“Ya todo está dado. Lo que quería el gobierno pasado era que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fuera quien financiara el desmonte piso a piso. Nosotros la decisión que hemos tomado es que la Alcaldía Mayor es la que va financiar eso. El secretario de Infraestructura sabe que tiene dos responsabilidades iniciales: primero demoler la caseta de peaje y el desmonte de Aquarela”. Lea: ¡Atención! Recursos para tumbar Aquarela saldrán de la Alcaldía de Cartagena
Esas fueron las palabras más recientes del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay al ser consultado sobre el futuro del polémico edificio multifamiliar Aquarela, que pone en riesgo el título de patrimonio del Corralito de Piedra. También le puede interesar: Peajes, Aquarela y caso Quiroz, tres procesos con decisiones claves en 2023
El mandatario precisó que la Secretaría de Infraestructura tiene 45 días para surtir el proceso de contratación e iniciar el proceso de desmonte que va a tomar unas semanas porque será un desmonte de piso a piso.
No obstante, frente a estas declaraciones, El Universal consultó a Gilma Úsuga, vocera de la Promotora Calle 47 S.A.S., encargada del proyecto, y nos aseguró que la construcción de la edificación se hizo de acuerdo a las licencias establecidas y que tras una eventual demolición, el Estado deberá responder.
“La constructora se mantiene en su posición de dar cumplimiento a lo establecido por las normas. Por tanto, ante una demolición y tal como lo ha expresado el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, el Estado deberá hacerse cargo de las indemnizaciones que haya lugar ante compradores, constructores y terceros afectados por el sellamiento y demolición de una obra que fue debidamente licenciada”, dijo Úsuga.
Cabe anotar que el mandatario de los cartageneros precisó que actualmente “no hay salidas” y que al alcalde pasado “le dio miedo”. “No podemos poner más en riesgo la declaración de patrimonio. Demandas van a venir con el edificio o sin el edificio. El Distrito tiene que prepararse para que los escenarios judiciales que se planteen se tengan los argumentos suficientes para no asumir responsabilidades”, sentenció.
La polémica
El polémico edificio Aquarela siguió dando de qué hablar en 2023. La decisión más importante se conoció en marzo de 2023, cuando una jueza falló en primera instancia que el edificio debía ser demolido en su totalidad por la afectación que supone para el patrimonio cultural de Cartagena.
La decisión marcó un precedente porque hasta entonces no se habían emitido órdenes judiciales relacionadas al edificio, solo una medida correctiva emitida por la Inspección de Policía en 2018 donde se determinó que la obra ocupaba 619 m² de espacio público de forma irregular.
El fallo, que proviene de una demanda instaurada por el Ministerio de Cultura, causó múltiples reacciones, especialmente del Distrito de Cartagena y la constructora, pues la jueza ordenó a ambos asumir los costos financieros de la demolición. Cabe anotar que este fallo fue apelado.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que ya se adelantan los trámites para la demolición del edificio, pues en enero del año pasado fue contratado un estudio para definir el mecanismo más idóneo para la restitución del espacio público invadido por la edificación. Esta consultoría fue financiada a través de un convenio tripartito entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el Ministerio de Cultura y el Distrito de Cartagena.