Delegados de la Contraloría General llegaron este miércoles en un vuelo de la Policía Nacional con el propósito de revisar cuál es el manejo que se le está dando al COVID-19 por parte de las entidades distritales, Dadis, ESE Cartagena, red pública hospitalaria de Salud y Distrito.
“Hemos llegado a Cartagena para revisar la situación actual que vive el Distrito frente al manejo del COVID-19 revisaremos algunas entidades con el apoyo de la delegación de Participación Ciudadana de la Contraloría y la delegación del sector salud”, indicó una vocera de la Contraloría.
Además la entidad reveló que en marco del sistema de control fiscal participativo hará una revisión de la red hospitalaria del Distrito de Cartagena teniendo en cuenta los más de 3.300 casos positivos de COVID-19 en la ciudad y el ascenso en el número de muertes por el virus.
También se verificará el estado de los contratos y recursos dispuestos para contener el avance del coronavirus.
Luis Carlos Pineda, contralor Delegado para la Participación Ciudadana, expresó que se realizarán reuniones con directores de entidades y voceros de la comunidad.
La visita se da luego que varias veedurías y otros sectores llamaran la atención sobre el manejo de los recursos destinados a la pandemia.
Una de ellas fue la petición la Red de Veedurías de Salud, Derecho y Vida, la cual solicitó a la Contraloría General de la Nación un control excepcional para la ESE Cartagena de Indias, entidad que administrar los centros de salud de la ciudad. La red habla de un déficit en esa entidad por 30 mil millones.
César Cárcamo, director de la Red de Veedurías, sostuvo que en la ESE se preparó un verdadero ‘coctel de corrupción’ donde los contratos, la mala administración y una serie de nombramientos de funcionarios dieron al traste con la entidad lo que hoy queda en evidencia.
La entidad se encuentra categorizada en alto riesgo por parte del Ministerio de Salud y a pesar de haberle inyectado más de 17 mil millones de pesos en 2018 para aliviar los pasivos, no se sabe qué pasó con estos recursos, según la veeduría.
Contratos chimbos
La veeduría denunció que el desangre de la ESE Cartagena se debe a la injerencia de políticos “que están dedicados en seguir saqueando a la institución con contratos chimbos” lo cual generaría el posible detrimento patrimonial.
Se habla de una contratación fantasma de unas ambulancias acuáticas, las cuales nunca se vieron funcionar. Y de que los proveedores que no dan resolución a nada de lo que se les contrata.
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