Es sabido por los cartageneros que la principal bandera del Gobierno de William Dau ha sido la lucha contra la corrupción y garantizar la transparencia, por eso una de sus primeras tareas al tomar las riendas de la ciudad ha sido escudriñar los recovecos de cada dependencia y contratación para conocer qué hay detrás de cada una, incluso días después de su posesión, durante la rendición de cuentas del empalme, aseguró que su equipo había encontrado varios hallazgos.
Hoy, cuando la ciudad se encuentra convulsionada por el coronavirus, la administración no ha claudicado en esa voluntad y gracias a eso hoy se conocen algunos resultados de esa labor fiscal.
A propósito de las ayudas que adelanta el Gobierno en medio de la pandemia para las familias más vulnerables de la ciudad, a través de diferentes programas, El Universal conoció un reciente informe sobre el programa Familias en Acción, en donde se halló, que durante las vigencias 2018 y 2019, hubo presuntas irregularidades o negligencias en su ejecución, por lo cual a la fecha más de 3.666 familias de Cartagena están suspendidas del pago. Pero además unas 31.519 familias que podrían recibir el incentivo, porque están inscritas, no lo reciben.
Los hallazgos son los siguientes:
De acuerdo con el informe, entre 2018 y 2019 el presupuesto establecido para el programa Familias en Acción supera al que se ha estado ejecutando en 2020. De igual manera se encontró una gran cantidad de personal contratado.
En este año se contrataron 187 personas para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la operación del programa. Dichos contratos establecían pagos entre $1.800.000 a $4.500.000 mensuales, para un valor total ejecutado de $540.000.000.
En esta vigencia hubo 180 contratistas, entre profesionales y de apoyo a la gestión, de estos había 46 profesionales con salarios entre 1.400.000 a 4.500.000 mensuales, es decir, $829.100.000. De igual manera se celebraron contratos por prestación de servicios de apoyo a la gestión con 134 personas con contratos entre los $1.100.000 a $2.700.000 para un total contratado de $1.332.600.000.
De acuerdo con la administración, este año se han contratado 33 personas por un valor total de $259.600.000, a través de 7 contratos de prestación de servicios profesionales y 26 contratos de apoyo a la gestión.
Con una proyección para operar al 100% y abrir nuevo punto en Bicentenario y contar con un punto móvil, de un costo de operatividad total no superior a $1.200.000.000.
En el informe se precisa que a la fecha 3.666 familias de Cartagena están suspendidas del pago otorgado por el Gobierno, debido a esto el Distrito está en alerta de ser sancionado.
Se explica que las suspensiones son una forma preventiva que busca verificar la información reportada en el SIFA (Sistema de Información del Programa Familias en acción), sin embargo, una vez se verifica la información con la documentación aportada por el beneficiario se levanta la medida de suspensión. Lo que resulta extraño para la administración es que, aunque se contrataron en las dos últimas administraciones una gran cantidad de recurso humano, estas no habrían iniciado procesos administrativos para subsanar las suspensiones de las más de 3 mil familias.
Según la ficha de seguimiento municipal de la Dirección Regional Bolívar del Departamento de Prosperidad Social, unas 31.519 familias que podrían recibir el incentivo, porque están inscritas, no lo reciben. Según el informe, en Cartagena hay 81.211 familias con potencial a ser inscritas, pero solo 72.201 hacen parte del programa y de esas solo 40.682 estarían recibiendo el incentivo.
Entre los hallazgos se evidenció además, que entre las 800 madres líderes, inscritas en el programa y que fueron escogidas en asamblea en el año 2018, algunas desconocen que están en esas bases de datos o no saben cuál es su rol, ni por qué están ahí y no tienen hijos en el programa.
Además ha habido dificultades en la depuración de la información de las madres líderes por lo cual solo se han ubicado 455 de las 800. En el informe se especifican 14 dificultades con la depuración de la información, entre esas están:
Que lo nombres y apellidos están incompletos, mal escritos y en algunos casos con un solo apellido, los números de contactos están desactivados, incompletos, son de otra persona o inexistentes, los documentos de identidad no corresponden con el titular y en algunos casos incompletos, las direcciones no corresponden a la actual y en muchos casos incompletas.
También se identificó que las matrices de salud y educación están desactualizadas e incluso algunos datos no se encontraron, lo cual hizo imposible hacer uso de la información que estas registraban y poner en marcha las actividades planificadas este año por el enlace municipal y el equipo de trabajo programa Familias en Acción. Debido a esto, la administración tuvo que solicitar información a las instituciones para recoger los datos nuevamente.
Se indica que en el informe de empalme, entregado por el anterior enlace de la administración solo se relacionan 6 sedes de punto de atención (Ciudadela 2000, Blas de Lezo, San Francisco, Chiquinquirá, Unidad de Víctimas y El Pozón) y sede principal (edificio inteligente). No relacionaron la sede n el Barrio España.
En esta sede, luego se hizo una visita y se encontraron cajas en el piso, con expedientes contractuales del programa de anteriores vigencias, sin ningún tipo de custodia, además fueron expedientes que al parecer tampoco fueron relacionados en el informe de empalme
Comentarios ()