El pasado jueves 28 de febrero inició el proceso de desmonte de la torre Aquarela, por parte del Distrito, operación que la Alcaldía de Cartagena encomendó a Edurbe, empresa que contrató a la firma Atila, reconocida nacionalmente por demoler el puente Chirajara y las estructuras del Space, Continental Towers y del edificio Mónaco, vestigio negativo de Pablo Escobar.
Ese día, el operativo inició con la toma del predio por parte de la inspectora de Policía Marina Villamil, quien luego de secuestrar la propiedad permitió que el desmonte iniciara. Y fue ahí que comenzó el rol de Atila, empresa que durará dos semanas ejecutando actividades preliminares como el aseguramiento del área de trabajo, el inventario de la propiedad, la evaluación “in situ“ del estado estructural del edificio y todos los ajustes necesarios para el inicio del desmonte progresivo, evitando riesgos y debilidades de un edificio que estuvo a la intemperie por varios años.
A propósito de esta intervención, Alcides Arrieta Meza, representante legal de la Veeduría Colombia Decente, afirmó que, si bien hay una decisión policiva en firme, el edificio Aquarela no debe ser demolido aún, “pues debe esperarse que la jurisdicción contenciosa produzca el fallo definitivo, por cuanto, la decisión judicial en primera instancia, que ordena la demolición total, fue apelada por Promotora 47, constructora del edificio”. Lea aquí: Emiten resolución que exige licencia ambiental al megaproyecto del Dique
La decisión a la que se refiere Arrieta es el fallo de marzo de 2023 en el que la jueza Décimo Segundo Administrativo Oral de Cartagena, Sandra Zúñiga Hernández, ordenó, en primera instancia, la demolición del total de Aquarela, declarando que se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público, así como al patrimonio cultural de la Nación.
Esta decisión reforzó la orden del Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, mediante Resolución No 001 del 9 de octubre de 2018 y confirmada mediante resolución 7589 de 2018 por la Secretaría del Interior, de restituir los 619.59 m² de espacio público que el edificio ocupaba de forma irregular y estableció que, si en dicho término no se realizaba la restitución, el Distrito debe realizar la restitución a través de la demolición.
Esta orden fue reiterada el pasado 19 de febrero de 2024, luego que la constructora Promotora 47, constructora del edificio, perdiera en todos los escenarios legales y sus licencias de construcción hayan sido anuladas.
A propósito, Milton Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica, contó hace semanas a El Universal que el Distrito tiene todos los argumentos jurídicos suficientes para demoler, pues no se necesita una figura excepcional para hacerlo, ya que lo que se hará es cumplir lo ordenado por el Inspector de Policía No 2 de la Casa de justicia de Canapote, la cual se encuentra ejecutoriada, en firme y con efectos ejecutivos y ejecutorios propios del acto administrativo.
En contravía, Arrieta Meza afirma que realizar la demolición del Aquarela, “en las actuales condiciones procesales, podría constituirse en un inmenso riesgo para las finanzas distritales, por cuanto, estaríamos frente a una peligrosa violación al debido proceso, con consecuencias gravísimas para las finanzas públicas, para los dineros de todos, en caso, de ser demandada la actuación distrital por la promotora 47 S.A. S., y / los compradores de los apartamentos”. Lea también: ¡Atención! Cierran 22 salones en el INEM por falta de poda a los árboles
Con respecto a esto, cabe precisar que en 2023 la Superintendencia de Industria y Comercio multó con casi 2 mil millones de pesos a Promotora 47 por violación a las normas del consumidor al no cumplir con las normas mínimas de calidad de construcción.
En esa decisión, la Superintendencia reseñó que Aquarela es el responsable de responderle a los compradores, pues fue un negocio entre particulares en el que maltrató la confianza.
Por su parte, el Distrito ha asegurado que tienen todas las certezas jurídicas, pues cumplida la orden, se supera el hecho que dio lugar a una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura, en donde ordena demoler. Además, desde 2021 la ciudad cuenta con el respaldo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
“Y si en el transcurso de la acción popular se realizan las obras o se materializan actuaciones que fueron solicitadas para cesar la vulneración de los derechos colectivos, se debe declarar la carencia actual del objeto o hecho superado, haciendo innecesaria la adopción de medidas para conjurar un hecho inexistente”, explicó Pereira hace días.
La veeduría ciudadana que representa Alcides Arrieta argumenta que en el procedimiento de toma de posesión del edificio “hubo serios errores procesales cometidos hasta por el mismo alcalde, pero que además vale la pena analizar si, en efecto, la Inspección de Policía ordenó la demolición total del edificio o solo 619 metros de antejardín, sin necesidad de demoler”. Le puede interesar: Bajo lupa la compra de tierras y arrendamientos de la ANT en las Islas del Rosario
El postulado de Arrieta es lo mismo que Promotora 47 afirmó sobre la medida correctiva impuesta por la Inspección de Policía en 2018, la cual ordenó la restitución de 24 metros de superficie de antejardín, equivalentes a 619.59 m², al contabilizar en forma vertical, que corresponde solo a una porción del edificio, lo cual es viable de ser ejecutado desde el punto de vista técnico sin necesidad de efectuar una demolición de toda la estructura.
Sin embargo, Pereira los contradijo al explicar que la técnica y el método para cumplir la orden implican necesariamente la demolición del edificio. “¿Si era viable la orden sin demolición por qué no lo hicieron antes? Lo que hacen es dilatar cada elemento”, apuntó en un entrevista anterior con El Universal.
Arrieta sí reconoce que la demolición total fue ordenada, pero insta al Distrito a analizar que en esa decisión se ordena que la constructora costee parte de los gastos de la demolición.
Al respecto, cabe recordar que el Distrito informó que luego del desmonte del edificio procederá a cobrarle los 11 mil millones de pesos invertidos a Promotora y Constructora 47. Siga leyendo: Avanza el proceso de desmonte de los peajes de Ceballos y Manga
“De acuerdo a lo ordenado por la Inspección de Policía, los costos de la demolición deben que ser asumidos por la constructora Promotora 47. Sin embargo, ante la renuencia de esta empresa de dar cumplimiento a la orden de policía, el Distrito, en aras de defender el patrimonio cultural e histórico de Cartagena, asumió el desmonte que le correspondía a la constructora infractora, pero a sus costas, ya que son los infractores quienes debían restituir el espacio público y demoler”, precisó Pereira.
Y subrayó: “Por lo tanto, como no lo hicieron y ha sido el Distrito de Cartagena quien ejecutará materialmente la medida, procederá a través de la Secretaría de Hacienda a iniciar la acción de cobro coactivo a Promotora 47 para recobrar todo el dinero invertido, pues ellos fueron los responsables, según la orden de Policía”.