Cartagena


Los problemas de los colegios públicos para volver a clases presenciales

Aunque la Secretaría de Educación ha afirmado que en 2021 las clases presenciales regresarán con alternancia, rectores y sindicatos insisten en que no hay garantías.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

22 de noviembre de 2020 10:41 AM

La pandemia de la COVID-19 llevó a muchos sectores a reinventarse (por más cliché que suene) y puso a prueba la capacidad de mantener los servicios en medio de una emergencia. A nivel educativo, hizo que las instituciones públicas, privadas y universidades migraran a la virtualidad, aunque eso representara unos nuevos retos para evitar que quienes no tienen acceso a tecnologías siguieran con su formación académica.

Debido a la gran brecha para suplir esa necesidad al 100%, desde agosto el Gobierno nacional abrió la puerta al modelo de alternancia, el cual consiste en el regreso presencial a las actividades académicas intercalado con el trabajo virtual en casa, de tal manera que se garantice el distanciamiento necesario y la colaboración colectiva para cumplir los protocolos de bioseguridad.

“El 2021 será un año de alternancia porque la evolución de la pandemia no solo depende de que una vacuna sea exitosa y se pueda adquirir, sino luego de todo el proceso de inmunización y de seguir trabajando en paralelo con todos los temas de autocuidado y distanciamiento social”, afirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo. De acuerdo con la ministra, hasta finales de octubre el 41% de las secretarías de Educación adelantaban pilotos de alternancia, con el consentimiento de los padres y los requerimientos y los recursos necesarios.

Del plan a la realidad

Aunque en papel todo parece estar bajo control, cuando se analiza el estado de la red educativa en el país comienzan a surgir muchas inquietudes y preocupaciones debido a la falta de infraestructura óptima, dotación y adecuaciones para garantizar medidas como distanciamiento y desinfección, entre otros aspectos relacionados con la pandemia.

Según un estudio desarrollado por Escalando, un emprendimiento colombiano especializado en crear entornos escolares seguros, junto a la Red PaPaz, el 76% de las instituciones educativas públicas no cuentan con suficiente agua y jabón para garantizar el lavado de manos de la comunicad educativa. La medición se hizo en 915 instituciones (entre públicas y privadas) de 28 departamentos y 263 municipios.

La situación de Cartagena

La inversión que se ha hecho en los colegios públicos de Cartagena en los últimos años ha sido poca, al punto que estudiantes y profesores han tenido que interponer acciones de tutela para exigirle al Distrito que proteja y garantice el derecho a la educación.

Según una investigación de Cedetrabajo Capítulo Cartagena, en 2018 el 80% de las 105 instituciones públicas que tiene el Distrito estaba en muy mal estado, situación que ha podido agudizarse en estos dos años.

“Sencillamente decimos que ante este panorama desolador, de crisis en infraestructura, faltante de agua potable y saneamiento básico, baterías de baño insuficientes, falta de conectividad, hacinamiento, de falta de garantías para combatir la pandemia, de no decir quién va a financiar los protocolos de bioseguridad, no podemos estar de acuerdo a un retorno con la modalidad de alternancia”, afirmó Pedro Herrera, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Bolívar (Sudeb).

Agregó que la agremiación de maestros, en conjunto con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (administrativos) y la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Bolívar, son conscientes de que la escuela presencial no tiene reemplazo, pero necesitan “poder combatir a este enemigo invisible y salir medianamente airosos”.

De acuerdo con Herrera, para más del 70% de los rectores de Cartagena y Bolívar, retornar a las escuelas con las condiciones actuales significaría una ola de contagios y el aumento de la tasa de mortalidad en la ciudad a causa de la COVID-19. Por eso, insisten en que el Gobierno los debe escuchar y responder a varios criterios para “un regreso seguro”.

“Tiene que haber una mesa donde tengamos presencia los gobiernos y sindicatos para discutir eso; tiene que haber un diagnóstico para conocer cuáles son las instituciones educativas que son graves; definir de dónde saldrán los recursos para resolver los problemas; tienen que implementarse acciones concretas que permitan resolver el asunto; debe haber verificación de esas condiciones; tienen que financiar los protocolos de bioseguridad. Cuando se den todas esas etapas podemos discutir cuál día puede hacerse un retorno seguro, si no hay eso no vamos a permitir un regreso porque estamos defendiendo la vida y la salud. Los maestros queremos regresar a clases pero que se definan las condiciones, que le den garantías a la gente. En Cartagena y en Bolívar estamos en desobediencia civil frente a eso”.

