El decreto distrital del 31 de agosto de 2020 es claro: a partir del 1 de septiembre se abrirían numerosos sectores como restaurantes, hoteles y hasta el sector náutico, pero seguiría prohibido desembarcar en las islas. ¿La razón? Por su misma característica geográfica, la zona insular de Cartagena ha permanecido libre de COVID-19. Nativos aseguran que se han dado unos cuantos casos, pero que ya se encuentran recuperados, por lo que en general en las islas no hay ningún activo.
Este panorama y la débil red hospitalaria en la zona insular para atender una eventual emergencia, fueron los motivos de parte del Distrito para no permitir aún el acceso, ya que la misma comunidad expresó esta preocupación.
“Queremos seguir protegiendo a toda esta zona que no ha tenido problemas de contagio y ellos también quieren eso. Hemos adelantado procesos de conversación y reuniones para oírlos y ver cómo están pensando la reactivación de las islas cuando sea el momento”, expresó el secretario del Interior, David Múnera.
De esta manera se vienen coordinando mesas de trabajo con la comunidad, de tal manera que la reactivación sea segura, ya que de igual manera los estragos económicos de la pandemia y la falta de turismo también han perjudicado en gran medida a los nativos.
“A nosotros nos pareció bien el anuncio que hizo el alcalde porque está velando por la seguridad de nuestra comunidad, pero por otro lado también está la empleabilidad de los nativos que vivimos del turismo. La semana pasada estuvo el gerente de playas con nosotros para que los restaurantes comenzaran con su protocolo de bioseguridad, de tal manera que, cuando el alcalde dé permiso para abrir, ya tengan listos los protocolos”, expresó Ana María Coneo, representante legal del Consejo Comunitario de Punta Arena, quien anota que son 27 restaurantes de nativos los que están en este proceso.
De igual manera, ya varios hoteles ubicados en el sector han presentado su protocolo ante la Alcaldía y han sido aprobados, por lo que solo están a la espera del nuevo decreto que les permita operar.
“Estamos a la expectativa de que den luz verde en cuanto al tema de la regulación de las playas y el transporte marítimo, para poder hacer los desembarques en los diferentes lugares. Esperamos que todo se lleve a cabo lo antes posible, porque las necesidades económicas de la zona insular, los hoteles y los nativos que hacen parte del empleo, así lo requieren. Es desesperante la situación y ya han sido cinco meses de preparación para esto”, señaló Jorge Rodil, del hotel Isla del Encanto.
“Todos nos basamos en la Resolución 666 emitida por el Ministerio de Salud, donde se dan las pautas para poder implementar los protocolos de bioseguridad y mitigar o eliminar estos focos de infección para poder atender de manera saludable y sana a los huéspedes que nos visitan, tanto nacionales como extranjeros, de tal forma que no haya contaminación ni para ellos ni para las personas que trabajan en el hotel”, añadió.
Cabe resaltar que en la zona insular la actividad económica predominante es el turismo y son muchos los habitantes que dependen de él, por lo que esperan que pronto se dé una reapertura para reactivar sus economías sin comprometer de igual manera el estado sanitario de su comunidad.
A pesar del acompañamiento que ha venido realizando el Distrito en el tema de las ayudas humanitarias durante la pandemia y la creación de los protocolos para la reactivación, el verdadero clamor de los habitantes radica en que puedan intervenir los centros de salud, los cuales se encuentran funcionando en casas alquiladas o como en el caso de Barú y Bocachica, se han convertido en elefantes blancos tras la promesa que les hicieron de una remodelación en 2015 durante el gobierno del exalcalde Dionisio Vélez.
“Nos preocupa mucho nuestro puesto de salud, en la casa donde se prestan los servicios ya el señor está anunciando que puede cerrar porque se deben unos meses de arriendo, por lo que pedimos que vayan a verificar y no nos hagan el cierre de nuestro puesto de salud”, dijo Ana María Coneo, de Punta Arena.
Cabe anotar que en la zona insular ninguno de los centros de salud cuenta con médico permanente y en el caso de urgencias deben irse en lancha hasta el hospital Bocagrande, o en el caso de islas más lejanas, como el Islote de San Bernardo o Isla Fuerte, recurrir a departamentos como Sucre o Córdoba, que quedan más cerca por mar.
Tampoco hay ambulancia acuática que preste este servicio, por lo que cada urgencia es un riesgo.
De toda la zona insular, el único CAP que se encuentra priorizado para reanudar sus obras este año es el CAP Barú, teniendo en cuenta que allí la atención médica es nula y los habitantes deben trasladarse a poblaciones cercanas como Ararca o Santana para recibir atención.
Sin embargo, esperan que eventualmente los demás centros de salud puedan ser intervenidos y dotados conforme a las necesidades que requiere esta población.
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