La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de exigir licencia ambiental al proyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” sigue siendo objeto de controversia en el ámbito nacional.
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El pasado 5 de abril, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, envió un oficio a la ANLA con el fin de que se revierta la resolución mediante la cual se exigió el inicio del trámite. La acción se hizo en coadyuvancia a un recurso de reposición interpuesto por la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magdalena (Cormagdalena).
El ente de control basa sus argumentos en que el proyecto ya cuenta con un plan hidrosedimentológico aprobado desde el 2017 por la autoridad ambiental, por lo que cuestiona que siete años después se haya tomado esta nueva determinación.
“Dicha situación resulta altamente preocupante para este Ministerio Público, toda vez que esta conclusión técnica se produce siete años después de la presentación del proyecto para consideración de la autoridad ambiental, de manera que hubiera podido ser considerada, evaluada e incorporada en los términos y condiciones en que se celebró el convenio tripartito administrativo y dentro de las condiciones de los términos de referencia del proceso licitatorio”, dice el documento.
En este sentido, la Procuraduría también llamó la atención sobre posibles impactos al patrimonio público de continuarse con el trámite de la licencia ambiental.
De esta manera, el ente de control pidió a la ANLA continuar con el plan de manejo hidrosedimentológico existente e imponer las obligaciones ambientales adicionales que se consideren necesarias vía seguimiento.
Los argumentos de la ANLA
En la Resolución 322 del 29 de febrero de 2024, la ANLA determinó que si bien el proyecto del canal del Dique contaba con un plan hidrosedimentológico, este no era suficiente para “prevenir, corregir, mitigar y compensar los potenciales impactos que pueden tener las obras en áreas protegidas”.
Así mismo, indicó que este plan no cuenta hoy con información actualizada que permita garantizar el adecuado manejo de los efectos ambientales asociados al proyecto.
“El plan hidrosedimentológico no puede tener una equivalencia funcional a un instrumento de manejo y control ambiental con el valor constitucional de la licencia ambiental, al que se pueda efectuar seguimiento y control por parte de esta autoridad, para determinar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo que deban implementarse en el área de intervención”, dice la resolución.
Por este motivo, se requirió la elaboración y presentación de un Estudio de Impacto Ambiental encaminado al trámite de la licencia.
Sobre el megaproyecto
El megaproyecto de “Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique” contempla una inversión de $3 billones y consiste en la construcción de dos sistemas de esclusas en las poblaciones de Calamar y Puerto Badel, compuertas en Calamar; y obras de interconexión entre las ciénagas del área de influencia del canal del Dique.
Estos trabajos prometen controlar las inundaciones en las poblaciones ribereñas, los sedimentos que tienden a opacar el carácter cristalino de la bahía de Cartagena y ayudar a mejorar la navegabilidad del canal.
De este proyecto se beneficiarán municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre.