Le dicen la ‘ley de los cuatro palos’. Cuando llega el verano la marea baja y es ahí cuando avivatos llegan a los cuerpos de agua, rellenan con escombros y montan una vivienda, que a pesar de estar en precarias condiciones, eventualmente termina siendo comprada por personas que ante la necesidad de un techo, aceptan vivir de esa manera para al menos tener un lugar fijo donde pasar la noche.
Así ha surgido el “cartel del escombro”, que poco a poco ha seguido ganando terreno en Cartagena hasta formar barrios enteros, que se siguen multiplicando por cuenta del aumento de la pobreza, el desplazamiento y en los últimos años por la llegada de migrantes venezolanos.
Pero la peor parte de esto la llevan los cuerpos de agua, a los que les talan el mangle y les roban su biodiversidad de forma indiscriminada.
Para contrarrestar esto fue que se conformó el Ecobloque, una unidad interinstitucional de la que hacen parte entidades como el EPA, Cardique, la Procuraduría Delegada Ambiental, la Armada Nacional, la Policía Metropolitana y las alcaldías locales, que en conjunto buscan hacerle frente a estos delitos de carácter ambiental.
A principios de marzo, por ejemplo, se logró la captura de un hombre de 39 años procedente de Bogotá por el delito de daños en los recursos naturales renovables en medio de un operativo en el sector Villa Gloria, en el corregimiento de La Boquilla. El hombre supuestamente pretendía comercializar seis chozas artesanales construidas sobre una zona de mangle que fue talada. ([Vídeo] Desmantelan construcciones ilegales en Villa Gloria)
Según cifras de la Policía, en los primeros dos meses del año se capturaron 13 personas por este tipo de hechos.
Rafael Vergara, coordinador del Ecobloque, explica que en realidad la invasión se ha vuelto la manera que muchos utilizan para adquirir el suelo en Cartagena y que más que la intervención policiva se requiere de inversión social que pueda evitar la continuidad de estos rellenos, que son producto de la pobreza y que al final terminan afectando el patrimonio natural de todos los cartageneros.
“En Cartagena el escombro es oro y es un buen negocio para los carteles jerarquizados con financistas, dueños de volquetas, compradores de residuos de construcción y demolición, rellenadores y vendedores”, dice Vergara. Agrega que estas personas, incluso, tramitan escrituras de posesión y registro catastral de manera inescrupulosa, convirtiéndose casi que en inmobiliarias ilegales.
“Lo más grave es que las escrituras de posesión de lo invadido, luego de salir de las notarías, sean registradas en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y se ‘legalice la ilegalidad’ con nomenclatura y pagando catastro. Sutil modo de formalizar la informalidad. Deshacer ese blindaje es parte del trabajo interinstitucional que tenemos por delante como sociedad”, explica Vergara.
A estas personas les es imputable el delito de concierto para delinquir con daño en los recursos naturales agravado, el de cambio de uso de suelo y de falsedad, implícito en las escrituras de posesión.
El Ecobloque actúa sobre la demarcación y ocupación de bienes de uso público, ya sea playa, zona de bajamar, cerro o terrenos, que provocan un daño ambiental.
“La acción de lotear puede responder a la alegada necesidad de suelo como comunidad -desconociendo la ley- para levantar viviendas en zonas protegidas, o también puede ser la acción planificada y delictiva de englobar y demarcar una zona de manglar, poniéndole poseedor para luego vender la escritura a particulares ajenos a la comunidad, que se favorecen como compradores con el crimen del daño ambiental y el cambio en el uso del suelo”, explica Vergara.
Según la Capitanía de Puerto, entre 2013 y 2020 se contaron 1.732 ocupaciones ilegales, correspondientes a 418.487 m² de zonas de bajamar, principalmente en la zona norte y en la zona suroriental de Cartagena, específicamente en el margen por donde no pasa la vía Perimetral.
De acuerdo con el coordinador, en primera instancia es necesario que el cartagenero tome conciencia de que talar el mangle agrava el riesgo de sufrir nefastas consecuencias por el cambio climático y el aumento del nivel del mar, ya que son estas viviendas las que corren mayor peligro.
Así mismo, se pretenden profundizar los patrullajes para impedir el comercio de escombro con visitas a las obras y verificando la correcta disposición de los residuos. “Esto requiere aumentar estas acciones con la Policía Ambiental, la Guardia Ambiental y con los funcionarios del EPA en la zona urbana”, explica. De igual manera, dice que es necesario que exista un compromiso de todas las autoridades a nivel nacional.
“Hemos planteado la necesidad de una Cumbre de Altos Poderes del Estado convocada por la Procuraduría, porque resolver una problemática de la dimensión aquí tratada, que no es solo local, requiere del compromiso de todos los entes del Estado responsables del futuro y la posibilidad de una resiliencia ecosistémica que exige cambios: recuperar y restaurar zonas depredadas y que la Constitución y la ley sean acatadas con el rigor que exige la defensa de los ecosistemas estratégicos”, puntualiza Vergara.
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