Las razones de la Defensoría para demandar tres artículos del PND

07 de septiembre de 2019 10:00 AM

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A los gobernadores del Caribe colombiano no les cayó nada bien la acción pública de institucionalidad que ante la Corte Constitucional interpuso el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, contra la Ley 1955 de 2019, que expide “El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, en sus artículos 313, 315 y 316.

En la acción pública que transita en la Corte desde el 21 de agosto, el defensor busca que se declare inexequible el paquete de iniciativas y disposiciones que aseguran la prestación eficiente del servicio de electricidad en la región Caribe, hecho que a juicio de los mandatarios departamentales, puede enredar jurídicamente el proceso contra Electricaribe y debilitar los beneficios que busca el Plan de Desarrollo.

En el documento de 40 páginas, la Defensoría detalla los argumentos jurídicos y jurisprudenciales, frente a los tres artículos demandados.

El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i - usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii - sectores industrial y comercial, y iii - usuarios no regulados del servicio.

El artículo exige que el cargo adicional debe ser recaudado por las empresas comercializadoras de electricidad y deben girarlo directamente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para apalancar financieramente la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Para la Defensoría, el cargo creado en este artículo es un impuesto y no una sobretasa; “se trata de una prestación definida unilateralmente por el Estado, puesto que no está sometida a ninguna expresión de la voluntad de los sujetos pasivos del cobro”.

Igualmente señala que “las sumas pagadas por los contribuyentes, sujetos pasivos del impuesto creado en el artículo 133, no ingresará al presupuesto general de la Nación, para que su destinación se establezca anualmente en la ley correspondiente, sino que entrarían directamente a financiar la actividad del Fondo Empresarial”.

artículo 316

El artículo 316, sobre “Términos y condiciones de las medidas de sostenibilidad”, detalla los términos y las condiciones para que la Nación pueda tomar una o más cuentas por cobrar de Electricaribe, como contraprestación por asumir el pasivo pensional de la compañía. En este sentido, la Nación podrá constituir un documento Conpes, que determine el monto de las cuentas por cobrar y los mecanismos para actualizar dichos montos hasta la fecha en la que la Nación asuma de manera efectiva los pasivos pensionales y prestacionales de la empresa.

Para el Defensor del Pueblo, los artículos 315 y 316 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), contravienen la prohibición del artículo 355 constitucional, “puesto que establecen la transferencia de recursos estatales en favor de una empresa con carácter privado, transgrediendo reglas desarrolladas por la Corte Constitucional para la entrega de dichos recursos a los particulares”.

En otras palabras, la entidad establece que “los dineros con los que la Nación cubra el monto total de las obligaciones asumidas, no tendrán una repercusión directa en la calidad, continuidad y expansión en la prestación del servicio de energía eléctrica, en favor de la población de la Costa Caribe, sino que su finalidad directa será la de pagar obligaciones que corresponden al giro ordinario de las actividades de Electricaribe S.A. E.S.P.”.

“Las medidas desarrolladas por el Gobierno en ambos artículos vulneran el principio de igualdad puesto que, “aun cuando persiguen un fin constitucionalmente legítimo que es el de garantizar la prestación del servicio en la región Caribe, tales medidas no resultan constitucionalmente admisibles”, señala esta entidad.

artículo 315

El artículo 315 sobre, “Sostenibilidad del servicio público mediante la asunción de pasivos”, que tiene cuatro parágrafos, autoriza a la Nación para “constituir patrimonios autónomos o una o más sociedades por acciones para que se encarguen de administrar y atender el pasivo pensional”; “para la gestión y el pago del pasivo pensional y prestacional, la Nación constituirá el patrimonio autónomo (Foneca) cuyo objeto será recibir y administrar los recursos que se transfieran”. El articulo autoriza a la Nación a asumir de “manera directa o indirectamente” el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe, que corresponde a la totalidad de las pensiones y cesantías.

