“No serán privatizados, ni existe o ha sido radicado proyecto alguno que busque privatizar los espacios de las murallas, el Castillo de San Felipe y el conjunto fortificado de Cartagena, que son Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional, abiertos para el conocimiento y disfrute de todos los ciudadanos”.
De esta manera, la Dirección General de la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), ha tenido que aclarar varios rumores que se han publicado en redes sociales respecto a la privatización de las murallas y las fortificaciones en la ciudad, las cuales son consideradas patrimonio de los cartageneros.
De acuerdo con el articulo 10 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 6 de la Ley 1185 de 2008, los Bienes de Interés Cultural que conforman el patrimonio de la Nación, que sean propiedad de entidades públicas, son imprescriptibles, inembargables e inalienables.
Si bien las arquitectura patrimonial es del Estado, en 2012 el Ministerio de Cultura, a través de un comodato, entregó a la Etcar el manejo, administración y restauración de las fortificaciones. Ahí se establece que la gestión de la Escuela queda bajo la supervisión de un comité, integrado por el director de Patrimonio del MinCultura, el secretario general del Ministerio, el alcalde de Cartagena y el director de la Escuela Taller.
El contrato se renueva cada cinco años con base en el desempeño de la entidad, pero, en 2019, el ente nacional mostró pretensiones de pasar este manejo a la Escuela Taller Naranja, al parecer porque había desconfianza por los presuntos malos manejos presupuestales de 2019. La propuesta generó toda una polémica en la ciudad y se puso sobre la mesa que era una privatización, al punto que el Distrito se opuso a la entrega de fortificaciones y, tras varios diálogos, se logró acordar un otrosí donde se hicieron modificaciones al comodato con el ánimo de lograr mayor eficacia.
Aunque la Etcar se quedó con el manejo de las grandes fortificaciones, por disposiciones del MinCultura se excluyeron del comodato la Habitación del Castellano, la Casa del Inquisidor y la Bóveda 13, cuyos usos están destinados a tiendas donde se comercializan artesanías elaboradas por aprendices y maestros artesanos. La entidad enfatizó que la administración sigue siendo de Cartagena, pero el “uso” de estos bienes patrimoniales es del Ministerio de Cultura, al igual que su explotación económica. Para muchos gestores culturales, estas modificaciones representaron el inicio de una privatización.
“La privatización de BIC nacionales ubicados en territorio cartagenero no la van a realizar en los corredores del cordón amurallado. La viene haciendo brutalmente MinCultura con baluartes para querer implantar negocios permanentes. La vigilancia es necesaria sin abuso de poder”, afirmó la exdirectora de la Etcar, Alexa Cuesta.
En Cartagena, de solo escuchar el término “privatización”, los pelos se ponen de puntas pues las fortificaciones son de las pocas cosas que administra la ciudad, teniendo en cuenta que desde los servicios públicos, hasta las vías, están concesionadas. Sin embargo, aunque la idea de privatizar o encargar a alguien externo de maneo de los BIC suene peligroso y descabellado, en algunos lugares del mundo es una práctica que se ha puesto en marcha.
Por ejemplo, en Roma, el manejo y explotación del coliseo, una de las maravillas del mundo, fue entregado en 2011 al empresario Diego Della Valle, dueño de la empresa de zapatos Tod’s, a cambio de pagar el coste de los trabajos de restauración que se estimaron en 25 millones de euros. El tiempo del contrato es de 15 años prorrogables, y permite que Tod’s gestione en exclusiva los alquileres y los derechos de imagen del coliseo dentro y fuera de Italia y ponga su logotipo en las entradas y en los andamios. Otro caso es el de las pirámides de Guiza, Egipto, las cuales no son administradas por el Gobierno. En 2016, este firmó un contrato con tres empresa privadas para la administración de los monumentos, y la limpieza de la zona, la tarea de garantizar la seguridad en el sitio arqueológico, como parte de un proyecto para desarrollar y mejorar la zona de las pirámides, uno de los principales atractivos del país.
Y, si nos trasladamos a París, la ciudad es propietaria de la torre Eiffel, pero la administración está a cargo de una sociedad de explotación, SET, la cual ostenta el 99% del capital.
Aunque generalmente cuando se habla de fortificaciones las primeras imágenes que llegan a la cabeza son del Castillo San Felipe y las murallas, la ciudad cuenta con un largo listado de bienes que están bajo comodato.
En total son 93 bienes divididos en cinco sectores: el primero agrupa a los ubicados en el Centro, San Diego y Getsemaní, tales como baluartes, plataformas, vestigios, cuarteles y escolleras; el segundo reúne a los que están en el Cerro de San Lázaro, La Popa y ciénaga de La Virgen, como las baterías, hornos y haciendas; el tercero corresponde a la escollera submarina de Bocagrande; el cuarto a los ubicados en el canal de Bocachica e lsla de Tierrabomba; y el quinto a las haciendas y hornos en Barú.
De acuerdo con el contrato se establece que la Etcar tiene derecho a hacer uso de los BIC de “conformidad con el Manual de Uso Temporal y Aprovechamiento Económico del Espacio Público de las murallas del Centro Histórico, adoptado por el Ministerio de Cultura”.
De igual manera, contempla que el ente nacional “se reserva la facultad de dar por terminado el contrato interadministrativo de comodato en cualquier momento, siempre que considere que los fines y obligaciones derivadas del mismo no se cumplen por parte del comodatario (Etcar)”.
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