Un nuevo plazo para ejecutar la demolición de Aquarela logró el Gobierno nacional ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), debido a todas las dificultades que trajo la pandemia del COVID-19. Para resolver esta problemática que ya lleva cuatro años, tiene hasta el primero de diciembre de 2022.
En el borrador de decisión, como es nombrado el documento, se mantiene la posición de demoler Aquarela como principal medida de mitigación, debido a que impacta negativamente el valor universal excepcional del bien, en este caso Cartagena.
“Son muy claros en que Aquarela hay que quitarlo, si uno lee el numeral 8 expresan su gran preocupación por el impacto negativo que genera el proyecto al patrimonio. Estamos convencidos que el alcalde de Cartagena y el Gobierno nacional harán todo lo posible para que Cartagena no salga de la lista de Patrimonio de la Humanidad”, aseguró Isabella Restrepo Mejía, directora de la Fundación Centro Histórico.
Colombia presenta un informe sobre el estado y las gestiones realizadas para la conservación del bien, que es Cartagena. A partir de este, la Unesco efectúa unas observaciones que se deben discutir en la Convención Mundial de Patrimonio que se dará el próximo mes, donde otros países miembros también opinan al respecto.
Luego de esa discusión, basada en el borrador, se toma la decisión y se convierte en el documento final de decisión, con el cual el país deberá rendir un informe actualizado sobre el estado de conservación del bien y la aplicación de todos los puntos para que se examine en la 46ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial, en 2023.
“Ante esto, los constructores del proyecto habitacional Aquarela continuarán, como lo han hecho hasta el momento, demostrando la legalidad de la obra en los estrados judiciales”, dijo una vocera de Promotora Calle 47, constructora del proyecto.
Además reitera que Cartagena no está en trance de perder la excelsa declaratoria de Patrimonio de la Humanidad otorgada por la Unesco.
El Universal se comunicó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre para conocer los avances del convenio con la Alcaldía Distrital para la demolición del edificio, sin embargo al cierre de esta edición no hubo respuesta. Sin embargo, se conoció que este convenio se encuentra en la fase final del trámite para su suscripción.
Asimismo este borrador insta al Estado a finalizar y aprobar, como prioridad absoluta, el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y el PEMP de murallas y el Castillo San Felipe; y solicita que se aborden las preocupaciones y tomen medidas para detener la gentrificación y el cambio de la dinámica social del patrimonio.
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