“Las tierras se han comprado a poseedores legítimos”

17 de junio de 2019 12:00 AM
“Las tierras se han comprado a poseedores legítimos”
Caro Rodríguez sostiene que tiene 100 personas trabajando en la isla y de 12 a 15 cuidando las propiedades en la noche, además de 3 o 4 personas trabajando todo el día. //Cortesía

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Aún no se deja de hablar de las denuncias de los nativos del corregimiento de Bocachica, que está en la isla de Tierrabomba, sobre adquisiciones de tierra de manera ilegal. Estos argumentan que foráneos se han apropiado de terrenos que heredaron de sus antepasados sin que ellos los hubieran vendido.

Precisamente, en la edición de este diario del 4 de junio del presente año, en nota titulada “En Bocachica dicen que no aguantan más invasiones”, publicamos que una de las personas que más hectáreas tiene en esa zona “sin ser nativo”, es José Vicente Caro Rodríguez, a quien han llamado el Árabe, aunque este dice que no es del Medio Oriente.

Según varios habitantes de Bocachica, Caro Rodríguez habría adquirido sus terrenos de manera ilegal, sin embargo, él mismo asegura a través de su apoderado que es falso lo dicho por los nativos. “No tengo ninguna prevención, ni siquiera contra los que declaran estas falsedades. Nada de lo que han dicho sobre mí es cierto”, explicó Caro en entrevista con El Universal.

Caro dijo también que no responde a ningún sobrenombre. “Tal afirmación desdibuja y daña el nombre que con trabajo y esfuerzo he construido como hombre de familia y de empresa. Sucede que cuando llegué a Bocachica me tapaba todo para protegerme del sol y por eso será que me dicen así”, explicó.

Historia de la hacienda Cárex

Uno de los terrenos en disputa, y sobre el que hablan los nativos es el de la hacienda Cárex, que mide más de 1.200 hectáreas y está en Tierrabomba. Entre los nativos quejosos está Esteban Guerrero Angulo, quien sostuvo que esta es una tierra muy apetecida por su extensa área y que Vicente ha comprado terrenos allí también.

No obstante, Camilo López, abogado de Caro Rodríguez, asevera que las cosas no son como las plantea el nativo.

“Las personas que sirvieron de fuente en la nota hacen parte del proceso, específicamente el señor Esteban Guerrero. Ellos promovieron el proceso divisorio y pretenden dividir toda la hacienda Cárex, de la cual ellos no tienen nada, ni una sola hectárea”, dijo.

El abogado informó que los nativos se presentan como herederos, pero explica que el juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, el 29 de marzo del año en curso, decretó nulidad de lo actuado y no admitió la demanda por carecer de elementos probatorios.

“El juzgado se da cuenta que ellos en ninguna parte acreditan su calidad de herederos y dentro del proceso cometen una irregularidad, y es que mutan la calidad del proceso divisorio. Además, no determinaron contra quién iba la demanda, no sabían si el bien era privado o de la Nación, hoy sabemos que es privado por la resolución del Incoder (actualmente la Agencia Nacional de Tierras). Obviamente ellos tienen un interés y al caerse esto buscan la manera de retrovertir esta situación por todos los medios”, explicó el jurista.

Proyecto Atolón

Se trata de la construcción de un hotel que, según los nativos, está en predios de la hacienda Cárex, donde dicen ser dueños de terrenos por tener la escritura pública No. 1329 de 1929, de la Notaría Primera de Cartagena; según ellos, el hotel “ha sido edificado violando la normatividad legal”.

Sin embargo, a juicio del abogado de Vicente Caro, los terrenos donde se está desarrollando el proyecto hotelero no tienen nada que ver con las posesiones que los nativos dicen tener, sin embargo, involucran toda la hacienda.

“Fueron creadas unas sociedades comerciales que se llaman herederos de Cárex 1 y 2, que son sociedades mercantiles, pero con el nombre que le pusieron, quieren acreditarse como herederos”, dijo el abogado.

Según Caro Rodríguez, “desde el año 2005 he venido adquiriendo a título personal, y como representante de la sociedad comercial Natturale y Cía S.C.A. y Natturale Hotel S.A.S. en la isla de Tierrabomba, extensiones de terreno a título de compraventa a nativos y poseedores a nombre propio”.

Aseguró que las negociaciones se han efectuado a través de la oficina de registro de Instrumentos Públicos (escrituras), en notarias de Cartagena, y reflejan el valor entregado a cada uno de los vendedores; no obstante que el abogado señalo dos escrituras de venta, El Universal buscó en las notarías y solo encontró una de venta de posesión.

