La seguridad será uno de los principales desafíos del gobierno de Abelardo de la Espriella. El panorama es complejo: la seguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la capacidad institucional y la garantía de los derechos humanos siguen siendo tareas pendientes.
Datos de la Defensoría del Pueblo, organizaciones de derechos humanos y el Ministerio de Defensa indican que, actualmente, al menos 600 municipios del país enfrentan disputas territoriales en las que operan cerca de 35 estructuras criminales.
Estas organizaciones sostienen su poder mediante un amplio portafolio de economías ilícitas: narcotráfico, contrabando —que mueve más de 8.000 millones de dólares al año, según la DIAN—, minería ilegal —con más de 5.600 minas ilegales en el sur de Bolívar y focos importantes en Chocó y Antioquia—, trata de personas, explotación sexual, extorsión y lavado de activos.
Las zonas más afectadas son el suroccidente del país, el litoral Pacífico, Urabá, Magdalena Medio, Catatumbo, la frontera con Venezuela en Arauca, el sur de Córdoba, Bolívar y Cesar, las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y, aunque con menor intensidad, los Montes de María.
A diferencia de otros ciclos de violencia, estos grupos no buscan tomarse el poder nacional ni transformar el Estado. Su objetivo es controlar territorios y corredores estratégicos, como puertos y zonas de producción, para asegurar sus rentas ilegales.
El presidente Abelardo de la Espriella ha sido enfático frente a esta problemática: “Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja. Están a tiempo para someterse a la ley y evitar caer bajo las leyes y las balas de la fuerza pública”. Lea: “Voy por ellos”: La contundente amenaza de Abelardo De la Espriella a ‘Mosdisco’ y ‘Calarcá’
Las causas detrás del mapa de la inseguridad en Colombia
Para Armando Mercado, director del programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB), la expansión de los grupos criminales responde a factores estructurales y coyunturales.
“En cuanto a los factores estructurales, Colombia no ha encontrado una solución, ni siquiera parcial, al problema de las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Mientras el Estado no enfrente esta realidad, seguirán existiendo incentivos para que se conformen ejércitos privados al servicio de estas rentas. A esto se suma la débil presencia estatal en amplias regiones del país, lo que facilita que estos actores armados suplanten funciones del Estado en materia de justicia, seguridad e infraestructura básica”, explicó.
Sobre los factores coyunturales, sostuvo que, aunque la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro buscó reducir la violencia y en algunos territorios obtuvo resultados, varios grupos aprovecharon los ceses al fuego para fortalecer su capacidad militar, económica y organizativa, además de expandirse hacia nuevos municipios y ciudades. Le recomendamos: Dumek Turbay urge a Petro ayuda ante crisis de inseguridad en el Caribe
Cómo recuperar el control territorial del Estado
Las investigaciones de más de dos décadas de Amaranto Daniels Puello, director del Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, muestran que las economías ilícitas en Colombia hoy están articuladas con estructuras criminales transnacionales.
En el Caribe y otras regiones operan organizaciones como el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa. Esto evidencia el paso de los grandes carteles colombianos de los años ochenta a redes locales que hoy funcionan como operadores de organizaciones criminales internacionales.
“Recuperar el control territorial exige monopolizar el uso de las armas, garantizar derechos básicos como salud, educación, vivienda y empleo, combatir las economías ilícitas y enfrentar las redes criminales transnacionales. También implica transformar esas economías para que actividades legales, como la agricultura o la ganadería, sean más rentables que la minería ilegal o los cultivos de coca”, afirmó.
Daniels Puello considera que la política de seguridad debe replantearse porque la Fuerza Pública, por sí sola, no puede resolver el problema.
“Vale la pena preguntarse qué tan eficaces han sido los gobernadores para garantizar la seguridad. En muchos casos reclaman que la Nación asuma responsabilidades que también les corresponden constitucionalmente. El próximo gobierno debe fortalecer la articulación entre la Nación y los territorios para mejorar la seguridad ciudadana, el orden público, los derechos humanos y el acceso a la justicia”, señaló.
Por su parte, Mercado plantea dos prioridades para el nuevo gobierno. La primera es implementar de manera integral el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016, especialmente la reforma rural integral y los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, con el fin de atacar causas estructurales como la concentración de la tierra y la dependencia del narcotráfico.
La segunda consiste en fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios. “No basta con aumentar el pie de fuerza. Es necesario llevar salud, educación, servicios públicos, infraestructura y oportunidades económicas. Si el Estado solo llega con militares, los grupos armados pueden replegarse temporalmente, pero volverán mientras sigan ocupando los vacíos institucionales y ofreciendo a las comunidades bienes y servicios que el Estado no logra garantizar”, concluyó.
Le puede interesar: Dumek Turbay está presente en la Cumbre de Seguridad convocada por De la Espriella
Fortalecer el acceso a la justicia, un reto para el nuevo Gobierno
Para Daniels Puello, los estudios más sólidos sobre impunidad muestran que entre el 80 % y el 90 % de los delitos denunciados no llegan a una sanción efectiva, debido a un sistema judicial lento, burocrático y con debilidades en su política criminal.
Por ello, propone fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía y los jueces, mejorar la técnica jurídica y los tiempos de respuesta, formar jueces especializados en crimen organizado, blindar la justicia frente a la corrupción y perseguir con mayor eficacia las estructuras financieras del crimen, especialmente el lavado de activos.