Una decisión sin precedentes en el país se acaba de tomar en torno al caso de la torre Aquarela. Anoche se conoció un fallo que ordena que la edificación debe ser demolida en su totalidad, para que no afecte la condición de Patrimonio Histórico de la ciudad, pues la Unesco le dio plazo al Distrito hasta diciembre, para que tumben la torre.

El fallo de primera instancia fue emitido por la jueza 12 Administrativa Oral del Circuito de Cartagena, Sandra Zúñiga, tras resolver una a acción popular promovida por el Ministerio de Cultura contra el Distrito de Cartagena, la Curaduría Urbana N° 1 y la Promotora Calle 47 SAS. Lea: ¡Atención! Jueza ordena demolición total de la torre Aquarela

Así mismo, la juez determinó que los costos de la demolición deben ser asumidos por el Distrito y la constructora de la torre, aunque será la entidad territorial la que llevará la peor parte, pues deberá asumir la mayor cantidad del proceso de demolición tras permitir que se levantara la edificación.

Uno de los apartes del fallo indica: “Ordenar a los entes demandados, Distrito de Cartagena y Promotora Calle 47 SAS, que en un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, y asumiendo de manera solidaria y proporcional los costos financieros que se llegaren a generar, teniendo en cuenta que la sociedad Promotora Calle 47 SAS está obligada solo a la restitución de 619.59 m2 de espacio público y en esa proporción deberá asumir tales costos, realicen los estudios técnicos y las gestiones administrativas necesarias que permitan establecer el método o técnica más adecuada y segura para la demolición total de la edificación, que ha sido construida en la primera etapa del proyecto multifamiliar VIS Aquarela”.

También se ordena la conformación de un comité para la verificación del cumplimiento de lo ordenado en el fallo judicial, el cual estará integrado por un delegado del Ministerio de Cultura, un delegado del Distrito de Cartagena, un representante de la Promotora Calle 47 SAS, el curador urbano número 1 de Cartagena, un delegado de la Procuraduría General y un delegado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Este es un fallo de primera instancia y por lo tanto podrá ser apelado ante un tribunal.

“Una jueza de Cartagena, con mucho sentido y apoyándose en las normas constitucionales, ordena la demolición total del edificio Aquarela. Esta es una medida de enorme importancia para el país entero. Creo que la jueza actúa basándose en dos cosas. Primero, la protección del Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad que es Cartagena; y segundo, la protección de la calidad de vida de los ciudadanos de Cartagena. Ambas circunstancias son de la mayor importancia, es un precedente único, nuevo, grande en el país y responsabiliza a la constructora y al curador que dio la licencia, mal dada. Esto me parece de enorme importancia, porque los curadores no pueden seguir dando licencias a diestra y siniestra, y los constructores no pueden seguir pensando que el patrimonio cultural de los colombianos no es sujeto de protección por parte de ellos. Todos tenemos que cuidarlo y aquí la jueza actuó correctamente”, indicó Camilo Gómez, exdirector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), entidad que ha asesorado al Distrito en el proceso jurídico por el edificio Aquarela. Gómez ha impulsado los procesos contra Aquarela.

“Claro, le toca la mayor parte al Distrito, por eso digo que al Distrito no se le puede dejar solo. La Nación, el Gobierno nacional tiene la obligación, siendo además un gobierno que está hablando de fortalecer el turismo, de ayudarle a Cartagena para que se pueda cumplir la sentencia. Si la sentencia no se cumple, pierde todo el país, no solo Cartagena. Independientemente de que la Alcaldía sea la que ejecute la orden, la Nación, el Estado en su totalidad debe apoyar a Cartagena y en ese sentido el presidente Gustavo Petro debe apoyar a Cartagena”, dijo.

Gómez indicó que, según la sentencia, la constructora tendrá que responderles a los compradores de los apartamentos de la torre uno del proyecto.

“Según la sentencia, la constructora no podía construir esa torre, eso no es un tema menor y me parece que la constructora tiene que responderle a los compradores”, concluyó.