A finales de 2019, Playa Blanca, Cholón, y en general todas las playas de la ciudad fueron el centro de atención de las autoridades debido a la seguidilla de accidentes y abusos que se presentaron durante la temporada de vacaciones, fue así como en enero de este año desde el Gobierno nacional y local, junto con los entes de control y las comunidades, se adoptaron medidas que incluyeron el cierre del balneario de Playa Blanca, una acción preventiva de parte de la Procuraduría y se definieron algunos compromisos, como la delimitación de zonas, regulación de precios, etc.
Con la llegada del coronavirus y la implementación del aislamiento nacional, estos temas de regulación de las playas parecen haber pasado a “segundo plano”, entendiendo que estos espacios siguen clausurados para su uso.
Sin embargo, no ha sido así, con el fin de avanzar en esos compromisos, ayer el procurador Provincial, Guidobaldo Flórez Restrepo, convocó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt; al secretario del Interior, David Múnera, y a miembros de los Consejos Comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana y Playa Blanca, y la corporación Corplaya, a quienes se les solicitó un informe con las medidas para garantizar las actividades en las playas urbanas, rurales y zonas de bajamar.
Tras la reunión, el secretario del Interior indicó que se está analizando cómo restituir las zonas de bajamar de Playa Blanca que son ocupadas por hoteles y hostales, tal como lo indicó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a través de la Resolución 7579.
“En la reunión se volvió a hablar de Playa Blanca entendiendo que hay una decisión de la SIC donde ordena el cierre de los hoteles y todo lo que tiene que ver con las construcciones en bajamar, se estuvo mirando cómo se va a hacer la restitución, la recuperación para regresar la normalidad y la legalidad a esta zona”, indicó Múnera.
Múnera señaló que también se discutió la reapertura de las playas y las medidas de bioseguridad, aclarando que el Distrito y las autoridades marítimas ya cuentan con un protocolo para este sector, pero no puede ser implementado hasta que el Gobierno nacional lo autorice. Como se ha dicho en anteriores ocasiones la reapertura de las playas depende directamente de ellos.
“Se necesita que el Gobierno nacional comience a aprobar el protocolo de seguridad y eso tiene que pasar por el Ministerio de Salud, ellos son los que deben dar el visto bueno. A través de entidades nacionales, tienen un proyecto de borrador que está en estudio por parte de los ministerios de Salud y del Interior”.
“Hasta el momento no hay decisión de abrir playas, los decretos nacionales no han contemplado ninguna posibilidad y esto es importante porque si nosotros queremos abrir se requiere autorización. Mientras el Gobierno no tome decisiones muy difícilmente nosotros podremos tomar decisiones a nivel local. Entendemos que hay una necesidad de reactivación económica y de ir avanzando, pero eso está en definición. El Distrito y la Secretaría del Interior tienen un protocolo de bioseguridad pero todo depende de Bogotá”.
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