el Alcalde mayor, en su rol de primera autoridad de policía del Distrito, posee facultades expresas bajo la Ley 1801 de 2016 para adelantar procesos policivos contra los propietarios cuya omisión ponga en riesgo la vida e integridad de las personas.
El Distrito concluyó que estas facultades, conforme al artículo 84 de la Ley 136 de 1994, implican que si tales comportamientos se califican como infracciones a la convivencia ciudadana, las consecuencias legales serán adicionales al cobro por las obras realizadas.