Tras siete años de caos en la Alcaldía, entre destituciones e interinos, el período 2020 – 2023 podría significar el regreso a la estabilidad administrativa para Cartagena. Se acabarían los períodos cortos, volvería a haber una sola visión de ciudad durante cuatro años y el alcalde tendría plena facultad, además del tiempo suficiente para terminar los asuntos pendientes de los gobiernos anteriores.
Con esto dicho, no es poco lo que quedó pendiente de esos siete años de crisis, y muchos de los asuntos que han quedado sin completar son de suma importancia. Estos son algunos de los temas pendientes que el próximo alcalde deberá resolver:
El POT de Cartagena está vigente desde el 2001. En ese documento están delimitados todos los predios de la ciudad junto con sus usos. Permite diagnosticar con más facilidad el grado de desarrollo urbanístico de un territorio e identificar cuáles son necesidades y posibilidades; en otras palabras, sirve para decir cómo y hacia dónde debe crecer la ciudad.
Este documento se actualiza cada tres periodos y debía ser modificado durante la administración de Manuel Vicente Duque, quien contrató con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) los estudios previos que se requerían. Sin embargo, el exalcalde fue removido del cargo por investigaciones por corrupción y el POT quedó abandonado. La falta de una versión al día de este documento se ha prestado para toda clase de irregularidades, principalmente construcciones ilegales como Portales de Blas de Lezo II, y también ha provocado que sea imposible actualizar otros planes importantes para Cartagena.
Los productos que Fonade entregó fueron deficientes y un escándalo de corrupción acabó con el ente. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio) lo reemplazó y es con ella que el Distrito deberá liquidar el convenio. “Ya enviamos el acta de liquidación total bilateral y estamos esperando que Enterritorio lo firme para acabar con el contrato”, explica el alcalde Pedrito Pereira.
El PGDR registra todas las amenazas ambientales y antropológicas que la ciudad posee, como inundaciones, problemas de suelo y fuentes de contaminación. A pesar de que la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres se ha encargado de recopilar información con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para una actualización futura del documento, no pueden publicar una versión definitiva hasta que el POT no sea actualizado.
El PMDP, entretanto, registra la red hídrica y de acueductos de Cartagena, las zonas necesitadas de canales, alcantarillado o sistemas de drenado y los puntos que presentan amenaza de inundación. Al igual que el PGDR, su actualización efectiva depende del POT.
Hay 12 centros de salud en Cartagena con obras paralizadas desde hace tres o cuatro años. Algunos de ellos todavía son terrenos baldíos. Dos consorcios, Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios (Coinses) S.A. y Salud Heroica S.A., tienen que ser reactivados para terminar de construir esos puestos de atención.
La historia de dichos contratos tiene su origen en la alcaldía de Dionisio Vélez Trujillo (2013 – 2015), quien prometió construir e intervenir 39 hospitales, luego los redujo a 25 (la Fiscalía lo investiga por las irregularidades de ese proceso). Manuel Vicente Duque priorizó 12 y entregó seis. Pedrito Pereira Caballero se encuentra realizando los trámites para reanudar los contratos de los consorcios, pero uno de estos, Coinses S.A., tiene un futuro legal incierto.
Si esta administración no logra ese objetivo, el próximo alcalde deberá cumplir con él.
Además de eso, siete centros de salud están en el limbo porque las anteriores administraciones definieron que los recursos para intervenirlos no alcanzaban. Algunos se encuentra en los barrios La Esperanza y Nuevo Bosque, el corregimiento de La Boquilla y la isla de Tierrabomba.
Comentarios ()