Cartagena


Pese a suspensión, protección costera continúa en firme

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) aclaró que, pese a la suspensión de términos, Pronto se espera seguir con la contratación.

SOFÍA FLÓREZ

11 de mayo de 2020 12:00 AM

El pasado 21 de abril, a través de la resolución 0267, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) suspendió los términos del macroproyecto de protección costera, el cual busca mitigar las inundaciones de agua de mar y la erosión que afecta a Bocagrande, El Laguito y el Centro Histórico de Cartagena.

Si bien la suspensión tuvo como fin esperar la respuesta de los entes de control acerca de los antecedentes y el estado de los procesos en curso de quienes participan en la contratación, el hecho generó algunas dudas en algunos sectores que temen que el proyecto finalmente no se ejecute. Incluso, algunos han insistido en que se declare desierto. Para resolver las dudas que hay sobre el proyecto, la Ungrd respondió algunos cuestionamientos. (Lea aquí: Suspenden adjudicación de obras e interventoría de protección costera)

¿Qué significa realmente la suspensión de los términos?

La suspensión de los procesos de obra e interventoría en la etapa de subsanaciones, fue realizada mediante Resolución No. 0267 de 21 de abril de 2020. Esta fue motivada en atención a las alarmas manifestadas por organizaciones civiles y veedurías ciudadanas frente a algunos de los participantes en el presente proceso. En este sentido, se remitieron solicitudes a la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, con miras a conocer si en efecto existen investigaciones o sanciones en firme en contra de las empresas. De igual manera, se remitieron al Ministerio de Educación y a la Superintendencia de Industria y Comercio, en aras de solicitar información de los presuntos procesos de incumplimiento que adelanta dicho ministerio y sobre las investigaciones de posibles colusiones en contratos, a cargo de la Superintendencia.

Por otra parte, la medida de suspensión de los términos de los procesos de obra e interventoría, no pone en riesgo la ejecución del proyecto; el objeto de la misma es tener certeza sobre las aseveraciones allegadas a la entidad con respecto a algunos de los participantes del presente proceso que pudieren afectar Ia seguridad jurídica del mismo.

¿Cuándo se reanuda el proceso y qué pasará luego de eso? ¿Todo sigue normal?

Mediante la Resolución No. 0267 de 21 de abril de 2020, se suspenden los términos de los procesos de obra e interventoría a partir del 22 de abril hasta el 13 de mayo de 2020, fecha en la que se adaptarán las medidas pertinentes y necesarias respecto a la continuidad de los procesos de selección.

En caso de que se extienda ese plazo, ¿se corre el riesgo de que los costos varíen?

A la fecha se prevé que el 13 de mayo de 2020, los entes de control hayan resuelto los cuestionamientos que se tienen por las supuestas inhabilidades de las empresas que integran algunos de los consorcios que presentaron ofertas, por lo tanto, en este corto periodo no se presentarían variaciones en el valor de los techos presupuestales establecidos para los futuros contratos de obra e interventoría.

¿Qué pasará con los recursos?

Los recursos están sujetos al convenio celebrado entre el FNGRD - UNGRD y el Distrito de Cartagena y al objeto de proyecto, ya que fueron asignados por fuente de inversión por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) para el Proyecto de Protección Costera de Cartagena. Los recursos del Distrito de Cartagena se encuentran en un fondo de inversión especial administrado por la Fiduprevisora como representante legal, administradora y vocera del FNGRD. Estos recursos solo pueden ser utilizados en el marco del objeto del convenio y su contratación derivada.

El plan de gestión social es uno de los contratos que ya se había iniciado, ¿la suspensión del proceso afecta en algo su avance?

El acuerdo de cooperación suscrito entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el PNUD, para la implementación del Plan de Gestión Socioeconómico sostenible del proyecto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, no ha sido objeto de suspensión. Seguimos avanzando en el desarrollo de las actividades previas al inicio del censo de operadores turísticos del área de intervención del proyecto. Contamos con el formulario aprobado para realizar el censo y teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por COVID-19, se están utilizando las herramientas virtuales para dar continuidad a las actividades que así lo permiten del plan de gestión social.

¿Los interesados podrían desistir?

En el documento de invitación a cotizar se incluyó, en el numeral 9, los tiempos para hacer retiro de la propuesta, indicando lo siguiente: “Los proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso y apertura de las ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud efectuada sea antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso”. En ese sentido, teniendo en cuenta que a la fecha el proceso se encuentra suspendido en la etapa de subsanación, sí es posible que los proponentes retiren sus propuestas en esta etapa del proceso, sin embargo, en caso de hacerlo, estarían incurriendo en la segunda de las cuatro causales previstas para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, la cual consiste en el “retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

En un oficio dirigido al presidente, Jairo Aguilera, oceanógrafo físico y oficial naval en retiro, denunció el presunto detrimento patrimonial que se daría al adjudicar y ejecutar el proyecto. De acuerdo con Aguilera, desde su conceptualización, el proyecto ha sido cuestionado por la comunidad científica porque no tuvo en cuenta la validación de los parámetros oceanográficos empleados en la modelación de los procesos costeros, no se tuvo en cuenta el drenaje de las aguas lluvias a través de las playas a regenerar, por lo cual tendría altas probabilidades de que en dos años deje de ser funcional. También denuncia que los recursos asignados no serían suficientes para ejecutarlo de manera integral, que el presupuesto oficial no lo publicaron y lo mantuvieron en secreto, y que los dos consorcios que presentaron propuestas tiene serios cuestionamientos en su viabilidad para contratar con el Estado.