Cartagena


¿Cartel de pensiones en Cartagena?

La Fiscalía investiga el presunto pago irregular de pensiones a extrabajadores, así como el pago de millonarios retroactivos a terceros. Esta es la historia.

EL UNIVERSAL

31 de mayo de 2021 10:15 AM

El 5 de julio del 2020, el alcalde de Cartagena, William Dau, hizo la primera presentación del polémico ‘libro blanco’, en el cual expuso supuestas irregularidades y presuntos actos de corrupción por parte de administraciones pasadas.

Una de estas denuncias salpicó al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena (Fonpecar), donde supuestamente en años anteriores se habrían otorgado pensiones de manera irregular y también se habrían pagado millonarios retroactivos a terceros.

La unidad investigativa de El Universal conoció más detalles sobre este presunto cartel que ya está en conocimiento de la Fiscalía y que también enloda a funcionarios y exfuncionarios del Fondo, de la administración de justicia, abogados litigantes, cesionarios de crédito y por supuesto a los extrabajadores de las Empresas Públicas Distritales (EPD). El detrimento sería de por lo menos $5 mil millones. Esta es la historia.

I. El contexto

En el Acuerdo Laboral Definitivo, mediante el cual se suscribió el plan de pensión para los trabajadores de las EPD en medio de su liquidación, se establecieron las condiciones mínimas que estos debían tener para poder pensionarse, entre ellas, el cumplir con los requisitos de la edad y años de servicio, y también tener un contrato laboral vigente hasta el 26 de junio de 1995.

Sin embargo, presuntamente, entre los años 2012 y 2019 al menos 40 extrabajadores habrían accedido a esta pensión de manera irregular al no cumplir con estos requisitos en complicidad con otras personas que presuntamente se lucraban de esta actividad.

El año pasado la situación fue denunciada formalmente por el alcalde Dau por delitos como concierto para delinquir, prevaricato por acción y peculado por apropiación.

II. El modus operandi

Según testimonios de extrabajadores de las EPD que fueron retirados de la nómina de pensionados este año por haber ingresado supuestamente de manera irregular, entre ellos “corría la voz” de que una oficina de abogados estaba poniendo tutelas para conseguirles la pensión. No obstante, estas tutelas en vez de ser radicadas en Cartagena, fueron radicadas en pequeños municipios de Bolívar, Sucre y Atlántico.

Allí, los jueces, en contra de los requisitos expuestos en el Acuerdo Laboral Definitivo, ordenaban a Fonpecar conceder esas pensiones, en las cuales el extrabajador tan solo recibía un pequeño porcentaje del retroactivo, pues la mayor parte se la llevaban los abogados y los cesionarios de crédito.

Según el relato de varios extrabajadores esto se hacía con el conocimiento de quien en ese entonces estaba al frente de la entidad, el actual concejal Carlos Barrios, quien fue director de Fonpecar en el año 2012. Pero estas irregularidades no solo lo relacionan a su época como director sino también cuando salió de la entidad.

“Un compañero de la empresa me fue a buscar y me dijo que Carlos Barrios estaba pensionando y me dijo que llegara a una oficina en el Banco Popular y me reuní con él directamente. Me preguntó cuánto duré en las Empresas Públicas y me mandaron a firmar y a autenticar un poco de documentos. Cuando salió la pensión la secretaria me dio $15 millones, me dijo que eso era lo que me tocaba, pero no me mostraron ningún papel”, manifestó un extrabajador.

El hombre afirma que nunca supo que el retroactivo ordenado por el juez era realmente de $300 millones, hasta que este año le notificaron que había sido retirado de la nómina porque su salida de las EPD fue en 1993 y no en 1995 como se indicaba en el Acuerdo.

Según documentos a los que tuvo acceso la unidad investigativa de El Universal, la oficina del Banco Popular mencionada por los extrabajadores correspondería a la firma ‘Asesores Jurídicos y Seguros’ cuyo membrete figura en demandas laborales relacionadas y en solicitudes hechas al Fondo, donde también aparece el nombre del concejal.

