Cartagena


Distrito aclara por qué terminó contrato cuestionado de $390 millones

El contrato para entregar refrigerios a los organismos de seguridad en Cartagena se firmó pero no llegó a ser legalizado.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

14 de abril de 2020 06:12 PM

Durante la emergencia sanitaria por coronavirus la administración de William Dau no solo ha tenido que lidiar con la pandemia, sino también con los cuestionamientos a contratos que se han hecho en algunos portales y redes sociales.

Luego de la aclaración que hace días hizo la secretaria General, Diana Martínez, por la contratación de ayudas humanitarias con la empresa Veneplast, ahora el secretario del Interior, David Múnera, tuvo que salirle al paso a varios señalamientos que se estaban replicando en la ciudad. (Lea aquí: “Aquí no hay sobrecostos”: Secretaria General sobre ayudas humanitarias)

En esta ocasión el funcionario habló de un contrato de $390 millones que se había firmado con la empresa Productos Ramar SAS para “el suministro de refrigerios para los organismos de seguridad con presencia en el Distrito de Cartagena, con cargo a los recursos del Plan Integral de Seguridad Ciudadana – Fonset- en el marco del proyecto fortalecimiento de los mecanismos institucionales y comunitarios de prevención y reacción a situaciones de riesgo por conductas delictivas en Cartagena”.

Aunque Ramar SAS presentó la mejor propuesta económica dentro de la legalidad, ganó el contrato y se firmó, este no alcanzó a ser ejecutado.

“Iniciamos el proceso de contratación, haciendo la solicitud de la certificación de disponibilidad presupuestal, hicimos los estudios de mercado, utilizando la Calamidad Pública y la Urgencia Manifiesta para poder hacer la contratación de manera inmediata y en ese proceso, que estábamos desarrollando, era necesario, pertinente, que la secretaria General le diera la aprobación al registro presupuestal”, explicó Múnera.

El funcionario agregó que tras recibir la solicitud de aprobación, la secretaria General, Diana Martínez, le manifestó preocupación ya que un familiar suyo es socio de dicha empresa, lo que para la administración se tradujo “no en un problema de legalidad si no de ética, de transmitir el principio de transparencia”.

“La génesis de ese proceso contractual es ajeno a mi función cómo secretaria General, sin embargo, como tengo por delegación del alcalde aprobar la solicitudes de registro presupuestales, al llegar esta solicitud a mi despacho advertí inmediatamente al secretario del Interior la familiaridad que tengo con el esposo de la representante legal de la empresa, y pese a que el contrato cumple con toda la legalidad, por transparencia solicité que se diera la cancelación por mutuo acuerdo de las partes”, contó Martínez.

“Una decisión de común acuerdo”

Tras la advertencia de la funcionaria y apelando a no ir en contravención de los principios de la administración Distrital se llegó a la decisión de disolver el contrato que, si bien se había firmado, aún no estaba legalizado porque le faltaba la aprobación del registro presupuestal.

“Luego de conversaciones de común acuerdo con la empresa me envían una carta en la cual me manifiestan el deseo de no continuar con la contratación. El 10 de abril, mucho antes de los rumores que están circulando, firmamos el acuerdo en el cual ambas partes dan por terminado el contrato (...) Sin la advertencia de la secretaria General seguramente yo hubiera terminado por ejecutar ese contrato porque tenía todos los requisitos de legalidad, pero hemos decidido terminarlo por conveniencia, por transparencia”, puntualizó Múnera.

Por otra parte, la secretaria General hizo un llamado a que “el control político y social no se instrumentalice y ejerza a través de la injuria, la calumnia, la desinformación y la mentira porque esto le hace daño a la ciudad”.