“Hay que considerar el cierre temporal de Playa Blanca”: ANATO

13 de enero de 2020 02:00 PM
“Hay que considerar el cierre temporal de Playa Blanca”: ANATO
Los gremios turísticos insisten en la creación de una política pública de turismo para Cartagena y la zona insular. // Óscar Díaz.

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En los últimos días, las noticias sobre accidentes, sobrecostos, e inseguridad en la zona insular de Cartagena, especialmente en la isla de Barú, han ocupado la agenda de medios tanto locales como nacionales, que han puesto nuevamente sobre la palestra pública una delicada situación que se vive en materia de turismo en la ciudad, donde cada vez más, quienes llegan a la ciudad a pasar sus vacaciones, se llevan una impresión deplorable de La Heroica.

El último caso del que se tiene conocimiento tiene que ver con un accidente marítimo registrado el día de ayer en Playa Blanca, en el cual una Jet Ski abordada por dos hombres chocó de frente contra una lancha. El hecho dejó como saldo un turista herido, el cual según testigos, fue trasladado al Hospital Bocagrande tras presentar graves heridas.

(Puede leer: Un herido en accidente marítimo en Playa Blanca)

Al respecto la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), en cabeza de María Camila Carrascal aseguró que es necesario que se implemente una política pública de turismo que permita contrarrestar la alarmante situación.

“Lo que sucede en nuestra zona insular no solo es preocupante sino que es un urgente llamado de atención a las autoridades y a todos los actores de la cadena del turismo a que se revise cuál es la verdadera vocación de nuestro PNN Corales del Rosario e iniciar la construcción de una política seria de sostenibilidad y planificación a largo plazo en la que prime la recuperación y conservación de los recursos naturales”, aseguró Carrascal.

“Ya estamos en el límite y lo peor ya ha sucedido, lo que sigue es extremar medidas y considerar hacer un cierre temporal de Playa Blanca, mientras se ordena este destino y se deciden cuáles serán las acciones contundentes”, puntualizó.

El reconocido empresario del turismo, Rodrigo Maldonado, quien también fungió como directivo de ANATO, también se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la situación, reiterando la necesidad de la política pública.

Maldonado enfatizó a través de una serie de trinos que en Barú se viven una serie de problemas relacionados a la invasión del espacio público por parte de nativos y extranjeros, el daño ecológico al ecosistema por cuenta de la contaminación, para la cual no hay servicios que garanticen una buena disposición de los residuos sólidos que generan y el recurrente abuso en los precios.

¿Y la Secretaría de Turismo?

Durante la socialización de los hallazgos del empalme hecho por el alcalde William Dau, salió a colación la posibilidad de crear una entidad que ejerza vigilancia y control sobre esta actividad en Cartagena y la zona insular, teniendo en cuenta que las autoridades actuales en materia de Turismo en el Distrito no ejercen tal labor, que queda relegada a otras dependencias.

A su vez se sugirió la puesta en marcha de una política pública turística en el Distrito, sin embargo hasta el momento no se ha vuelto a tocar el tema.

Desde la Secretaría del Interior, que es desde donde se han venido realizando operativos, el secretario David Múnera aseguró que “Playa Blanca se está volviendo un problema” y que tanto visitantes como cartageneros deben ser consciente de la situación porque se puede terminar en el deterioro del balneario.

“La Procuraduría está encima de nosotros por eso tenemos que proceder a tomar medidas porque no nos podemos dejar sancionar. El procurador nacional ambiental se reunió conmigo y está muy pendiente de las medidas que se van a tomar porque esto es un problema que viene de años atrás y ven que ningún funcionario ha emitido medidas al respecto”, afirmó Múnera en entrevista con El Universal.

Siguen los controles

Por el momento se siguen adelantando los controles preventivos entre la Armada Nacional, la Dimar y Guardacostas del Caribe, los cuales han desembocado en la inmovilización de 18 embarcaciones por licencias vencidas, la infracción a 12 motonaves y la restricción a 83 botes que no cumplían con las normas de marina mercante establecidas para la navegación.

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