¿Cuánta inversión se requiere?

Uno de los problemas que plantean los sindicatos es que aún se desconoce de dónde saldrán los recursos para financiar todo el modelo de alternancia y garantizar suficientes lavamanos, la compra de insumos requeridos, y labores como las rigurosas desinfecciones de las instalaciones y del mobiliario que se deben realizar al final de cada jornada.

Solo para poner un poco de contexto de lo que implica la alternancia, en algunos colegios privados de la ciudad habrá dos docentes por asignatura en los grados preescolar y primaria, para que uno atienda a los estudiantes que están en casa y otro a los que están en el colegio; mientras que en bachillerato se trabajará con cámaras profesionales instaladas en las aulas para que el profesor interactúe con los jóvenes que están en línea.

En el caso de los públicos, a través de la circular 162 del 19 de noviembre de 2020, la Secretaría de Educación determinó que se hace necesario que “los rectores de las IE no oficiales y las lETDH (Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano), evalúen la totalidad de los procesos pedagógicos y financieros de sus instituciones y determinen una ruta de inversiones requeridas para adecuar las instalaciones escolares, establezcan un diagnóstico de la planta docente, caractericen la población educativa y conformen un ‘Comité Retorno’ con el fin de diseñar su Plan Regreso a Clase en el cual proyecten la prestación del servicio educativo durante la contingencia”.

El plan del Distrito

Conforme a lo estipulado por la secretaria Olga Acosta en la circular, una vez el “Comité de Retorno” elabore el Plan Regreso y sea aprobado por el Consejo Directivo, debe ser enviado a la Secretaría de Educación, teniendo como plazo máximo el lunes 30 de noviembre. Posteriormente, la dependencia realizará la revisión respectiva y organizará asistencias técnicas en los colegios, atendiendo a las particularidades de cada uno.

Algunos de los lineamientos dentro de los planes son: definir recreos escalonados o separar a los niños en diferentes espacios de la sede educativa en su tiempo de descanso; tratar de mantener el comportamiento de cohorte en todo momento (entrada, recreo, biblioteca, salida, transporte); uso de tapabocas por parte de todas las personas en todo momento, menos mientras se consumen alimentos y bebidas; reporte diario de síntomas y contactos por parte de toda la comunidad educativa incluyendo quienes están en la virtualidad.

De igual manera, se debe planear y monitorear el lavado de manos de los estudiantes al inicio del día, antes y después del descanso y al terminar la jornada escolar (por lo menos cada 3 horas). Para el ingreso o salida de las instituciones se debe garantizar el distanciamiento en las filas (incluido el transporte escolar), disponer de antibacterial o desinfectante de manos y tomar la temperatura.

En los salones las sillas deben estar a 1 metro de distancia demarcado en el piso; las ventanas y puertas abiertas para permitir la ventilación; y se deben mantener las pertenencias de cada estudiante separadas y las maletas y loncheras en espacios definidos, para evitar el piso.

Afectados por Iota

De acuerdo con datos entregados por la Secretaría de Educación, luego de hacer un recorrido por las tres localidades se determinó que en total 54 colegios se afectaron durante la emergencia provocada por Iota el pasado fin de semana.

Ante este panorama, el Ministerio y la Secretaría de Educación definieron una ruta de trabajo que permita canalizar los recursos necesarios para mejorar la infraestructura educativa de la ciudad. “Esta es una buena oportunidad, no solo para atender la emergencia en nuestra infraestructura educativa, sino que se convierte en una oportunidad para empezar a saldar la deuda histórica que tiene Cartagena con sus instituciones oficiales. En equipo con el Ministerio estamos trabajando para tener más inversiones y evitar que las sedes se sigan deteriorando”, comentó Olga Acosta Amel, jefa de la cartera distrital. La mayoría de las sedes educativas afectadas presentan cubiertas en mal estado, filtraciones de agua y desagües insuficientes para el caudal de aguas provocado por las lluvias.