El pasado 21 de noviembre, mientras miles de ciudadanos marchaban en el marco del paro nacional, un fuerte incendió en Playa Banca, Barú, consumió cinco cabañas en su totalidad, dejando pérdidas millonarias y evidenciando una vez más la falta de medidas de seguridad en este lugar tan turístico.
Este hecho dio paso a que la Procuraduría General de la Nación enviara un oficio al alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, instando a que no se permita la reconstrucción de estas cabañas toda vez que obedecen a construcciones que “ocupan ilegalmente terrenos de baja mar, propiedad de la Nación” y cuya reconstrucción sería “la prueba máxima de la desidia del Distrito”.
De igual manera se menciona la falta de acciones por parte del gobierno Distrital para ejercer controles en esta área.
“La Procuraduría General de la Nación ha exigido en varias ocasiones a la Alcaldía de Cartagena, que con base en los informes de la Dimar, elabore un plan concreto para efectuar las recuperaciones y destine los recursos necesarios para los operativos requeridos, pero nunca la alcaldía dio respuesta a nuestros requerimientos, al punto que ni siquiera se creó un rubro en el presupuesto del Distrito para dar cumplimiento a sus competencias policivas de recuperación de playas y zonas de baja mar”, dice la misiva.
Sobre el argumento del amparo que se le debe dar a las comunidades étnicas que habitan y tienen sus negocios en la playa, la Procuraduría ha dicho que si bien no los desconoce y se debe velar por sus derechos, también es cierto que el territorio se ha visto invadido de foráneos.
Además, recalca que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en una decisión de tutela de segunda instancia, le impuso (a la alcaldía) la obligación de efectuar un censo de los miembros del Consejo Comunitario de Playa Blanca y a la fecha no se ha comunicado oficialmente si la Alcaldía Distrital ha llevado a cabo tales acciones.
“La situación actual de Playa Blanca es una vergüenza nacional, zonas de playas ocupadas en su mayoría por particulares no nativos, que han construido con materiales que han ingresado a la zona sin control alguno, que explotan económicamente un bien público, degradando el ambiente”.
El procurador delegado para Asuntos Ambientales, Diego Fernando Trujillo Marín, quien envió la misiva, recordó el daño ambiental que durante años se ha denunciado y pidió que envíen los expedientes correspondientes en los que consten los requerimientos realizados a las autoridades distritales, al igual que las mesas de trabajo realizadas y los compromisos incumplidos para definir las actuaciones disciplinarias y/o judiciales pertinentes ante omisión de obligaciones por parte del Distrito.
“Las lagunas costeras se convirtieron en cloacas en las que los “propietarios” de la playa realizan vertimientos diariamente, el coral se afecta por actividades náuticas no autorizadas, las tortugas no pueden desovar en la playa porque los ocupantes les han cerrado el acceso a la misma y la acción del Distrito se circunscribe a controlar el ingreso a la playa y recoger los residuos sólidos que se generan por ocupaciones que no deberían existir en Playa Blanca”, indicó.
Responde el alcalde
Ante la solicitud y el llamado de atención de la Procuraduría, el mandatario de los cartageneros manifestó ser respetuoso de las decisiones de los organismos de control.
“Daremos las explicaciones necesarias en lo que se ha hecho Playa Blanca en todo este tiempo del encargo, y rendiremos el informe respectivo de todas nuestras actuaciones en las competencias que tiene el Distrito de Cartagena”, afirmó Pereira Caballero.
El alcalde recordó que la zona está bajo la competencia de varias autoridades, tales como Cardique, ANLA, Parques Naturales y Dimar.
“Todos hemos venido trabajando por las dificultades de este importante sector de la ciudad, de tal manera que recibimos la comunicación y rendiremos las explicaciones necesarias. Seguiremos realizando el trabajo que hemos venido efectuando, de cierre, de carga, de visitas, de inspecciones, labores policivas, y demás”.