La Procuraduría General de la Nación respaldó oficialmente una demanda de inconstitucionalidad que busca eliminar el uso de animales en actividades turísticas en Colombia. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, y el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton José Pereira Blanco, presentaron la acción legal.
Esta iniciativa se alinea con la política de transición de Vehículos de Tracción Animal (VTA) a coches eléctricos en el Centro Histórico y en todo el cordón amurallado de Cartagena.
El Ministerio Público emitió un concepto relevante ante la Corte Constitucional. Según el informe de la Procuraduría General, con corte a 2025, 7.275 animales continúan en actividades de tracción en el territorio nacional.
De acuerdo con la Procuraduría General, los departamentos de Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, Magdalena, Antioquia y Cauca concentran la mayoría de estos vehículos. Lea también: Prohíben circulación de coches con caballos en el Centro Histórico
De acuerdo con el Distrito, la demanda interpuesta por el alcalde Dumek Turbay y el jefe jurídico Pereira busca prohibir la tracción animal con fines turísticos en todo el país. El jefe jurídico del Distrito afirmó que “la ley no puede ser una herramienta para perpetuar el sufrimiento”.
También sostuvo que “excluir al turismo de la sustitución vehicular es ignorar que la dignidad humana también se mide por el respeto que mostramos hacia los seres con quienes compartimos el planeta”.
El origen de la demanda contra los vehículos de tracción animal en Colombia
El Ministerio Público se unió a la postura contra la tracción animal. El mandatario y el funcionario interpusieron la demanda de inconstitucionalidad el pasado 12 de diciembre.
La acción se dirigió contra el parágrafo único del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021 y la expresión “actividades turísticas”. Los demandantes argumentaron una presunta violación del artículo 79 de la Constitución Política. El expediente D-17144 identificó el caso.
El gobierno distrital lideró esta demanda como una estrategia para cerrar un vacío legal presente en la Ley 2138 de 2021. Señaló que la ley, aunque ordenó la sustitución de vehículos de tracción animal, incluyó una excepción que permitía al turismo continuar con la explotación de caballos y mulas. Para el alcalde y su jefe jurídico, esta excepción constituye un retroceso.
Consideran que ignora el estatus de los animales como seres sintientes y el deber de protección ambiental consagrado en el artículo 79 de la Constitución.
La postura de la Procuraduría sobre el uso de vehículos de tracción animal en Colombia
El Ministerio Público, bajo la instrucción del procurador Gregorio Eljach, presentó su concepto ante la Corte Constitucional. El procurador Eljach expuso argumentos que refuerzan la postura del alcalde y del jefe jurídico del Distrito. Por ello, solicitó a la Corte Constitucional declarar la “inexequibilidad” de la expresión demandada por Turbay Paz y Pereira.
“La Procuraduría General de la Nación le solicita a la Corte Constitucional declarar la INEXEQUIBILIDAD de la expresión ‘actividades turísticas’ contenida en el parágrafo único del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021″, expuso el procurador Eljach.
Precisó en su pronunciamiento que la actividad económica turística no depende del uso de animales. Afirmó que puede realizarse con medios tecnológicos alternativos. Le puede interesar: Fin de los coches con caballos: Cartagena estrena coches 100% eléctricos
“Se advierte que el uso de mulas y caballos como atractivo turístico no se encuentra exento de las prácticas de maltrato propias de su empleo como medio de carga. En contextos de entretenimiento, estos animales afrontan jornadas extenuantes que, en algunos casos, han provocado su colapso por agotamiento extremo e, incluso, la muerte”, sostuvo el procurador.
Y agregó: “La sustitución de los vehículos de tracción animal no puede entenderse como una opción discrecional del legislador, sino como una consecuencia coherente del desarrollo progresivo del principio de protección animal”.
Mientras la Corte estudia la demanda, el Distrito firmó el Decreto 2296 de 2025. Esta normativa prohíbe la circulación de vehículos de tracción animal en el Centro Histórico. Además, lanzó el sistema de carrozas eléctricas.
Esta transición implicó la sustitución de VTA por 62 carrozas eléctricas con carga solar y GPS. El Distrito mantiene la propiedad de los vehículos. Sin embargo, entrega su operación a los antiguos cocheros, lo cual garantiza su sustento sin el maltrato animal.