Este domingo 26 de julio es la tercera y ultima entrega del Libro Blanco de la corrupción de William Dau Chamatt.
Mediante una transmisión en vivo, el alcalde presenta a la ciudadanía los presuntos hechos de corrupción al interior de las dependencias del Distrito que conforman el grupo de Territorio, Seguridad y Convivencia.
7:15 p.m. Dau finaliza su intervención y se despide de los cartageneros que se conectaron a la transmisión que duró más de tres horas.
“Me despido, los quiero, y por ustedes voy a seguir trabajando hasta el último día de mi mandato y después seguiré luchando pos mis amados cartageneros”.
7: 12 p.m. El alcalde le pregunta a los entes de control en qué van las investigaciones contra el exgobernador Dumek Turbay.
7: 08 p.m. Continúa con casos que a su juicio merecen investigación como la presunta pérdida de dinero en Transcaribe, “sobrecostos y contratos leoninos”.
También recordó el escándalo de las pechugas a $40 mil del Programa de Alimentación Escolar que aún no ha sido resuelto y pidió intervención en la ESE Hospital local Cartagena de Indias.
“Los entes de control no han hecho nada. Ábranle el ojo, nosotros estamos preparando algo y los sacaremos más adelante”.
7: 03 p.m. Dau nuevamente pide acciones en el caso Aquarela.
“Fue denunciado con tiempo suficiente para detener la obra y las investigaciones no han dado resultados , el edificio ha sido el único sancionado pero qué ha pasado con las personas que permitieron eso, están muertos de la risa”.
También solicitó que los entes de control investiguen a los jueces que han dejado libre a personas por vencimiento de términos; que se determine si la Tasa Interna de Retorno en los peajes ya se cumplió y se sancione a Edurbe por de 14 obras civiles que quedaron incompletas, mal hechas o simplemente no se hicieron.
7:00 p.m. El mandatario continua con un listado de casos los cuales están pendientes y exige respuesta de los entes de control, como el presunto pago de pensiones con documentación falsa y sin el lleno de los requisitos, la elección de Nubia Fontalvo como contralora Distrital, y el escándalo por los edificios de Los Quiroz.
“Los Quiroz siguen campantes, hemos desocupado muchos de sus edificios, pagamos subsidios y quién paga las consecuencias es el Distrito, con la plata de los cartageneros. ¿Dónde están las autoridades para obligarlos a resarcir los daños causados?, dijo Dau.
6: 55 p.m. Dau cuenta que los resultados de los tres capítulos se presentaran en un libro que está siendo revisado por abogados especialistas, “para que cuando lo presentemos, las autoridades sean mas contundentes”.
Agregó que le siguen llegando denuncias y seguirá realizando “domingos de denuncias”.
6: 50 p.m. Los funcionarios terminan su presentación y el alcalde William Dau pasa a dar las conclusiones.
6: 37 p.m. El informe de las alcaldías es continuado por Adelfo Doria, quien estuvo encargado de la Localidad Industrial y de la Bahía durante los primeros meses de 2020.
Contó que la anterior alcaldesa, Patricia Zapata, hizo contrato a finales de 2017 con Edurbe para construir vías y canchas en 90 días por un costo inicial de $2.759 millones. “Los términos no se cumplieron, se extendió el tiempo y todavía en 2019 se estaban ejecutando obras de este convenio (...) Edurbe subcontrató las obras, se tuvo que adicionar más recursos y al final el convenio terminó costando $3.268. Además, este no fue liquidado”.
Doria agregó que no existen actas de entrega de estas obras porque muchas comunidades no las quisieron recibir.
6:30 p.m. Inicia una presentación de las tres alcaldías locales del Distrito. La primera en pasar es Kairen Gutiérrez, quien se desempeñó en los primeros meses del 2020 como alcaldesa de la Localidad de la Virgen y Turística.
Explica que esta es la localidad que más necesita ayuda pues el 25 % de la población vive en pobreza multidimensional y se concentran los 10 barrios con mayor tasa de homicidio.
