Cartagena se prepara para recibir esta tarde la VIII Cumbre Iberoamericana de Movilidad Humana, un evento crucial que buscará establecer directrices para la protección de los derechos de las personas migrantes en la región.
La Defensoría del Pueblo, que lidera el encuentro, informó que el evento que empieza este 30 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre de 2026, reunirá a 23 instituciones de derechos humanos para abordar desafíos urgentes en la materia. Lea: Cartagena acogerá cumbre iberoamericana sobre movilidad humana y derechos
Los organizadores de la cumbre, que incluyen a la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), enfocan el evento en cinco desafíos concretos.
Estos desafíos se desarrollarán a través de paneles que incorporan un enfoque orientado a la acción y a la participación de las personas directamente afectadas, en línea con los compromisos de participación significativa establecidos en el Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI 2026) y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
El evento empieza este 30 de septiembre a las 2:00 p. m. en el Hotel Caribe, y continuará los días 1 y 2 de octubre en el Centro de Formación de la Cooperación Española, ubicado en el Centro Histórico de Cartagena.
Los cinco desafíos que abordará la cumbre sobre movilidad humana y derechos en Cartagena
Desafío 1: Tendencias en materia de migración, desplazamiento forzado y trata de personas en Iberoamérica y el debilitamiento de la capacidad de protección.
Uno de los principales retos de la región es la reconfiguración de las dinámicas de movilidad humana derivada del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y la Unión Europea.
En Colombia, esto se refleja en el flujo migratorio inverso: 20.474 personas ingresaron desde Norte y Centroamérica entre enero y el 15 de diciembre de 2025, mientras los cruces irregulares por el Darién hacia el norte se redujeron más de un 97 % entre enero y agosto.
Este escenario dificulta el acceso a la protección internacional y aumenta los riesgos de retornos forzosos, irregularidad, violencia, trata de personas, explotación, secuestros, muertes y desapariciones.
Desafío 2: Externalización del asilo y del control migratorio
La externalización del asilo y del control migratorio consiste en trasladar a terceros países funciones del Estado, como contener los flujos migratorios, recibir personas o tramitar solicitudes de asilo. Por ejemplo, en Estados Unidos, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, cerca de 9.500 solicitudes de asilo fueron declaradas inadmisibles con miras a trasladarlas a otros países, principalmente Ecuador y Honduras.
En Europa, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y el Reglamento de Retornos amplían el uso del “tercer país seguro” y habilitan centros de retorno en terceros países. En España, la tasa de protección fue del 11 % en 2025, mientras las muertes en el Mediterráneo central aumentaron un 150 %.
Estas medidas generan riesgos de devolución, expulsiones colectivas, detención arbitraria y debilitamiento de las garantías procesales. El tercer panel de la Cumbre girará en torno a los efectos de la externalización en Iberoamérica y el papel de las instituciones en el monitoreo, la documentación y la defensa de estándares mínimos de protección internacional.
Desafío 3: Detención migratoria, deportaciones y separación familiar: el imperativo del debido proceso
El endurecimiento de las políticas migratorias en la región ha convertido la detención, las deportaciones y la separación familiar en prácticas generalizadas, con graves implicaciones para los derechos humanos y el debido proceso. En Estados Unidos el número de personas detenidas por de ICE llegó a cerca de 71.000 en enero de 2026 y, entre enero de 2025 y junio de 2026, 52 personas murieron bajo custodia, según Human Rights Watch y Physicians for Human Rights.
Las deportaciones también han aumentado en distintos países de Iberoamérica y, en algunos casos, se han realizado hacia terceros países o sin garantías suficientes, con riesgos de devolución, vulneraciones del principio de no devolución, expulsiones colectivas y separación familiar.
Desafío 4: Permanencia y movilidad humana en contextos de desastres, cambio climático y degradación ambiental: impactos y respuestas para la garantía efectiva de los derechos humanos
Las comunidades afectadas por desastres, efectos adversos del cambio climático y degradación ambiental enfrentan cada vez más situaciones que las obligan a desplazarse o permanecer en sus territorios. En 2025 se registraron 29,9 millones de desplazamientos internos por desastres en el mundo y más de 4,3 millones en las Américas.
La movilidad humana en contextos de desastres, cambio climático y degradación ambiental es uno de los desafíos más urgentes y normativamente más complejos de la agenda iberoamericana e integra situaciones como el derecho a permanecer en el lugar de origen en condiciones dignas y seguras, la migración como estrategia de adaptación libre e informada, el desplazamiento forzado y las evacuaciones, la reubicación planificada y la inmovilidad involuntaria de quienes no pueden desplazarse.
Desafío 5: Combatiendo la xenofobia y los discursos de odio: democracia, derechos y contranarrativas
La xenofobia y los discursos de odio contra las personas migrantes y refugiadas representan un desafío para la democracia, la cohesión social y los derechos humanos. Las Naciones Unidas han advertido sobre la expansión de narrativas que, amplificadas por la desinformación y la inteligencia artificial, responsabilizan a las personas migrantes de problemas económicos, sociales y de seguridad y contribuyen a justificar políticas restrictivas.
En Colombia, el vencimiento del registro del Estatuto Temporal de Protección dejó sin mecanismos accesibles de regularización a las personas venezolanas que llegaron posteriormente. Diversos países de las Américas han adoptado medidas que restringen las vías de ingreso, regularización y protección. En contraste, España anunció su primer programa de regularización extraordinaria en más de 20 años, que podría beneficiar a hasta 900.000 migrantes en situación irregular.
