Las finanzas de Transcaribe agonizan. Tanto, que según conoció El Universal, estaría a semanas de quedarse sin dinero para mover el sistema, es decir, el mayor riesgo es que los cartageneros se queden sin servicio de transporte masivo.
Aunque la semana pasada el alcalde William Dau anunció que el pasaje aumentaría $100 y que el decreto sería firmado “en los próximos días”, la ciudad, los operadores y Transcaribe siguen esperando que pase del anuncio a la realidad; sin embargo, este documento que aumentaría a $2.600 la tarifa del sistema no sería suficiente, pues en promedio la tarifa técnica (lo que cuesta la gasolina, conductores y en general mover el bus) estaría en $3.280, es decir, 680 pesos por encima de lo que se pagaría después del decreto, y 780 pesos más de lo que se paga hoy por usar el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).
En medio de la crisis financiera, Transambiental, uno de los tres operadores de Transcaribe, dirigió una misiva a la entidad recordándole sus obligaciones y a lo que se exponía si el Distrito no aumenta la tarifa, y si lo hace por debajo de la técnica sin indicar cómo supliría ese dinero que deja de entrar.
“Toda vez que el anexo 5 del contrato de concesión asigna el riesgo de variación de tarifa a Transcaribe, a este le corresponde asumir los efectos adversos de la decisión de la Alcaldía de Cartagena respecto al aumento de las tarifas. De acuerdo con las cláusulas 31 y 44 del contrato, Transcaribe debe compensar a Transambiental pagando a este último la diferencia entre los ingresos percibidos según la tarifa vigente y los ingresos que hubiesen percibido de haberse ajustado la tarifa al usuario conforme al monto recomendado por Transcaribe”, dice la misiva, que además advierte que al no haber realizado dicha compensación, se configuró un incumplimiento grave, lo que le da derecho a Transambiental a “solicitar la terminación anticipada del contrato por culpa de Transcaribe, caso en el que se deberá aplicar la fórmula de liquidación prevista (...) la cual a corte de 31 de diciembre de 2019 arroja un saldo por una suma estimada de $710 mil 683 millones”.
El Universal se comunicó con Mauricio Sandoval Tami, representante legal de Transambiental, quien indicó con respecto a la carta que: “En repetidas oportunidades el alcalde comentó que por su reciente llegada a la Alcaldía no conocía cómo funcionaba el sistema Transcaribe. La carta solo pretende notificar al alcalde de algunas características del contrato que estimamos muy importantes: el alcalde tiene el derecho y la facultad de fijar la tarifa al usuario en el nivel que considere conveniente; no obstante lo anterior, si fija una tarifa inferior a la tarifa técnica, tiene la obligación de apropiar los recursos necesarios para que Transcaribe pueda pagarle a los operadores la diferencia entre la tarifa técnica (costos totales del sistema / pasajeros) y la tarifa al usuario; y si no cumple con esta obligación contractual, como ha sucedido hasta la fecha, los operadores tienen, entre otros, el derecho de terminar unilateralmente el contrato”.
Respecto a cuánto tiempo podrían esperar antes de proceder a terminar el contrato o tomar otra acción, Sandoval Tami aseguró que “la situación no da espera, el sistema está en una situación tan crítica de iliquidez debido al no incremento de la tarifa al usuario y/o apropiación presupuestal, que estamos a pocas semanas de no contar con los recursos necesarios para que la flota pueda operar, en cuyo caso la ciudad se quedaría sin servicio de transporte”.
La solución inmediata a esta posibilidad inminente de que Cartagena termine sin transporte masivo sería que el Distrito firmara el decreto de los $100 y dijera de dónde saldrá el dinero para suplir la diferencia entre las tarifas.
El primer año de Transcaribe, dicen los operadores, fue ideal. La tarifa de usuario estaba siempre por encima de la técnica, lo que permitió que el sistema “ahorrara” para contingencias cerca de 1.600 millones de pesos; pero casi cuatro años después, con un sistema que no supera el 50% de implementación, el panorama no es alentador.
¿Cómo llegó el sistema a este momento de crisis? Que el Distrito no cumpliera con las responsabilidades pactadas en el Acuerdo de Respaldo al SITM firmado en la Alcaldía de Dionisio Vélez, cuando la administración se comprometió a respaldar una de las porciones de operación después de que esta fuera declarada desierta en varias licitaciones, ha sido uno de los tropiezos. Esta responsabilidad, representada en parte en los $20 mil millones que se han pedido y han sido negados por el Concejo, ha retrasado la chatarrización y con eso la implementación de nuevas rutas.
Además, la poca rigurosidad en los controles del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) al transporte informal y a los recorridos de las rutas del Transporte Público Colectivo (TPC) que aún están en operación, además de la falta de actualización de trazado, cantidad de vehículos y demanda que dejarían la salida de los buses, ha provocado un fuerte impacto en la demanda que ha recibido el sistema cuando llega a una ruta.
Así se forma el siguiente círculo de pérdidas. Los buses del SITM entran a una ruta que debía aportarles ‘x’ cantidad de pasajeros, pero realmente les aportó menos por el transporte informal, porque hay problemas para acceder a tarjetas y recargas o porque el sistema aún no tiene una ruta que lleve a los usuarios a varios destinos; destinos a los que no ha llegado porque no hay plata para chatarrizar y entrar nuevas rutas, lo que también impacta en la demanda que nunca crece, así un negocio planteado para atender a un número ‘x’ de usuarios, termina atendiendo tantos menos que sale más costoso mover el bus, y lo que pagan los pocos usuarios no es suficiente.
Sandoval Tami asegura que la consolidación de una ruta, que implica el crecimiento de la demanda, tiene un proceso que dura entre 6 y 7 meses; el problema en Cartagena es que muchas no llegan al 100%.
Así las cosas, el camino para recuperar las finanzas del SITM es empinado y se necesitará algo más que los $100 que le reajustarán al pasaje que compran los usuarios. Le corresponde al alcalde William Dau y a Transcaribe, romper el círculo de pérdidas.
Sotramac, otro de los operadores de Transcaribe, irá a un proceso de arbitramento por la configuración del riesgo de tarifa.
En este proceso el Distrito sería llamado en virtud del acuerdo de respaldo suscrito con Transcaribe.
Se conoció que las pretensiones de la empresa son por $35.000 millones, y al igual que Transambiental contempla la posibilidad de la terminación anticipada del contrato por incumplimiento grave de Transcaribe, por lo que tendría que pagarle al privado aproximadamente 715 mil millones de pesos. Sebastián Nieto, representante de Sotramac, aseguró que los operadores privados ya asumieron por un año, durante todo el 2019, la diferencia entre la tarifa técnica y la de usuario, como lo indican sus obligaciones contractuales. Este año la situación sería insostenible para ellos.
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