El 27 de abril se cumplen cuatro años de la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II, una tragedia que dejó grandes vacíos en las familias de 21 personas que perdieron la vida por culpa de un entramado de corrupción que ramificó una serie de construcciones ilegales en la ciudad.
Con el pasar de los años el clamor sigue siendo el mismo: justicia. Sin embargo, aún son muchos los cabos que hacen falta por atar en esta historia.
Recientemente la Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia las sanciones contra varios exfuncionarios. Al exmandatario Manuel Vicente ‘Manolo’ Duque se le suspendió por 10 meses; a la exsecretaria de Planeación Luz Elena Paternina por 8 meses, y a la exalcaldesa de la Localidad 3, Patricia Zapata, y al exdirector de control urbano Olimpo Vergara por 4 meses. (Lea aquí: Ratifican sanción contra ‘Manolo’ Duque por caso Portales de Blas de Lezo II)
Respecto a Wilfran Quiroz, constructor del edificio, fue condenado a cuatro años de cárcel por urbanización ilegal, mientras que otros dos miembros de su familia quedaron en libertad por vencimiento de términos.
Además de los procesos contra los Quiroz y exfuncionarios, el Distrito también fue demandado alegando actuación tardía en el ejercicio de control de las “construcciones adelantadas sin el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y bajo el amparo de licencias obtenidas de manera irregular”.
Al respecto, la Oficina Asesora Jurídica indicó que las demandas que han sido admitidas y notificadas se respondieron dentro de la oportunidad legal otorgada. “Actualmente se está a la espera de las siguientes etapas procesales, conforme vayan avanzando por parte del juez correspondiente”.
En medio de este proceso, desde el 2018, el Distrito ha tenido que cumplir las órdenes judiciales que obligan a pagar subsidios de arriendo a las víctimas de los edificios construidos por la familia Quiroz.
Cabe destacar que en este caso la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) también ha emitido concepto para fortalecer la defensa jurídica de la ciudad.
“Las demandas se interpusieron en ejercicio del medido de control de reparación directa por parte de compradores del proyecto. Son siete procesos distintos, pero se esperan aún más, dada la coyuntura y los diferentes proyectos de construcción”, señaló la Andje.