Cartagena


Niegan tutela de la Procuraduría contra el Distrito por no demoler Aquarela

El TAB consideró que el Distrito ha adelantado las gestiones para restituir el espacio público y que el edifico no representa un riesgo inminente.

ANGIE GOEZ AHUMEDO

16 de diciembre de 2020 04:45 PM

En medio de los diferentes procesos que se adelantan en el caso Aquarela, recientemente el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró como improcedente una tutela de la Procuraduría General de la Nación contra el Distrito de Cartagena.

El Ministerio Público alegó que el Distrito ha sido omisivo en el cumplimiento de la restitución del espacio público ordenada por la Inspección de Policía No. 2 en 2018 por lo que estaría vulnerando el debido proceso y la protección a la vida de los cartageneros. En ese sentido, a través de la acción de tutela se pretendía ordenar al alcalde “que ejerza sus funciones de suprema autoridad Distrital y lleve a cabo las actuaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la orden de demolición”.

Sin embargo, tras revisar las contestaciones allegadas por el Distrito, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, Promotora Calle 47, la Agencia Jurídica del Estado, el Ministerio de Cultura y la misma Procuraduría, los magistrados consideraron que no se presentaba ninguna violación. (Lea aquí: Tras orden de demolición, constructora de Aquarela demanda al Estado)

De acuerdo con la sentencia, el Ministerio Público no puede pretender emplear la vía de tutela para ventilar asuntos que corresponden a los jueces de la República o a la autoridad policiva. De igual modo, se destaca que la Procuraduría General de la Nación no acreditó la existencia de un riesgo inminente para la vida e integridad de los cartageneros y que el estudio adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros destaca que el edificio solo “podría estar en riesgo de afectación bajo la presencia de la eventual ocurrencia de un sismo o un incendio”.

“No se presenta una situación de urgencia, que haga indispensable la intervención del juez constitucional, quiere ello decir que, aunque la Sala no desconoce que la edificación de la primera torre del proyecto Aquarela presenta unas presuntas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la norma sismorresistente NSR-10 y fue sancionada por ocupar de forma indebida el espacio público, observa que no acreditó que tal circunstancia implicara una situación de urgencia o de gravedad que tornara irrazonable o desproporcionada la exigencia de acudir a los medios judiciales ordinarios de protección”.

Cabe destacar que la primera instancia de esta tutela se había emitido el 28 de octubre de 2020, sin embargo, en ambas instancias, los jueces concluyeron que no existe una amenaza cierta, real e inminente a la vida e integridad personal de los vecinos de la obra.

“En cuanto al asunto de fondo, en lo que se refiere a la vulneración al debido proceso alegado por la accionante, aunque se observa que la falta de cumplimiento de la orden de restitución del espacio público, en cabeza del Distrito de Cartagena, puede configurarse como una dilación injustificada dentro de la actuación administrativa; como ha quedado demostrado, la entidad accionada sí ha adelantado gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la referida orden, procurando que se garantice la mejor manera de hacerlo y mitigando los riesgos que se puedan ocasionar”.

No tiene relación con el proceso judicial

Es importante aclarar que esta acción de tutela no tiene injerencia en la orden policial para la restitución del espacio público.

“El fallo policivo continúa su curso, él sigue vigente, aunque contra él la constructora interpuso una demanda que en este momento está en el Juzgado Cuarto de Cartagena. Promotora lo demandó por haber sido adoptado con pruebas no idóneas fabricadas por Planeación Distrital y haber omitido los resultados del estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi donde se concluye que el edificio se construye conforme a lo aprobado en la licencia”, afirmó Gilma Usuga, vocera de Promotora Calle 47.

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