La norma prevé, que la Nación o el fondo empresarial podrán cancelar garantías, condonar y extinguir obligaciones; expone en su parágrafo 4, que ninguna actuación por parte de la Nación podrá interpretarse como reconocimiento de responsabilidad por la situación de Electricaribe.

artículo 313

El artículo 313, señala: “Sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al Fondo Empresarial en el Territorio Nacional” y establece la creación de una sobretasa nacional de $4 por kilovatio/hora consumido, hasta el 31 de diciembre de 2022, que deberá ser pagada por: i - usuarios del servicio de energía eléctrica de los estratos 4,5 y 6, ii - sectores industrial y comercial, y iii - usuarios no regulados del servicio.

El artículo exige que el cargo adicional debe ser recaudado por las empresas comercializadoras de electricidad y deben girarlo directamente al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para apalancar financieramente la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Para la Defensoría, el cargo creado en este artículo es un impuesto y no una sobretasa; “se trata de una prestación definida unilateralmente por el Estado, puesto que no está sometida a ninguna expresión de la voluntad de los sujetos pasivos del cobro”.

Igualmente señala que “las sumas pagadas por los contribuyentes, sujetos pasivos del impuesto creado en el artículo 133, no ingresará al presupuesto general de la Nación, para que su destinación se establezca anualmente en la ley correspondiente, sino que entrarían directamente a financiar la actividad del Fondo Empresarial”.

“No habría nuevo operador”

La actuación del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, sorprendió a los gobernadores costeños quienes manifestaron su rechazo y expresaron que se entorpece el proceso de escogencia de un nuevo operador.

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, considera que la demanda de la Defensoría beneficia a la empresa que más daño y perjuicio le ha causado a los habitantes del Caribe.

“La demanda debería ser contra Electricaribe por los perjuicios, los daños, las pérdidas económicas, y tantas cosas que a lo largo de 10 años nos ha tocado resistir y sobrevivir. Ante esta acción hemos solicitado al defensor una espacio para que escuche nuestros argumentos y proceda a retirar esta demanda al PND”, dijo.

Turbay explica que si esta acción judicial llega a prosperar no habría un nuevo operador que reciba las llaves de la empresa de energía eléctrica.

“No habría nuevo operador, no habría forma de consolidar esta convocatoria que se ha hecho y, que por información del Gobierno Nacional, en el mes de diciembre se adjudique la empresa a el o los nuevos operadores”.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, señala que la demanda es una mala señal para los inversionistas que están interesados en operar el sistema de energía en la región Caribe.

“La búsqueda del operador no ha sido fácil, se ha demorado. Nos habíamos puesto la meta de que el 4 de octubre ya estaba escogido y no vamos a cumplirla, porque ya se está solicitando que se amplié este plazo hasta finales de diciembre, porque los posibles interesados están solicitando más información, pero lo que sí está claro es que esta incertidumbre no genera la confianza necesaria para que esos operadores se atrevan a apostarle a la región Caribe y a Colombia como un sitio donde tiene que invertir ocho billones de pesos”, indicó.

Por su parte, Mónica Fadul, directora de Fenalco, expresó que desde el gremio “llamamos la atención en su momento, oponiéndonos a la sobretasa que pagarán los estratos 4,5 y 6, y comercial e industrial , frente a un servicio que tiene más de tres años de deterioro, pero sin perjuicio de ello, no es menos cierto que en el Plan de Desarrollo se contempla todo un esquema de facilitación para la escogencia del nuevo operador, lo cual es tan necesario como urgente”.

Solicitan reunión

El gobernador Dumek Turbay anunció que solicitaron para el próximo lunes 9 de septiembre una reunión con el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, para que conozca los argumentos sobre el por qué se hace necesario adjudicar la operación de Electricaribe a una nueva empresa para la región Caribe.

Como se recordará, el pasado 28 de agosto, la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño, indicó que, de acuerdo con el cronograma, Electricaribe sería entregado al nuevo operador entre marzo y abril de 2020.

Dicho cronograma establece que los días 3, 6 y 12 de diciembre se realizarán las subastas, y el 25 de noviembre será el último plazo para la recepción de las propuestas por parte de las seis empresas calificadas.

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