A ningún colombiano se le puede negar o impedir el goce efectivo del derecho fundamental a la salud; sin embargo, esto no siempre lo cumplen todas las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
El pasado viernes, la Superintendencia de Salud ordenó, por un año, la intervención forzosa y administrativa de Famisanar EPS, luego de evidenciar el deterioro de sus indicadores financieros, el aumento de quejas de sus usuarios y el incumplimiento en la prestación de servicios a su población afiliada. Lea aquí: Más de 873 mil quejas contra las EPS: estos son los motivos más recurrentes
Ante ello, este medio le explica qué implica la intervención y qué pasará con la EPS y sus afiliados en la ciudad.
Detalles de la intervención
La decisión fue adoptada por el superintendente de Salud, Ulahí Beltrán López, tras una evaluación al desempeño de los componentes administrativos, financieros, jurídicos y técnico-científicos de la EPS, que llevó a concluir que no está cumpliendo con su objeto social, tiene dificultades crecientes para garantizar a sus afiliados el acceso a servicios en salud y ha elevado el riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con sus acreedores en el corto, mediano y largo plazo por el incremento de sus pasivos en más de 140% desde 2021.
Según la Supersalud, las insatisfacciones de los afiliados a la EPS vienen en aumento, llegando a 59.391 peticiones, quejas, reclamos y denuncias entre enero y junio de 2023, siendo las principales quejas las barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud como negación en la asignación de citas o consultas, la falta de oportunidad en la atención de servicios de salud y el no reconocimiento y pago de prestaciones económicas. Le puede interesar: Petro responde a EPS que alertaron sobre crisis financiera
En la evaluación del componente financiero de Famisanar, la Supersalud encontró un elevado riesgo de insolvencia y documentaron inconsistencias y falta de claridad y transparencia en los reportes entregados.
“En diciembre de 2022 la EPS reconoció pasivos de vigencias anteriores por $758.671 millones. Lo anterior implica que el resultado del indicador de Régimen de Inversiones al cierre de 2021 estaba sobrevalorado; es decir, si la EPS hubiese reconocido oportunamente sus pasivos, habría presentado un mayor incumplimiento en el indicador al cierre de 2021”, señaló la Supersalud.
El ente agregó: “Famisanar reportó de manera reiterada ante la Superintendencia de Salud información inconsistente, con fallas de calidad y transparencia, lo que impidió el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia y se enmarca en el incumplimiento del numeral 11 del artículo 130 de la Ley 1438 de 2011”.
¿Qué pasará con los usuarios?
La Superintendencia dio un parte de tranquilidad a los más de 20 mil usuarios de Famisanar en Cartagena, al señalar que con dicha medida el Gobierno lo que busca es garantizar la atención y mejorar las condiciones de prestación de servicios de la EPS. Los afiliados continuarán recibiendo sus servicios con dicha EPS, esto teniendo claro que esta fue intervenida y no liquidada; sin embargo, los usuarios que quieran pueden hacer uso de la libre elección de otra EPS.
“La intervención y toma de posesión de Famisanar no afecta la continuidad ni la atención de los afiliados. Los usuarios podrán acceder a los mismos servicios porque la medida que se tomó no es para liquidar la EPS ni terminar la prestación de los servicios, sino para mejorar esos aspectos que la Supersalud ha identificado como barreras de atención”, sostuvo la superintendente Delegada para Entidades Promotoras de Salud, María Isabel Ángel.
La Supersalud detalló que se designó como agente especial interventor al frente de la EPS a la administradora Sandra Milena Jaramillo, quien deberá empezar a cumplir 14 órdenes dadas para garantizar el derecho a la salud de los afiliados de Famisanar.
Entre las órdenes que debe cumplir el agente especial interventor al frente de la EPS están:
- Implementar y ejecutar las acciones del plan de mejoramiento, definidas para subsanar los hallazgos de la auditoría realizada a las condiciones de habilitación y reportar periódicamente la información de avances conforme a la metodología definida por la Dirección de Inspección y Vigilancia.
- Implementar y ejecutar estrategias que impacten el estado de salud de los afiliados de acuerdo con el modelo de atención en salud.
- Resolver de fondo las reclamaciones en salud interpuestas por la población afiliada, con especial atención en las clasificadas como “riesgo vital” y solucionar aquellas que se encuentran pendientes.
- Evaluar y operativizar la red de prestadores de servicios de salud de tal forma que permita a la población afiliada acceder a los servicios de salud en condiciones de oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad.
- Cumplir con las condiciones financieras y de solvencia (capital mínimo, patrimonio adecuado y régimen de inversión de las reservas técnicas), ejecutando estrategias para el fortalecimiento patrimonial.