“De tener éxito la oposición a la adjudicación de la APP del canal del Dique, se incrementarán los daños ambientales y se impactará negativamente la calidad de vida y las condiciones económicas de nuestra región. Está en juego la vida, el futuro del territorio y la competitividad del país”. Así lo informó el Consejo Gremial de Bolívar (CGB), tras las opiniones de diferentes sectores del país que piden la suspensión de este proceso. (Lea: “Esperamos que el 4 de agosto se inicie una nueva historia”: Invest sobre APP del Dique)

La asociación gremial destacó los beneficios que traerá este macroproyecto para los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, es decir, impactará a 1.5 millones de habitantes de esa subregión del Caribe colombiano.

“Las poblaciones que ocupan la planicie adyacente al Canal del Dique están expuestas a las inundaciones provocadas por las crecientes del río y las lluvias. Este peligro está asociado al ciclo del agua, la elevación del nivel del mar, las modificaciones a las orillas, los cambios desde la rectificación del canal, los procesos meteorológicos, la poca capacidad del cauce con relación al agua que se desvía del río Magdalena, y todo esto agudizado con el cambio climático”, se lee.

CGB se refirió al grave problema de sedimentación que está afectando directamente a la bahía de Cartagena: “En la actualidad el Dique contribuye a la contaminación de los ecosistemas con el vertimiento de metales pesados como cadmio, níquel, plomo, cobre, arsénico y zinc, adicionales a vertimientos de coliformes, excesos de nutrientes y la deficiencia de oxígeno (BASIC, 2021)”.

De acuerdo con este gremio, estos vertimientos han afectado los arrecifes de la bahía de Cartagena, recordó que existe una sentencia de 2020 proferida por el Consejo de Estado que obliga a los gobiernos nacional y distrital, y a otros actores, a recuperar ese cuerpo de agua (bahía de Cartagena).

“La evaluación socioeconómica del proyecto contempla la generación de nuevas oportunidades: ahorro en costos por prevención de inundaciones catastróficas, desarrollo de actividades agrícolas por menor riesgo de inundación y las posibilidades de riego, ahorro en costos de transporte de carga, generación de empleo local en las obras previstas (estimado en 61.766 empleos directos e indirectos)”.

La asociación gremial se refirió a la solicitud de la Justicia Especial para la Paz (JEP) de realizar recomendaciones para esclarecer la verdad de los cuerpos que fueron arrojados en ese hidrovía en el marco del conflicto armado. (También le puede interesar: JEP ordenó medidas preventivas por obras del canal del Dique)

“Las obras previstas al controlar el acceso de caudales facilitarán las actividades forenses en la zona; por otra parte, se espera que el proyecto contribuya a la conformación y el fortalecimiento de los espacios de seguimiento y desarrollo de la subregión, así como su articulación con las instancias encargadas de esclarecer y atender estos hechos que tienen un alto valor social”, indicaron.