¿Cartel de pensiones en Cartagena?

Además, bajo esta firma también aparecen apoderados y cesionarios de crédito de otros extrabajadores que no cumplían con los requisitos.

“Yo nunca fui a Sabanalarga (Atlántico) a poner nada, el abogado hizo todo, yo iba a la oficina que quedaba en el Banco Popular, una oficina bien lujosa, a mí inicialmente me preguntaron qué iba a hacer con el dinero que me iban a dar, yo dije que iba a comprar una casa y me dijeron que eso no me alcanzaba porque lo mío eran $16 millones”, manifestó otro extrabajador, cuyo retroactivo asciende a $334 millones.

Todos los extrabajadores afirmaron no volver a tener conexión con Barrios una vez les pagaron el dinero.

“Carlos Barrios nunca nos mostró los papeles, lo que él me dio fueron $16 millones de liquidación, no sé si le entregaron más, pero se fue de viaje, se fue para el Mundial, se fue para todo, ese es un estafador, nunca nos mostró un solo papel”, puntualizó.

III. El pronunciamiento de la Corte

A pesar de todo, estas irregularidades no fueron pasadas por alto, pues la misma Corte Constitucional ofició al Distrito en el año 2013 para que suspendiera los pagos mientras revisaba varias tutelas.

¿Cartel de pensiones en Cartagena?

Aún así, contrario a lo dicho por la Corte, los pagos se siguieron autorizando. La unidad investigativa de El Universal conoció el caso particular de una pensión concedida por el actual concejal Óscar Marín en el año 2014, mientras ocupaba el cargo de director del Fondo de Pensiones.

En ese entonces Marín concedió la tutela aún cuando la Corte había dicho que el pago debía suspenderse. Esto, porque el juzgado del municipio de Córdoba (Bolívar), sitio donde se instauró la tutela, solicitó dar cumplimiento al fallo, en contravía de lo establecido por el Alto Tribunal.

El concejal Marín, en diálogo con la unidad investigativa El Universal reiteró que en 2013 él había denunciado la situación y que incluso existía una queja en contra del juez ante el Consejo Superior de la Judicatura, por lo que se negaba a conceder la pensión, aunque finalmente lo hizo por motivo de la orden de desacato del juez.

A raíz de todas estas irregularidades, mediante la sentencia T-375 de 2015 la Corte revocó los fallos proferidos por este juzgado y también los de los juzgados de La Unión (Sucre) y San Marcos (Sucre), donde también se presentaron tutelas con la intención de conceder pensiones a quienes no cumplían con requisitos.

“Este Tribunal observa que probablemente los funcionarios judiciales reconocieron 13 pensiones a personas que se habían retirado de la extinta empresa de servicios públicos antes del 26 de julio de 1995, ignorando la finalidad del Acuerdo Laboral Definitivo, así como decretaron el pago de los retroactivos de las mesadas pensionales desde el año 1995 inclusive, desconociendo aparentemente las normas de prescripción de las mesadas pensionales no cobradas desarrolladas en la jurisprudencia constitucional”, dijo la Corte.

Además, se refirieron al hecho de que las tutelas fueran presentadas fuera de Cartagena. “Para la Corte resulta extraño que los accionantes hayan interpuesto las acciones de tutela en municipios distintos al Distrito de Cartagena, afirmando todos ellos en sus demandas que debieron acudir a la ayuda de familiares que tenían su residencia en los entes territoriales donde presentaron el amparo, a pesar de que en las pruebas allegadas a los procesos se observa que su lugar de domicilio es la mencionada ciudad”.

Por ello, la Corte alertó de un posible detrimento al Distrito al conceder estas pensiones. “Esta corporación considera que existe una amenaza de que se configure un perjuicio irremediable al interés público, pues las órdenes judiciales dictadas gozan en la actualidad de firmeza y son plenamente ejecutables por parte de los beneficiarios, y de concretarse su pago, difícilmente podrán ser recuperados los dineros que llegaren a ser erogados”.

