El 13 de julio, en medio de una reunión de trabajo, a Rosa Marrugo le llegó un mensaje de texto que decía: “Se acerca el Plan Pistola en Villas de Aranjuez, en la lista hay dos líderes gonorrientas”. En ese preciso momento le entró una llamada. Era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, Clara Campos, quien también recibió un mensaje en el cual amenazaban de muerte a sus hijos. La preocupación de Marrugo fue inminente, su vida estaba en riesgo.
Pero estos no son los únicos casos. En promedio, en Cartagena cada mes hay 4 líderes comunales amenazados, según cifras proporcionadas por la Federación Distrital de Juntas de Acción Comunal (Fedejac), que hasta el mes de julio contabilizó 31 líderes en situación de peligro.
Esta problemática se conoció públicamente el pasado 26 de julio, día en que se convocó una marcha a nivel nacional por la vida de los líderes sociales y que, en Cartagena, contó con la participación del presidente Iván Duque, quien también estuvo presente en la reunión del Plan de Acción Oportuna para la protección y prevención de los líderes sociales, comunales y periodistas (PAO), desarrollada el mismo día.
De acuerdo con Aldo Lora, coordinador de seguridad (e) de Fedejac y quien se ha ocupado del proceso de caracterización de los líderes en riesgo, en el marco de ese encuentro se precisaron compromisos con diferentes entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior. Conforme a lo acordado, se ejecutarían acciones en las que se les dará prioridad a la seguridad de los líderes del Distrito de Cartagena.
A la fecha, siguiendo las estadísticas, de todos los líderes amenazados que hay en la ciudad, tan solo 10 cuentan con algún tipo de medida de seguridad por parte de la UNP.
“A pesar de que nosotros como Juntas de Acción Comunal llevamos más de 50 años construyendo país, no nos están brindando la atención debida, no se ve reflejada esa contraprestación social pese a que, a diferencia de otros, nosotros no recibimos un peso por nuestra labor. Nuestra gestión es altruista, es liderazgo social”, puntualizó Lora, quien también hace parte de la junta del barrio Portal de La Cordialidad.
¿Qué dice la UNP?
Orlando Acuña, director regional de la UNP, afirmó a este medio que desde hace varias semanas vienen trabajando con los líderes y escuchando sus inconformidades, por lo que se acordó con ellos realizar nuevos estudios de riesgo que permitan extender las medidas de protección a quienes se encuentran amenazados.
“Es importante anotar que la UNP no toma medidas de protección ni de riesgo, eso lo hace un órgano colegiado que es el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas). Nosotros lo que hacemos es implementar lo que ellos dicten”, señaló el director regional de la UNP. Acuña también puntualizó que para que haya protección a los líderes, el riesgo debe darse por su gestión social y no por asuntos ajenos a esta condición.
Vivir bajo amenaza
Para Rosa Marrugo, vivir con el riesgo inminente de que en cualquier momento le puede pasar algo no ha sido fácil. Aún más cuando el 18 de julio pasado un hombre motorizado abordó a su hermana y le entregó un panfleto en el que le daban 73 horas para abandonar su hogar en Villas de Aranjuez.
Es la quinta amenaza que recibe en un año. “He tenido noches en vela pensando por qué están haciendo esto, si lo que yo he gestionado al barrio son cosas que nos benefician a todos”, afirma Marrugo, quien además asegura que mientras las instituciones públicas no cumplan su deber en la comunidad, no va a haber garantía de seguridad para los líderes comunales.
“No se trata de que te pongan un escolta, se trata de que se combatan los hechos o los motivos por los cuales te están amenazando”, enfatizó la lideresa.
Por otra parte, para Clara Campos, la situación no ha sido menos compleja. “Tengo sentimientos encontrados, a nosotros los líderes nos gusta estar constantemente en la comunidad, nos gusta servir y tener la libertad de defender los derechos de nuestra gente. Estos días han sido bastante trágicos para mí, ya no me siento ni en la terraza de mi casa, cuando viene una moto estoy siempre a la expectativa, tengo miedo cuando mis hijos salen”, afirmó.
Hace cinco años, Campos fue intimidada y desplazada del barrio La Esperanza, donde también ejercía como líder comunal, y hace apenas dos meses unos hombres la interceptaron en un bus camino a su casa. “Me dijeron que yo sabía cómo se hacían las cosas en el barrio, que no me hiciera la valiente porque yo sabía lo que les pasaba a los valientes”, narró.
A pesar de que ambas lideresas han interpuesto las denuncias correspondientes con cada amenaza que han sufrido, nunca han recibido respuesta por parte de la Fiscalía ni se conocen capturas al respecto, por lo que piden celeridad en la investigación de estos casos. “Para nosotros este ha sido un proceso demasiado lento que nos pone más vulnerables”, manifestó Campos.