Con el objetivo de preservar el orden público en la ciudad, la Alcaldía de Cartagena oficializó ayer el Decreto 0866 del 7 de junio de 2022, que restringe en más de 120 barrios el horario de funcionamiento de los establecimientos de comercio que expendan, distribuyan o en donde se consuman bebidas alcohólicas.
En el documento de 34 páginas se establece que la medida regirá por el término de un año, entre las 10:00 p. m. y las 12 m. del día siguiente, los domingos y lunes. De igual forma, se prohíbe la realización de bailes de picós o cualquier tipo de espectáculo durante los próximos tres meses.
La medida, según el decreto, que está enfocada hacia barrios como Loma Fresca, Santa Rita, El Pozón, Arroz Barato, Los Cerezos, entre otros, ya causa rechazo entre comerciantes y organizadores de bailes ante las afectaciones económicas que trae consigo dicha disposición. Conozca la lista de barrios aquí
Félix Ortega, administrador de un sitio de bebidas en El Pozón, expresó a El Universal que el nuevo decreto perjudica sus ventas, en especial tras superar dos años de pandemia.
“Esta medida no nos sirve así en ese horario porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar hasta la 1 de la mañana. Si nos quitan esta oportunidad, vamos a quebrar. Esperamos que quiten este decreto porque ya salimos de una pandemia que nos dejó afectados”, dijo Ortega.
Maryuris Atencia, administradora de una terraza/bar, expone que la medida afectará tanto a su familia como a las familias de sus empleados. “Son dos horas que nos quitan y esto nos afecta. Nosotros abrimos a las 10 de la mañana, por ejemplo, y en la noche vamos hasta las 12, y esas horas son importantes para las ventas”, dijo.
“La medida afectará nuestras ventas y eso incluye también los servicios públicos, pago de arriendos y trabajadores. Además, en Cartagena las personas están acostumbradas a departir después de las 10 de la noche”, expresó Dimas Álvarez, otro comerciante.
“Se afecta nuestro derecho al trabajo”
Aunque no desconocen la compleja situación de seguridad por la que atraviesa Cartagena, los dueños de picós y organizadores de bailes manifiestan su inconformidad frente al Decreto 0866.
“La medida se hizo sin un estudio previo de lo que está sucediendo. Todos sabemos que el sicariato en la ciudad está disparado y la mayoría de los asesinatos se registran en el horario de la mañana, cuando no hay ningún tipo de actividad o baile. En ninguno de estos escenarios ha ocurrido una tragedia, gracias a Dios. Están afectando nuestro derecho al trabajo, esto va a causar muchas pérdidas tanto a organizadores como a propietarios de discotecas”, indicó David Borrás, organizador de salseros.
David Borrás, organizador de salseros.
Por su parte, Leonardo Iriarte, propietario del picó El Rey de Rocha, dejó claro que no es la primera vez que desde el gobierno local se impone esta medida a los bailes de picó por el aumento de riñas y homicidios en la ciudad.
“Durante muchos años siempre han tratado de hacer lo mismo, pero los bailes de picó no tienen la culpa de lo que sucede en la ciudad y en el país. Ya los picós no solo hacen parte de la cultura, ya hacen parte del trabajo. Mucha gente depende de estos eventos. Si analizamos bien, en un evento de picó no se han presentado inconvenientes desde hace muchos años. Lo que pasa con el tema de la inseguridad y los sicariatos en la ciudad no tiene nada que ver con los eventos”, sostuvo.
Las razones de la medida
La secretaria del Interior, Paola Pianeta Arango, explicó que la aplicación del Decreto 0866 responde al clamor ciudadano por el tema del ruido y el descontrol que causan algunos eventos y bailes de picó.
“Aclaramos que desde la administración no estamos estigmatizando los bailes con picó. Entendemos que esta es una forma de recreación y de cultura para toda la ciudadanía cartagenera. Sin embargo, hay una propagación de establecimientos que muchas veces no cuentan con los permisos establecidos, entre ellos los de las Junta de Acciones Comunales, y están realizando eventos en muchísimos barrios y esto está perjudicando el descanso y la sana convivencia al interior de nuestras comunidades”, dijo.
Agregó que la elección de los barrios donde entra en vigencia la medida se da como resultado de un análisis de la Policía Metropolitana de Cartagena en las comunidades que registran el mayor número de homicidios por intolerancia.
En cifras
Hasta el 31 de mayo se registraron 150 homicidios en Cartagena. En junio, a corte del octavo día, iban 8 homicidios en la modalidad de sicariatos en la ciudad.
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