Por este motivo además de revocar los fallos, la Corte declaró improcedentes los amparos solicitados y pidió a los accionantes acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para resolver sus casos.

IV. Fallos falsos

Años después de que se concedieran estas pensiones, salió a la luz que varios fallos y documentos que las sustentaban eran presuntamente falsos.

Es el caso de tres extrabajadores que en 2013 desistieron de las tutelas para conseguir su pensión y a pesar de ello en 2015 se las reconocen sustentados en ese fallo.

Y este 2021, la unidad investigativa de El Universal conoció también dos oficios del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Sabanalarga (Atlántico) donde rechazan la veracidad de dos fallos proferidos en 2014 y 2015 a favor de varios extrabajadores de las EPD que pedían el reconocimiento de sus pensiones.

“En este despacho judicial una vez verificados los libros radicadores y el libro de reparto de esa fecha, no se encuentra radicada la tutela referenciada, y mucho menos este despacho hizo tal pronunciamiento del fallo de tutela”, dijo el Juzgado en uno de los oficios.

Por esta razón manifestaron que ya hay una investigación en la Fiscalía que indaga los hechos.

¿Cartel de pensiones en Cartagena?

Oficio relacionado al fallo de 2014.

V. La respuesta de Barrios

Al consultar al concejal sobre las acusaciones, el cabildante sostuvo lo siguiente:

“Yo llevo 15 años con mi oficina abierta al público litigando en varios temas, entre ellos seguridad social y seguros. Los pensionados me relacionan a mí por múltiples razones: primero, fui director; segundo, algunos me acompañan con sus familias de forma electoral; tercero, a muchos los escucho y les doy consejos; cuarto, fui apoderado de muchos de ellos frente a reliquidaciones e indexaciones en primera mesada ante el ISS, hoy Colpensiones, pero por mi posición actual ya no puedo litigar en contra de entidades estatales. Esa es la razón por la cual ellos me identifican pero en muchos casos yo no he sido su abogado e incluso no conozco su situación específica muy puntual”.

Sobre el tema de las pensiones, aclaró que estas se reconocen con ocasión de las convenciones colectivas 91/93 y 93/95 y el Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de agosto de 1995, y dijo que consultando con los abogados, de los cuales algunos ya no trabajan en su oficina, ellos le comunicaron que “un fallo judicial no pierde vigencia, si los reconocimientos fueron hechos por orden judicial no existe motivación alguna para revocar dichos actos administrativos”.

Igualmente le dijeron que “incluso desde la oficina del Fondo de Pensiones han reconocido de forma administrativa el trámite de las convenciones 91/93, 93/95 y el Acuerdo Laboral Definitivo y que la actual administración ha violado el debido proceso revocando dichos actos administrativos de forma irregular”.

Estos abogados le afirmaron que todo se sujetó a las normas de las convenciones y del Acuerdo Laboral Definitivo y que existen antecedentes administrativos sobre ello, por lo cual la actual administración estaría haciendo uso irregular de la Ley 797 de 2003.

Medida cautelar

Recientemente, mediante auto del 17 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar, respondiendo a una demanda hecha por el Distrito, decretó suspender provisionalmente la pensión concedida al extrabajador Adolfo Puello Hueto, quien habría entregado documentos falsos para lograr su pensión, que fue reconocida en el año 2014, durante la administración de Marín.

“A folio 50 del expediente milita certificación de fecha 26 de enero de 2004 expedida por el Gerente Liquidador de la Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, en la que se indica que el señor Adolfo Puello Hueto laboró en dicha entidad del 19 de abril de 1982 al 30 de julio de 1993; es decir que para el día 26 de junio de 1995, el demandado no se encontraba en servicio activo y en consecuencia no es beneficiario del plan pensional consagrado en el plurinombrado Acuerdo”, sostuvo el magistrado en el auto.

Esta medida cautelar se hizo efectiva mediante resolución el pasado 30 de abril de 2021.

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