La salud de Lucía*, interna en la cárcel de San Diego desde el 6 de diciembre de 2018, por el delito de peculado por apropiación agravado, se estaría deteriorando porque el centro penitenciario no cuenta con las condiciones ni con el personal médico para atender las patologías que padece, sostienen sus familiares. La más crítica, para ellos, la apnea del sueño.
“Ella tiene problemas depresivos, sobre todo sufre de apnea del sueño. Le mandaron una máquina, Bipap se llama, y necesita dormir con ella y con una máscara oronasal porque en las noches presenta dificultades para respirar, pero en la cárcel no se la están poniendo. Va para tres meses de estar allá y eso le está afectando su salud”, dijo a El Universal Carolina*, hermana de la reclusa.
Según la mujer, a Lucía no le ponen el Bipap con la máscara “porque no hay el personal idóneo para eso, allá no hay médicos ni enfermeras, y ella se está desmejorando bastante. No duerme, amanece con dolores de cabeza, se está hinchando”.
Es de anotar que tras sentencia del 14 de junio de 2016, la reclusa fue capturada el 30 de septiembre de 2017 en la Unidad de Salud Mental Cemic, donde estaba internada desde el 22 de junio de ese año por trastorno afectivo bipolar, hipertensión arterial crónica, apnea obstructiva del sueño, entre otras patologías.
En principio se ordenó su traslado a la cárcel de San Diego, pero, por su estado de salud, permaneció en Cemic hasta que el 5 de febrero de 2018, día en que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad negó la sustitución de la ejecución de la pena y le ordenó al director de la cárcel de San Diego, Jaime de Ávila Hernández, trasladarla de Cemic al penal.
Pese a los alegatos del apoderado de Lucía, el 26 de noviembre el juzgado se ratificó en su decisión. Para él, con base en dictámenes de Medicina Legal, Lucía “no presentaba estado grave por enfermedad mental que sea incompatible con reclusión formal”. Finalmente llegó a prisión el pasado 6 de diciembre.
Debido a que el 21 de enero pasado se le volvió a solicitar al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la prisión domiciliaria de la accionante, usando un informe parcial de estado de salud del 22 de mayo de 2018 de Cemic, y no respondió; el abogado instauró una acción de tutela en su contra. Lo señala de vulnerar los derechos a la vida, salud, seguridad social y dignidad humana de su cliente.
En la tutela, además de las patologías y el equipo que requiere la interna, alegó que el 17 de octubre de 2018, en respuesta a un derecho de petición, el director de la cárcel precisó que San Diego “no reúne los requisitos para garantizar el cuidado de una interna en tal estado de salud”.
El 7 de febrero, en un fallo de primera instancia que según anunció otra familiar de Lucía será impugnado, el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Penal, declaró improcedente la mencionada tutela.
Entre las razones están que el Juzgado denunciado informó que la solicitud de prisión domiciliaria estaba en turno. Y que el director del establecimiento carcelario manifestó que cuenta con personal para atender las necesidades médicas de la accionante.
*Nombres cambiados a petición de la denunciante
En entrevista con El Universal, Jaime de Ávila Hernández, director de la cárcel de San Diego, afirmó que Lucía no ha tenido ninguna recaída de salud desde que ingresó al penal y que no se le está vulnerando el derecho a la salud.
Aclaró que si bien en un principio no se contaba con el personal médico suficiente para atenderla, porque solo había un médico y una enfermera, hoy son dos médicos y tres enfermeras los que les brindan servicios asistenciales a las internas, tal como lo exige la norma a los centros penitenciarios. Ellos le ponen el Bipap con máscara oronasal, cuando ella lo permite, y en presencia de este medio reiteraron que el usar o no el equipo no le es indispensable para conciliar el sueño.
De Ávila agregó que, para servicios especializados, Lucía ha sido remitida unas cuatro veces a Cemic y a su EPS, que le suministró el mencionado equipo y fue conminada a garantizar el mantenimiento del mismo. “No hay ninguna vulneración a su derecho a la salud”, recalcó el funcionario.
Comentarios ()