“Las adquisiciones se han hecho de buena fe, no he recurrido a prácticas comerciales indebidas y entiendo, sin equivocarme, que eran poseedores de los predios legítimos durante muchos años y que procedían de buena fe”, manifestó Vicente.

El disgusto de los nativos es que tienen más de 40 años de estar viviendo del turismo en las playas de Bocachica, pero dijeron que los quieren sacar de ese sector con la construcción del hotel.

“En este proyecto hemos generado más de 250 empleos directos y más de 200 empleos indirectos para los habitantes de la isla. Esto lo omite el señor Guerrero Angulo, cuando lo cierto es que nunca ha existido en la isla una empresa o persona natural que haya generado este tipo de espacios que benefician a la comunidad”, afirmó Vicente.

Permisos en regla

Caro ratificó que el proyecto cuenta con todos los permisos “ambientales y las autorizaciones para su desarrollo, cumple con la normatividad arquitectónica y estructural. Hemos sido visitados por las autoridades ambientales municipales y nacionales. Imagínese que no se haya hecho estudio de resistencia en una construcción de 40 mil millones de pesos”.

Otra de las quejas de los nativos es que el proyecto está en zonas de bajamar. Caro dijo que solicitó un estudio de jurisdicción a la Dirección General Marítima el 18 de julio de 2017. El documento de la DIMAR, entregado por el peticionario dice expresamente que “el área consultada de 2 hectáreas 4.885 metros cuadrados, comprende 8.846 metros cuadrados en terrenos con características técnicas de zonas de playa, bajamar y/o aguas marítimas”, pero el abogado de Caro argumenta, que sobre esa zona no hay ninguna construcción.

Vicente Caro señaló que sí se hizo una consulta previa con la comunidad para presentar el proyecto, pero que los nativos argumentan que se debieron respetar los usos y costumbres de las comunidades, y que la consulta se hizo cuando ya el proyecto había sido adelantado.

Aunque la consulta previa está prevista por mandato legal, como obligatoria para las comunidades étnicas, y se trataría de nativos afrodescendientes, según Vicente Caro no había esa obligación. “Nosotros no teníamos la obligación de informar a ellos que íbamos a hacer un hotel, pero se hizo un convenio entre toda la comunidad y nosotros antes de la construcción. El señor Esteban Guerrero y dos personas más están haciendo un manejo ilícito. Él mismo participó en la consulta y constató el visto bueno de la comunidad al proyecto”.

El abogado acotó lo siguiente: “Como es un bien privado, no había la obligación, porque no está dentro del territorio de ellos, sino afuera. Tenemos la posesión material y estamos en trámite de legalizar la propiedad, pero ya llevamos más de 10 años a título personal en esto”.

¿Posible homónimo?

Indicaron también que el señor Ignacio Miranda, una de las fuentes consultadas por este medio para publicar el artículo del 4 de junio, vendió sus terrenos en el año 2008 a la sociedad comercial Inversiones Estela del Sur y Cía. Ltda, y que según la Escritura Pública de venta de posesión, recibió 250 millones de pesos; Natturale y Cía S.C.A. adquirió el 12 de noviembre de 2014, un terreno de mayor extensión que involucra el terreno vendido por el señor Miranda.

Aquí vale resaltar que al revisar el derecho de posesión, el nombre de quien vendió fue Ignacio Miranda Martínez y la persona que habló en la nota periodística se llama Ignacio Miranda Julio.

Para terminar, Caro Rodríguez destacó que “con el hotel la comunidad va a tener una participación anual en la rentabilidad, va ser un porcentaje no muy amplio, pero le vamos a participar mientras dure el hotel, eso es lo más importante para ellos. Se lo ofrecimos para que hubiera una compensación”. El lío por estas tierras sigue. Se trata de un tema preocupante, no solo en Cartagena, sino en el resto del país, sobre todo porque las mismas comunidades reclaman al Estado y acuden a los medios de comunicación.

Uso de mangle
Respecto del uso de mangle en el proyecto del hotel de Tierrabomba, Caro dijo que han utilizado diferentes variedades, que han sido adquiridas con distribuidores comerciales. La comunidad sostuvo que han utilizado mangle rojo y que esta especie no se ve en el corregimiento. “Acaso nosotros manejamos las instituciones del Gobierno del agua o tenemos injerencia dentro de Guardacostas. Tengo la prueba donde no está prohibido lo del mangle y además nosotros no lo talamos”. Indicó que el uso del mangle está restringido en algunas zonas del país, pero que también hay zonas que permiten que sea aprovechado. “Hay asociaciones de pescadores y mangleros en Sucre y Córdoba que están autorizados para vender el producto comercialmente. La autoridad ambiental ha ido al proyecto a revisar eso muchas veces”, culminó diciendo Caro.

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