El futuro del contrato de acueducto y alcantarillado de Cartagena está ahora en manos de la justicia. La Alcaldía busca poner fin al acuerdo con Aguas de Cartagena (Acuacar) por presuntos incumplimientos, recuperar los bienes destinados a la prestación del servicio y obtener compensaciones económicas.
El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda presentada por el Distrito contra Acuacar y otras cuatro sociedades vinculadas a la operación y al aseguramiento del contrato de Gestión Integral de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado (GISAA), vigente desde 1995.
Con la admisión, comienza formalmente el proceso judicial en el que se evaluarán las reclamaciones de la administración distrital y se determinará si existen incumplimientos contractuales que justifiquen las medidas solicitadas. Lea: Acuacar avanza en la modernización de la planta que abastece al 90 % de Cartagena
La decisión quedó consignada en el Auto Interlocutorio 014 del 9 de octubre de 2026, dentro del expediente 13001-23-33-000-2026-00496-00. La demanda fue presentada el 18 de agosto por Milton José Pereira Blanco, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Cartagena.
¿Qué reclama la Alcaldía de Cartagena en la demanda contra Acuacar?
La administración distrital busca que se declare que Aguas de Cartagena incumplió compromisos establecidos en el contrato GISAA y en el Otrosí número 3, firmado en 2015.
A partir de esa declaración, la Alcaldía solicita la terminación inmediata del acuerdo y la reversión de los bienes destinados a garantizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
El reclamo también contempla consecuencias financieras. Entre ellas figuran el cobro de la cláusula penal, la devolución de recursos tarifarios y el reconocimiento de perjuicios cuya cuantificación anticipada estaría prevista en las condiciones del proceso de selección del socio operador.
A esas solicitudes se agregan la actualización de los valores reclamados, los intereses y las costas judiciales.
La Alcaldía incluyó, además, una petición alternativa: si el Tribunal no concede las pretensiones principales, solicita que se ordene cumplir el contrato y se declare la nulidad absoluta de su cláusula 17.
Veolia y AGBAR también están vinculadas al proceso
La controversia judicial involucra a cinco sociedades: Veolia Environnement, Aguas de Cartagena, la Sociedad General de Aguas de Barcelona (AGBAR), Interagbar de Colombia y Aseguradora Solidaria de Colombia.
De acuerdo con la demanda, AGBAR e Interagbar de Colombia participan como accionistas clase C y socios operadores de Acuacar. Veolia Environnement, por su parte, es señalada por el Distrito como sociedad controlante de las anteriores.
La aseguradora fue incluida por haber expedido la póliza de cumplimiento relacionada con el contrato.
La administración sostiene que podrían existir responsabilidades solidarias por obligaciones contractuales y precontractuales atribuibles al socio operador y a las sociedades relacionadas. Para fundamentar sus reclamaciones, invoca compromisos contenidos en el acuerdo, los documentos del proceso de selección, las condiciones de adjudicación y el contrato de asistencia técnica de 1995.
No obstante, será el desarrollo del proceso el que permita establecer si esas responsabilidades tienen sustento jurídico y si las pretensiones del Distrito pueden prosperar.
Un acuerdo firmado en 1995, en disputa por $120.699 millones
El origen de la controversia está en el contrato GISAA, publicado en la Gaceta Distrital número 46 del 21 de junio de 1995, y en las modificaciones realizadas posteriormente, entre ellas las de 2004, 2009 y 2015.
Según el auto de admisión, el contrato continúa en ejecución y todavía no ha sido liquidado. La cuantía estimada por el Distrito asciende a 120.699 millones de pesos, monto asociado al saldo de las inversiones contempladas en el Otrosí número 3.
La cifra hace parte del contexto económico de la disputa, en la que la Alcaldía pretende que se definan tanto las obligaciones que considera incumplidas como los efectos patrimoniales que deberían derivarse de una eventual decisión favorable.
El magistrado ponente, Carlos Alberto Muñoz Aguirre, evaluó los requisitos procesales, la competencia del Tribunal y la formulación de las solicitudes antes de admitir la demanda.
Las empresas tendrán 30 días para contestar
Con la admisión, el Tribunal ordenó notificar a las cinco sociedades demandadas y concedió un plazo de 30 días para responder, contado de acuerdo con las reglas procesales señaladas en la providencia.
En ese término, las compañías podrán presentar sus argumentos de defensa, formular excepciones, pedir pruebas y ejercer las demás actuaciones permitidas por la ley. El Ministerio Público también fue vinculado al trámite.
El auto aclara, además, que Veolia Colombia no figura formalmente como demandada, por lo que no quedó incorporada a este expediente.
La respuesta de las empresas será una de las etapas del proceso antes de que el Tribunal pueda pronunciarse sobre el fondo de la controversia.
La admisión no significa que Acuacar haya sido declarada responsable
Aunque la decisión abre la puerta al examen judicial de las reclamaciones de Cartagena, no implica que las presuntas irregularidades estén demostradas ni que el contrato vaya a terminar de manera automática.
Por ahora, el Tribunal admitió la demanda y dispuso que las partes intervengan en el proceso. La determinación sobre los posibles incumplimientos, las responsabilidades de las sociedades y las consecuencias económicas dependerá del análisis de las pruebas y de los argumentos presentados por los involucrados.
El resultado será determinante para definir el futuro del contrato de gestión de los servicios de acueducto y alcantarillado de Cartagena, así como las obligaciones que podrían derivarse de la controversia entre el Distrito y las empresas vinculadas.
