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Así va la construcción de la política pública LGBTIQ+ en Cartagena

Se trata de un instrumento que permitirá consolidar una hoja de ruta para la garantía de los derechos de la población LGBTIQ+ en Cartagena.

Así va la construcción de la política pública LGBTIQ+ en Cartagena

En Cartagena hay una gran representación de la población LGBTIQ+. // Óscar Díaz - El Universal

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El pasado 17 de mayo se conmemoró a nivel global el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha que rechaza la discriminación contra la población con orientación sexual e identidad de género diversa y reconoce la importancia de garantizar sus derechos.

Fue en ese contexto que la semana pasada la organización Caribe Afirmativo presentó el informe “Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, que expuso la alarmante situación que hoy padece esta población.

Particularmente en el departamento de Bolívar, el documento señala que durante el 2025 se registraron 12 asesinatos en los que las víctimas fueron personas con orientación sexual e identidad de género diversa, así como 33 amenazas, 33 casos de violencia intrafamiliar, 19 hechos de discriminación y 16 denuncias de violencia sexual. Lea aquí: Bolívar, el departamento del Caribe con más asesinatos LGBTIQ+ en 2025

La situación tiene una mayor incidencia en la capital, Cartagena, donde aún se evidencian los retos para la garantía de los derechos de esta población, no solo en materia de seguridad, sino también para su bienestar y calidad de vida.

Cartagena alista política pública para personas LGBTIQ+

Entendiendo estos retos, desde hace un tiempo en Cartagena se trabaja en la construcción de lo que será la política pública para personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, la cual busca plantear una hoja de ruta que permita la garantía de los derechos de esta población.

“El objetivo principal de esta política pública es garantizar la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTIQ+ en el Distrito de Cartagena. Busca reconocer a estas personas como sujetos con plenos derechos, asegurando condiciones de igualdad frente a los desafíos históricos de exclusión, violencia y discriminación que enfrentan”, explicaron desde la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, dependencia a cargo del proceso.

De esta manera, señalaron que la política pública será un insumo técnico importante para identificar las condiciones de vida de estas personas, así como sus necesidades y potencialidades, con el fin de orientar la toma de decisiones institucionales y la ejecución de acciones concretas.

La política pública para personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas está en construcción. // Óscar Díaz - El Universal
La política pública para personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas está en construcción. // Óscar Díaz - El Universal

El proceso de construcción de la política pública LGBTIQ+

De acuerdo con la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la construcción de la política pública se encuentra en etapa de formulación, donde los aportes de la población con orientación sexual e identidad de género diversa ha sido fundamental.

“El trabajo con la población LGBTIQ+ se realiza mediante un esquema de participación inclusivo e interseccional que combina mesas con diversos sectores de la población. Se han aplicado metodologías mixtas que incluyen entrevistas semiestructuradas, encuestas de caracterización y grupos focales, permitiendo que las voces diversas incidan directamente en los ejes temáticos de la política”, detallaron.

Además se han usado técnicas como el mural de situaciones y el árbol de problemas para que los participantes narren sus experiencias pasadas y sus expectativas para el futuro, de tal manera que en la política pública se puedan plantear las soluciones y su abordaje.

¿Cuándo estará lista la política pública LGBTIQ+?

La Secretaría de Participación y Desarrollo Social indicó que se espera que la política pública esté lista para su aprobación entre julio y agosto de este 2026. Además, está proyectada a 10 años, es decir, hasta el 2037.

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