La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al alcalde Dumek Turbay un informe detallado sobre el proyecto turístico Kalamarí, por medio del cual se busca construir un teleférico en Cartagena. La entidad de control busca que esta megaobra se articule con el cumplimiento de la sentencia de acción popular que ordena proteger integralmente el cerro de La Popa.
El proyecto Kalamarí contempla un sistema de teleférico de 3,4 kilómetros con cinco estaciones, una de ellas en el Cerro de La Popa con una inversión estimada de 84 millones de dólares. Tras anunciarse su cierre financiero, la Procuraduría considera que es una oportunidad histórica para avanzar en la recuperación del cerro. Le sugerimos: Reubicación de comunidades de La Popa: ¿qué se ha hecho para cumplir el fallo?
El Distrito enfatiza que esta obra fortalecerá el turismo y posicionará a Cartagena a nivel mundial; sin embargo, la entidad afirma que “el cerro de La Popa no constituye únicamente un atractivo turístico de la ciudad, sino un ecosistema estratégico, un bien paisajístico, ambiental, histórico y cultural”.
¿Qué solicita la Procuraduría a la Alcaldía de Cartagena?
El órgano de control otorgó un plazo de 15 días hábiles para que el Distrito emita respuesta. Entre las solicitudes, se pide precisar el estado actual de la obra, su cronograma y si se evaluaron las obligaciones ambientales de la sentencia judicial.
Asimismo, la Alcaldía deberá informar si tiene una estrategia para que el proyecto controle las ocupaciones ilegales y mitigue el riesgo de remoción en masa. También se le interroga sobre posibles intervenciones en suelos de protección y la creación de una instancia de seguimiento interinstitucional.
La protección del cerro de La Popa
La protección del cerro de La Popa fue ordenada por un fallo de acción popular en febrero de 2017 emitida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena, y confirmado en mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar. La sentencia exige formular una política pública, censar y reubicar familias en riesgo, y frenar nuevas ocupaciones ilegales. Le puede interesar: “Difícil”: Dumek Turbay responde a propuesta de letras tipo Hollywood en La Popa
Sin embargo, las órdenes judiciales siguen incumplidas, lo que llevó a declarar en desacato al anterior alcalde en febrero de 2023. Además, el Cuerpo de Guardias Ambientales alertó en 2024 y 2025 sobre talas de bosque nativo, excavaciones y riesgos de deslizamiento en las laderas del cerro.