El alcalde Dumek Turbay Paz llevó este viernes 11 de septiembre ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad simple contra la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto del 2026, la cual regula el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica para enfrentar el fenómeno de El Niño de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La acción, interpuesta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, fue presentada en representación del Distrito de Cartagena y busca que la jurisdicción administrativa revise la legalidad de la medida, particularmente por considerar que establece consecuencias económicas distintas según el clima o región donde se implemente.
Asimismo, la demanda solicita una medida cautelar para que mientras se resuelve el proceso se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución frente a los usuarios de Cartagena, evitando que se consoliden cobros adicionales derivados del consumo de energía.
La decisión judicial se produce después de que Turbay advirtiera en entrevista con El Universal que acudiría a la justicia si la Comisión de Regulación de Energía y Gas no modificaba la medida. El alcalde había cuestionado que se aplicaran los mismos criterios de consumo a ciudades de climas radicalmente distintos.
La demanda sostiene que Cartagena presenta condiciones climáticas y bioclimáticas particulares que generan una necesidad estructural de ventilación, refrigeración y acondicionamiento térmico en viviendas, establecimientos comerciales, instituciones y demás edificaciones. Le recomendamos: Dumek Turbay se prepara para demandar a la CREG: esta es la razón
“La CREG debe entender que hay realidades humanas detrás de cada porcentaje. No se le puede pedir a la gente que viva con base a porcentajes. No podemos convertir una necesidad climática en una sanción económica”, reafirmó el alcalde Turbay tras varios días de rechazo a la medida.
¿Qué cuestiona exactamente la demanda?
El modelo decretado por los comisionados expertos de la CREG establece una meta individual de consumo para cada usuario, calculada a partir de su comportamiento histórico. Quienes superen en más de 10 % esa meta pueden asumir un cobro adicional sobre el consumo excedente, mientras quienes reduzcan su consumo en más de 10 % pueden acceder a un beneficio.
Para la Alcaldía, el problema no está en promover el ahorro energético. La demanda reconoce expresamente que incentivar el uso eficiente de la energía puede perseguir una finalidad legítima, especialmente frente a las condiciones de confiabilidad del sistema eléctrico.
El Distrito cuestiona que sí haya excepciones territoriales
Uno de los argumentos centrales de la demanda está en la propia resolución que se lleva ante el Consejo de Estado. La CREG modificó el programa después del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 y estableció excepciones territoriales para determinados municipios afectados por la situación de desastre nacional.
Según la demanda de Dumek Turbay, esto demuestra que la propia autoridad regulatoria reconoce que las condiciones territoriales pueden ser relevantes para determinar si una medida de ahorro puede aplicarse en condiciones de equidad. Le sugerimos: “¿Expertos en qué?”: Dumek Turbay arremete contra la CREG por la energía
El Distrito plantea entonces una pregunta jurídica: si una circunstancia territorial extraordinaria puede justificar un tratamiento diferente, ¿por qué no fueron valoradas de manera suficiente las condiciones territoriales permanentes que afectan la demanda energética de Cartagena?
La demanda sostiene que esa omisión puede convertir una igualdad formal en una desigualdad material, es decir, puede convertir que una norma que se aplique a todos por igual pueda tener excepciones para grupos o territorios determinados, porque no todos los usuarios tienen la misma capacidad real de reducir su consumo.
¿Qué le pide Dumek Turbay al Consejo de Estado?
La demanda contiene dos pretensiones principales. Primero, solicita declarar la nulidad de la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026, por considerar que infringe normas constitucionales y legales, particularmente los principios de igualdad material, razonabilidad y proporcionalidad aplicables a la regulación de los servicios públicos.
Segundo, pide que, como consecuencia de esa nulidad, la CREG se abstenga de trasladar cobros adicionales por consumo excedente a los usuarios regulados de Cartagena, teniendo en cuenta el principio de justicia tarifaria y la rigidez del consumo asociada a los factores térmicos y bioclimáticos del territorio.
Pero la Alcaldía no esperará necesariamente hasta que exista una sentencia definitiva. En la solicitud de medida cautelar pide al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos de la resolución para los usuarios de Cartagena mientras se decide de fondo el proceso.
También invoca el peligro en la demora: si el programa continúa produciendo efectos durante el proceso judicial, podrían acumularse cobros adicionales antes de que exista una decisión definitiva.
La suspensión solicitada sería provisional y reversible y no pretende reemplazar las competencias regulatorias de la CREG, sino impedir temporalmente que los efectos económicos de la medida recaigan sobre los usuarios de Cartagena mientras se determina su legalidad.
