La fuerte crítica de un ciudadano cartagenero a una medida del alcalde Dumek Turbay mientras oculta su rostro y la reacción del mandatario, que instauró una denuncia y ofreció recompensa para quienes ayuden a ubicarlo, abrió un debate sobre la línea que separa la opinión de la comisión de delitos en redes sociales.
Luego de que la Alcaldía de Cartagena emitiera el Decreto 0384 de 2024 que restringe la circulación de motos con parrillero hombre en 10 barrios de la ciudad, en redes sociales se viralizó un video de un hombre que critica con lenguaje soez la medida del alcalde. Lea también: Video: encapuchado rechaza restricción de parrillero e intimida al alcalde
Además de la reacción que causó la dura crítica publicada en Internet, al denunciante se le reprochó por cubrirse la cara y no revelar su identidad. También lo acusaron instigar a bloqueos en la ciudad y de amenazar al alcalde. ¿Pero realmente cometió un delito por el que pueda ser procesado penalmente?
La crítica
En el video el hombre reprocha que Turbay no sea cartagenero y lo responsabiliza de las problemáticas que afronta la ciudad.
“Alcalde, no sea tan hijue$!%& usted. ¿Cómo es posible prohibirle el ingreso a la ciudadanía en su propia ciudad? A nosotros que somos cartageneros nos duele que nos gobierne gente de afuera y siempre nos prohíban las cosas. Nos quitaron las playas, no podemos ingresar al Centro y ahora van a prohibir que entren motos con parrilleros a El Recreo y otros barrios”, dice el hombre.
La respuesta de la Alcaldía
Mientras ratificaba la medida de restringir el parrillero hombre en moto en 10 barrios, la Alcaldía de Cartagena respondió con dureza al video que se propagó en redes sociales.
Reveló que la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional abrió un proceso investigativo para determinar la identidad del sujeto. También ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para incentivar a la ciudadanía a descubrir al protagonista del video y aseguró que instauraría una denuncia ante la Fiscalía para que el hombre sea procesado penalmente.
El secretario del Interior, Bruno Hernández, contó en la mañana de este miércoles 13 de marzo que ya habían realizado la denuncia a petición del alcalde Turbay.
Esto causó múltiples respuestas de la ciudadanía, algunas a favor de la postura de la Alcaldía y otras que reprochan que se tomen ese tipo de medidas contra sus críticos.
“¿Así de mal estamos que tenemos que denunciar de forma anónima? No contentos con eso, le ponen precio a nuestra cabeza, increíble”, “No veo que esté diciendo algo que no es, ese dinero deberían invertirlo en seguridad”, “Diez millones por decir la verdad, repetí el video dos veces y no veo la amenaza por ningún lado”, “¿Recompensa por qué? ¿Ahora no tenemos libertad de expresión? El ciudadano tenga o no tenga razón, tiene derecho a expresarse”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales. Lea también: “Nos estigmatiza”: mototaxistas sobre prohibición de parrillero hombre
A la lluvia de reacciones se sumó el exalcalde William Dau Chamat: “Esta amenaza da risa. Si Turbay fuera activista anticorrupción sabría lo que es realmente recibir amenazas”.
Sin claridad
Al ser consultados sobre el posible delito que cometió el hombre encapuchado durante el video, en la Alcaldía señalan que se trata de una amenaza, aunque no especifican en qué parte del discurso se configura esta falta.
“Hay una nota criminal que fue puesta en la Fiscalía por amenaza, es esa la razón de la denuncia. Serán las autoridades quienes determinen y tipifiquen la amenaza iniciando el respectivo proceso de investigación”, comenta un vocero del Despacho.
No hay delito
El Universal consultó con un reconocido jurista de la ciudad, quien analizó si el denunciante incurre en algún delito en sus expresiones.
“Es claro que aquí no hay ningún delito. Lo que sí puede haber es una afectación a la libertad de expresión. Claramente la capucha manda un mensaje brusco, pero no es constitutivo de ninguna conducta penal, no se trata de discursos de odio ni nada similar”, explica el abogado, que solicitó no revelar su identidad.
El jurista señala que es la Alcaldía la que deja un mal precedente, pues con esta reacción podría propiciar la censura de críticos hacia su gestión.
“Es decir, la administración no puede propiciar la censura. Su labor puede ser valorada y calificada por la ciudadanía. Al ciudadano le está prohibido transgredir los discursos protegidos por los instrumentos internacionales (violencia de género, protección a la infancia o terrorismo), pero las groserías o lenguaje soez no constituyen delitos”, añade el abogado.