Gutiérrez contó que halló cinco contratos con objetos contractuales y especificaciones iguales en la misma vigencia al igual que irregularidades en la contratación de obras para la malla vial.
6: 24 p.m. Agregó que en la dependencia también se dio una posible falta de garantía al principio de libertad de concurrencia y pluralidad de oferentes.
“Cuando se iban a hacer unos contratos podían criterios tan estrictos y cerrados que dejaban por fuera otras organizaciones que tenían toda la capacidad para concursar”.
6:12 p.m. Empezó su presentación Cielo Blanco, directora de la Escuela de Gobierno, hablando de un posible fraccionamiento de objetos contractuales.
Blanco señaló que hubo muchos contratos con Esales, y dio el ejemplo de un caso en 2017 cuando se firmaron dos contratos: uno con Gestión 21 por $68 millones y otro a la ONG GREEN por $68 millones.
“Se llevaron a cabo tres actividades y los dos contratistas entregaron los mismos productos, en el mismo evento y las mismas cantidades. Se evidencia una supuesta duplicidad de productos, lo que implica que si podían entregar lo mismo por qué no se hizo una sola contratación”, sostuvo la funcionaria.
6: 08 p.m. De igual manera explicó que se halló una estructura organizacional insuficiente para cumplir la misión y que más de 400 contratos de OPS se celebraron en la vigencia anterior por alrededor de $8.435 millones. “Se desconoce si la totalidad de estas OPS reflejan las albores útiles de la dependencia pues actualmente funcionamos con 134 OPS”
6:05 p.m Comienza su presentación el director del Establecimiento Público Ambiental, EPA, Javier Mouthon, refiriéndose a presuntas irregularidades en el presupuesto de la entidad que afectan su normal funcionamiento. Por ejemplo, el presupuesto para el arriendo de oficinas donde funciona la entidad es de $247 millones, sin embargo, el costo actual del mismo es de $420 millones.
Mouthon también habló de procesos en curso de los cuales no se recibió información de manera formal.
“La queja más continua es de los tiempos de atención de las solicitudes, y eso se viene acumulando desde hace varios años. Encontramos peticiones que no fueron respondidas en su momento y se encuentran pendientes en el tiempo”, afirmó.
6: 00 p.m. La funcionaria afirmó que se tomó una muestra aleatoria de 72 permisos de pico y placa y se encontró que fueron otorgados a personas y empresas que no tenían derecho, se le daban a familiares de funcionarios públicos y celebridades locales, los cuales no están exceptuados.
Agregó que se halló una falta de notificación de mandamientos de pagos. “Más de 23 mil mandamientos se profirieron pero no se realizaron las labores de cobro coactivo, y fácilmente conllevó a la prescripción de las multas de tránsito”, dijo Camargo.
También expresó que entre 2015 y 2019 no se estaba realizando el cobro de los intereses moratorios de los derechos de tránsito lo que constituye un detrimento en las arcas de la entidad.
5: 52 p.m. La directora del Departamento Administrativo Distrital de Transporte, DATT, comenzó hablando de los problemas fiscales de la dependencia.
5:47 p.m. El funcionario manifestó que encontró 565 contratos de Órdenes de Prestación de Servicios por más $3 mil millones.
Además, se refirió a un contrato firmado en 2019 por $600 millones para la elaboración de un software con una fundación.
“Para que este software pueda trabajar se necesitan $150 millones, es decir, al final terminaría costando $900 millones y la licenciatura costaría $80 millones al año. Llama la atención que este software hace es lo mismo que el que ya tenemos para manejar el RUV y además el Distrito cuanta con software gratuitos para manejar este tipo de información”, contó.
5:39 p.m. Ausberto Coneo, gerente de la Oficina de Espacio Público y Movilidad, hace una presentación explicando las funciones de la dependencia.
