Cartagena


Los peajes y la contradicción en los cálculos de la Tasa Interna de Retorno

Un auto de la Contraloría General del 2 de mayo de 2019, deja en evidencia cuatro cálculos distintos sobre la TIR, y en solo uno, el de la Contraloría Distrital, da como resultado un posible detrimento.

JULIANA DE ÁVILA ROMERO

04 de marzo de 2021 12:00 AM

El anuncio de un cálculo hecho por la Contraloría General de la República (CGR) en el que se evidencia un daño patrimonial de más de $300 mil millones por irregularidades en el contrato de concesión de peajes de Cartagena, causó todo un revuelo en las últimas semanas, afectando incluso el orden público.

Y aunque es apenas natural la indignación que genera tales afirmaciones, sobre todo cuando vienen de un ente de control, también hay que decir que este no es el primer cálculo que se hace en medio de la investigación de la CGR sobre los peajes de la ciudad, para determinar si la concesión ya recibió o no el 17,22% de la Tasa Interna de Retorno (TIR) pactada en su contrato con el Distrito.

Así como no es el primer cálculo, tampoco es el primer resultado, así queda expuesto en el Auto 428 del 2 de mayo de 2019, que tiene como objeto la “cesación de acción fiscal y archivo de proceso ordinario de responsabilidad fiscal”, en torno a la misma investigación sobre la TIR.

En este se evidencian cuatro cálculos, hechos por distintos profesionales, con respecto a la Tasa Interna de Retorno.

LOS PRIMEROS RESULTADOS

El primer resultado es el de la Contraloría Distrital, que dice que a enero de 2017 la TIR ya alcanzaba 17,71%, es decir, se había superado lo acordado en el contrato de concesión, y en ese sentido se había recaudado $3.500 millones más de lo pactado, siendo este el monto del presunto detrimento patrimonial.

Posteriormente, indica el auto, “por tratarse de un evento en que existen serios motivos de duda del órgano territorial de control, los cuales afectan su idoneidad para el caso, y sumado a que dentro del material probatorio que obra en el expediente no se encuentra de manera detallada cómo los profesionales que formularon el hallazgo génesis de la presente investigación calcularon el cumplimiento de la TIR en 17,71% (...) se decretó una nueva prueba oficiosa”, esta consistía en un informe técnico realizado por un contador público y un economista adscritos a la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar, pero luego fue modificado y finalmente el informe lo hizo un funcionario de la CGR, Jairo Rafael Cabrales.

Las conclusiones de este segundo informe indicaban que con el retiro del peaje Vikingos, en el 2014, se disminuyeron los recaudos, lo que significa que también se redujo el flujo de caja, lo que ocasionó un menor crecimiento de la TIR y a la vez una ampliación en el tiempo de recaudo. Indicaba que a corte de enero de 2018 la TIR alcanzada por la Concesión Vial Cartagena era de 15,8915% y para llegar a lo pactado en el contrato faltaban $151.847 millones.

Sin embargo, posteriormente Cabrales pidió la modificación de algunas cifras después de la revisión de los resultados, quedando así: a 31 de enero de 2018 lo que faltaba para llegar a la TIR no eran $151 mil millones, sino $125.969 millones. Así las cosas, la segunda conclusión fue que “no se han generado excedentes que constituyan un daño patrimonial”.

UN NUEVO INFORME

Como la diferencia entre los cálculos era evidente, en enero de 2019 se decretó nuevamente un informe técnico que tenía como objetivo revisar el cálculo y la metodología usada por Cabrales para llegar a la conclusión de que la TIR no se había alcanzado.

Mediante el Auto 039 de enero de 2019 se designó a Carlos Arturo Forero, funcionario adscrito a la dirección de vigilancia fiscal de la CGR, contador público y administrador financiero, quien el 21 de marzo rindió el informe concluyendo que “no se han generado excedentes que constituyan un daño patrimonial (...) Toda vez que el análisis y revisión a la metodología utilizada para la evaluación del proyecto, y que constituye la base sobre la cual se fundamentó este informe, permiten establecer que la TIR calculada a enero 31 de 2018, por aproximación, es del 15,89%, evidenciándose que la misma es inferior a la TIR pactada en el contrato de concesión”.

EL INFORME DE EDURBE

Después de tres resultados, dos que dicen que no existe daño patrimonial y uno que asegura que este superaría los $3.500 millones, se le pide a Edurbe certificar el estado de la concesión, a lo que la empresa respondió el 30 de abril de 2019, indicando que con corte a febrero del mismo año, la TIR alcazaba el 16,40%.

“Para alcanzar la TIR pactada se requiere, con corte a febrero de 2019, la suma de $35.705’954.619 a precios constantes de octubre de 1997, equivalentes a $116.749’082.935 a precios corrientes de 2019”, indicó Edurbe.

Así las cosas, los directivos colegiados que integran la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar manifestaron que “no tendría sentido tramitar todas las actuaciones, si desde este momento se vislumbra la inexistencia del daño”.

El Auto 428 de 2019 finalmente resuelve cesar la acción fiscal, toda vez que el presunto hecho generador del daño, y mejor aún, el daño en sí mismo, no existió. Y ordena archivar el expediente.

INFORME DE 2021

Los resultados del más reciente cálculo se conocieron a inicios de este año, la Contraloría General de la República aseguró que el daño patrimonial generado por las irregularidades en la ejecución del contrato de concesión de peajes en Cartagena estaban en alrededor de los $300 mil millones.

“El daño pasó de $3.500 millones a $89.000 millones, a precios de 1997, que equivalen a $300 mil millones de pesos de hoy”, indicó el ente de control a través de un comunicado, al parecer haciendo referencia inicialmente a los hallazgos encontrados en 2018 por la Contraloría Distrital, los mismos que fueron rebatidos por dos informes posteriores.

“La CGR determinó inconsistencias en la información, soportes de costos y gastos de la operación, y realizó un nuevo cálculo de acuerdo con la Tasa Interna de Retorno pactada en el contrato de concesión como remuneración del concesionario, encontrando que la TIR se habría alcanzado en 2015”. El organismo de control vinculó al proceso de responsabilidad fiscal que adelanta por estos hechos, a 7 exalcaldes de Cartagena, varios exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, y exgerentes y exsubgerentes de Edurbe, quienes han sido llamados a dar explicaciones sobre los hechos generadores del detrimento fiscal.

Es necesario un peritazgo acucioso

Agustín Leal, abogado especialista en Derecho Público, asegura que uno de los problemas principales es que el contrato celebrado entre la Alcaldía de Cartagena y la Concesión Vial Cartagena se volvió demasiado oneroso para la administración, y que este estaría repleto de artilugios y vivezas que terminan perjudicando al Distrito.

“No se percataron, cuando el contratista presentó su propuesta, que el método universal de calcular el valor actualizado neto y el método universal de calcular la TIR implica que parta del año 0 (inversión subcero) y siempre es negativa; cuando el proponente hace sus cálculos, la presenta no desde el año cero, sino desde el 1 y es positiva, luego vienen los descuentos de la inversión, ese trastorno en la forma de calcular la TIR es el gran núcleo del problema”, indicó Leal.

“Antes que un detrimento patrimonial con efectos fiscales, lo que existe en el contrato de la Concesión Vial es un desequilibrio financiero en la balanza contractual, de proporciones gigantescas en contra del Distrito de Cartagena, por la forma leonina de elaborar los pliegos de condiciones, el contrato y los otrosíes”, explica el abogado. Planteada esta situación, Leal asegura que es imperativo que se haga un peritazgo acucioso a todo el contrato de concesión.