La Promotora Calle 47 SAS, constructores del proyecto de Viviendas de Interés Social (VIS) Aquarela Multifamiliar, que se levanta en Torices y que afecta la visual del Castillo de San Felipe, manifestó ayer en audiencia pública de conciliación, convocada por el Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Cartagena, que está dispuesta a hacer unas modificaciones al proyecto, ajustando las licencias de construcción vigentes que fueron expedidas por la Curaduría Urbana No 1.
Juan Manuel González, apoderado de la Promotora Calle 47, manifestó que además de la protección del patrimonio es importante preservar la seguridad jurídica de los inversionistas y constructores, considerando la modificación de la licencia de construcción y así hacer unos ajustes requeridos en la obra.
“Todas las licencias urbanísticas, que contienen proyectos urbanísticos conforme a la ley, expresamente el Decreto 1077, permiten su modificación. ¿Qué significa modificar una licencia en términos de un proyecto urbanísticos? Significa cambiar elementos arquitectónicos y estructurales del proyecto original para presentar un nuevo proyecto que termine licenciado.
“Nuestra propuesta lo que busca básicamente es en el entendimiento del derecho colectivo, en el entendimiento que la sociedad tiene que converger en el respeto, no solamente del patrimonio, sino también de los derechos suyos como particular que compra una unidad de vivienda, en los derechos de un inversionista que le apuesta a un proyecto urbanístico, de los derechos de las ciudades en el respeto a sus licencias y que esos derechos converjan buscándole una solución en el que quedemos tranquilos”, manifestó el abogado.
González explicó que el proyecto se construiría en el mismo lote, pero con una altura y número de torres distintas. Además, enfatizó que aunque la constructora tiene sus soportes técnicos está dispuesta a mirar los estudios de parte del Ministerio de Cultura, de la Alcaldía, de la Procuraduría, y de todas las partes, para que dentro de los propios expertos se pongan de acuerdo y lleguen a una conclusión de las visuales y con base en ello se construya un proyecto en conjunto.
Cabe resaltar que tras la propuesta de la firma constructora, la juez ordenó al Ministerio de Cultura, liderar y convocar al Distrito, a la Procuraduría General, al curador Urbano, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y demás intervinientes en el proceso, a reuniones de trabajo dirigidas a lograr un pacto de cumplimiento de equilibrio de derechos, considerando la situación de los compradores de unidades de vivienda en el proyecto habitacional.
La togada conminó a los involucrados a encontrar una solución viable y citó para el 15 de febrero de 2019 la reanudación de la audiencia de conciliación.
Los compradores de Aquarela reciben con optimismo esta propuesta del rediseño del proyecto, ya que temían que su inversión se viera perjudicada por mucho tiempo más.
“Como compradores nos sentimos víctimas, lo que queremos es una solución y lo que necesitamos es nuestra vivienda. Revaluar para hacer un rediseño del proyecto es para nosotros viable porque podemos contar con nuestro apartamento en el lugar que lo quisimos adquirir y que no genere un impacto al Distrito, a espacio público, a al curaduría, pero que finalmente nos den lo que queremos adquirir, pero que sea en el menor tiempo posible”, manifestó Verena Martínez, compradora de apartamento en el proyecto Aquarela Multifamiliar.
El Universal conoció que la constructora planteó la necesidad de revisar elementos fundamentales del acto administrativo, con miras a la posibilidad de modificar la licencia y valorizar la adecuación de la torre uno, de modo que se pueda ajustar el proyecto y honrar a los compradores. En la actualidad las torres uno y dos, cuyas obras están iniciadas, involucran a 404 compradores.