Prosigue a denunciar presuntas inconsistencias en el Registro Único de Vendedores, donde aparecen los vendedores informales que tienen el principio de confianza legítima
“Nos llamó la atención que de 3.407 vendedores registrados, 1.089 ya fueron compensados para que abandonaran el espacio público en obras de recuperación del mismo, principalmente cuando se intervino la troncal de Transcaribe. Presuntamente estas personas han regresado al espacio público y se escuchan rumores que el espacio público se alquila, por lo que estamos haciendo un estudio exhaustivo de esa base de datos“, afirmó Coneo.
5:25 p.m. El funcionario se refirió a obras en el sector de la educación, principalmente en el proyecto de la Institución Educativa San Felipe Neri.
El costo inicial de la obra era de $8.497 millones, “y hoy, por la mala planificación cuesta $15.922 millones y hay que reincorporar más recursos”.
El avance de la obra es del 41.83%. “Solo está la estructura y estamos haciendo lo presto para la consecución de los recursos y llevar a buen término este proyecto”, puntualizó Jácome.
5: 22 p.m. El secretario se refirió a las obras en los centros de salud que quedaron abandonados en 2015 y señaló que en las anteriores administraciones no hubo interés en sacar estos proyectos adelante.
“Nos estamos tragando un sapo al continuar con los mismos contratistas para poder cumplirle a la ciudad y sacar estos establecimientos adelante”, afirmó.
Jácome dijo que el contrato 002 - 2014, por un valor de $64 mil millones, buscaba construir 14 centros de salud, sin embargo, solo se podrán terminar cuatro y para eso se necesitan reincorporar $21 mil millones. “Los entes de control deben solucionar esto y decir con qué se sacarán adelante los otros 10 centros de salud”.
5:20 p..m. Inicia su presentación el secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome, refiriéndose a que la vía Campaña, que costó más de 17 mil millones, no se debió construir con recursos del Distrito si no de los dueños de los predios.
5:08 p.m. Inicia su intervención el secretario de Planeación, Guillermo Ávila.
El funcionario manifestó que se halló un contrato de consultoría adjudicado en 2018 para la formulación del PEMP y un plan de mejoramiento para la Boquilla, el cual tuvo un valor de $3.401 millones, sin embargo, se encontró que hay observaciones en la ejecución del mismo y la Contraloría lleva un proceso por presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $2.602 millones.
“Las ciudades son el resultado del accionar de los ciudadanos, por esa razón, esta administración está trabajando en generar conciencia en torno a los instrumentos de planeación como el PEMP y el POT porque son los que guiarán el futuro, por eso, la agenda, los intereses y el beneficio de estos planes debe ser el general y no el de unos cuantos”, señaló Ávila.
4:58 p.m. Arranca su informe el director de Distriseguridad, Luis Enrique Roa, quien expuso presuntos casos de detrimentos patrimoniales a través de una serie de convenios.
El primer convenio por valor de $25.699.00 buscaba brindar atención prehospitalaria en playas durante la temporada de mitad de año, pero la Contraloría hizo hallazgos fiscales por presunto detrimento patrimonial de $24.956.000.
Otro convenio firmado con la Federación Nacional de Municipios para poner en marcha un programa llamado ‘Vigia Municipal’ para la instalación de fibra óptica y cámaras de vigilancia que según Roa “de acuerdo con los informes de la Policía no ha sido funcional” por lo que el sistema aun está en fase de implementación.
Roa también denunció el presunto hurto de siete motos de la entidad por parte de contratistas y catorce equipos de telefonía de la Dirección Operativa de la dependencia, que debían ser entregados a la Policía Nacional en 2018.
4:48 p.m. A su turno, la directora de la cárcel Distrital de Mujeres, Mercedes García, denunció irregularidades en la entrega de las instalaciones físicas y de los bienes muebles.
Para la funcionaria no era posible la conexión de objetos necesarios para realizar laborales misionales y que solo a partir de febrero se contó con el fluido eléctrico de manera total en el primer piso.
Otro hecho irregular que expuso García fue la falta de un convenio vigente firmado para el año 2019 con la Fundación Interno, promotora del restaurante que llevaba el mismo nombre y que funcionaba en la sede anterior del centro carcelario en el barrio San Diego en el Centro Histórico.
