Cartagena


Sigue la controversia por segunda fase de la vía Playetas

La obra se encuentra paralizada desde febrero mientras se define en un Tribunal de Arbitramento qué consorcio debe ejecutar las obras, pese a que ya el contrato fue adjudicado a KMC.

JULIE GONZÁLEZ ORTEGA

12 de julio de 2020 12:00 AM

El año pasado, tras una licitación realizada por la administración del exalcalde Pedrito Pereira, el consorcio KMC se quedó con el contrato para la ejecución de las obras de la segunda fase de la vía Playetas, el pedraplén que pretende dar una solución integral al problema histórico de conectividad que han tenido los habitantes del corregimiento de Barú para llegar a Cartagena por vía terrestre. (Lea: KMC: Consorcio elegido para la segunda fase de Playetas)

Para ello se destinó una inversión de $20 mil millones provenientes del Sistema General de Regalías, recursos que fueron aprobados por el Órgano Colegiado para la Administración y Decisión (Ocad).

Sin embargo, a pesar de que las obras de optimización pretendían entregarse por el consorcio KMC a finales de este mes, lo cierto es que desde febrero se encuentran suspendidas por una medida cautelar impartida por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio, en medio del pleito que existe entre el Consorcio Vial Isla Barú y el Distrito, donde el primero argumenta que las obras deben ser ejecutadas por ellos y no por KMC.

Es de recordar que las obras de la primera fase fueron realizadas por el Consorcio Isla Barú y que fueron entregadas en diciembre de 2018.

Pero lo que ha vuelto a sacar a flote el tema de la vía Playetas son denuncias hechas por Efraín Amín, representante legal del Consorcio Isla Barú, de una presunta violación a la medida cautelar por parte del Distrito de Cartagena, al haber realizado un anticipo superior a $5 mil millones a la firma KMC.

“Yo considero que pagar el anticipo para ejecutar unas obras que están suspendidas es una situación irregular, porque en caso de producirse un fallo en contra del Distrito se generaría un detrimento patrimonial. Lo más sensato para la administración del alcalde William Dau es esperar a que haya un fallo para que no se cometan irregularidades que terminaremos pagando todos”, explica.

Sobre ello, el director de Valorización Distrital, Javier Moreno, dijo que el pago del anticipo a KMC corresponde a un punto del contrato establecido con el consorcio y que de acuerdo a lo consultado con sus abogados no viola la medida cautelar.

“Hay un contrato con KMC que nosotros encontramos y que de acuerdo con nuestros abogados no hay ilegalidad en él. Uno de los puntos del contrato tiene que ver con el pago de un anticipo del 30%”, explicó Moreno.

Además dijo que de acuerdo con los informes de la interventoría, desde el 30 de diciembre de 2019 que comenzaron los trabajos de acopio de piedra y paso de fauna, el contratista ha invertido una suma cercana a los $4 mil millones sin haber recibido un solo peso del Distrito antes de que se dictara la medida cautelar.

“Cabe recordar que desde entonces no se ha puesto una piedra en ese sitio, tal como lo mandó el Tribunal”, explicó Moreno.

“Hay riesgos”

El Distrito también ha sido enfático en que la medida cautelar que da suspensión a las obras también impone unas condiciones que permitirían dar una continuidad a las mismas.

“Lo que nos piden es que nos abstengamos de permitir que se hagan obras semejantes a las que debe hacer la Concesión Vial salvo que existan razones que obliguen a retomarlas, como que se amenace la conexión entre la isla Barú y la zona continental o como que el mar erosione lo que ya se hizo en la primera parte del pedraplén”, explica Moreno.

Sobre esto el funcionario indica que en el mes de abril la dependencia se remitió al concepto de una firma de especialistas en el área de ingeniería, quienes presentaron un informe en el que hallaron riesgos en la infraestructura del pedraplén, los cuales afectarían la seguridad de las personas y vehículos que transitan por la vía.

Imagen playetas

De acuerdo a lo encontrado en el estudio, el pedraplén no está lo suficientemente alto y por esto se ha ocasionado el deterioro a lo construido inicialmente.

Al respecto, Efraín Amín indicó que el pedraplén tiene el deterioro natural de la lluvia, pero que en ningún momento se afecta la movilidad de los habitantes de Barú, por lo que no habría necesidad de intervenirlo sino de terminarlo cuando haya que hacerlo y se defina la situación en el Tribunal de Arbitramento.

En la misma medida, Amín denuncia que en las últimas semanas han estado unos buzos haciendo unas limpiezas de corales sobre la cual ya se puso en conocimiento al panel arbitral, la Procuraduría y la Contraloría, de conformidad a la medida cautelar que impide la continuación de las obras.

En este punto, Javier Moreno de Valorización dijo que los trabajos tienen que ver con el componente ambiental del proyecto, no con el de obras. “De acuerdo a nuestros abogados, con eso no se está incurriendo en ninguna violación de la medida cautelar. El Tribunal deberá aclarar, porque una cosa son las obras similares a las que hace la Concesión y otra las actividades ambientales que están contenidas en una licencia al Distrito de Cartagena”, afirmó.

Respecto a los trabajos, puntualizó que la labor de los buzos corresponde a que el Distrito debe cumplir con unos protocolos ambientales para que la obra se realice, y esto incluye el traslado de un pasto marino y unos corales que están en el sitio donde se echará la piedra más adelante para construir la obra.

Las obras

Las obras de la segunda fase del pedraplén contemplan la intervención de 2 kilómetros para complementar la primera fase y suplir las observaciones hechas con relación a la altura de lo construido inicialmente.

En su momento se dijo que faltaban 70 centímetros más en piedra y luego 1,20 metros más para hacer el pavimento a lo alto. Es decir, serían más de dos metros por encima del pedraplén de hoy.

TEMAS