También denunció que el exdirector de la cárcel Distrital de 2019 actuó como representante legal de las internas.
4:44 p.m. Otro contrato dado a conocer por Múnera se dio por valor de $1.028.866.320 y su objetivo era contratar los servicios de un operador logístico para la realización de las actividades contenidas en los programas que desarrolla la Secretaría del Interior.
No obstante, el contrato no se ejecutó y además se le otorgó a la empresa contratada un anticipo del 50 por ciento.
“Yo les quiero decir a los cartageneros que entre todos tenemos que salvar a Cartagena, todos tenemos que salvar a Cartagena y este es un gobierno dispuesto para ello”, indicó el funcionario.
4:35 p.m. Comienza su informe David Múnera, secretario del Interior y Convivencia Ciudadana quien denuncia la cantidad de Ordenes de Prestación de Servicios en esta dependencia durante el 2019.
“Eran los dineros públicos al servicio de las campañas políticas que se movían durante el 2019”, señaló Múnera.
Además, expuso cómo hasta la fecha no se conocen en que se gastaron los recursos destinados a la modernización y fortalecimiento de las inspecciones de Policía, comisarias y Casas de Justicia por un valor de $8.800.000.000 a través de un convenio interadministrativo con Edurbe.
4: 25 p.m. El alcalde expone ante la ciudadanía cuatro casos en los que se evidencian presuntos hechos de corrupción encontrados por su administración.
El primero tiene que ver con una denuncia ciudadanía que denomina supuesto un ‘cambiazo’ en la selección de un contrato con el Dadis.
El segundo caso “Refrigerios para elecciones 2019” que consistía en proporcionar alimento a uniformados de la Policía y estos nunca se entregaron.
El tercer caso tiene que ver con un contrato para el servicio de mantenimiento de equipos en el Dadis que, según el alcalde, metieron un certificado de cámara de comercio falso.
Y un cuarto caso que el alcalde calificó de “aberrante” sobre un embargo falso para “robarle a la Alcaldía $1.687.500.000.
Dau explicó que a la Alcaldía llegó una notificación sobre un embargo ordenado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de San Marcos Sucre adelantando por la IPS Rosa Elena SAS en contra del Distrito el cual fue remitido a la Fiduprevisora quién comprobó que dicha notificación era falsa.
4:23 p.m. En su discurso, Dau envió un mensaje a los entes de control y les extendió “un ramo de olivo” con el objetivo de que se puedan iniciar las investigaciones correspondientes de los hechos denunciados por su administración
“Ahorita me enviaron otra investigación por los vehículos de tracción animal, pero ese el procurador provincial Guidolbado Flórez que ya he dicho muchas veces que él se cree el alcalde de Cartagena. Los organismos son aliados de los malandrines, pero esperaremos un tiempo para ver si entendieron el mensaje”.
4:19 p.m. El alcalde William Dau inicia la presentación del informe agradeciendo a su equipo de trabajo por el esfuerzo depositado en la elaboración de los tres informes que completan este domingo el ‘El Libro Blanco’, un ejercicio de transparencia que, según Dau, sienta un precedente en la ciudad.
“Gracias por hacer lo que nunca se había hecho en Cartagena, destara la olla de corrupción que por años se ha robado la salud de los cartageneros. La corrupción los trató como animales y los condenó a vivir en la miseria y llego el momento de su reivindicación. A los malandrines les digo que les salieron uno valerosos guerreros y esos guerreros son los secretarios que hicieron las presentaciones en la primera y segunda parte del libro blanco”, dijo.
Expresó que “La pelea es peleando”. Y que “Cartagena se pellizcó”.
4:05 p.m. Con un video informativo sobre los ‘elefantes blancos’ en Cartagena que representan no solo un presunto detrimento patrimonial al Distrito sino también contratos ‘a dedo’ y obras que hasta la fecha aún no se hacen.
Elefantes como el CAP de Los Cerros que hoy está sumida entre la maleza y el deterioro por las inclemencias del clima y de los contratos que ‘nunca se hicieron’.