Tras una reunión celebrada este lunes 28 de agosto, el Gobierno Nacional se congregó con representantes de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) y miembros de la Defensoría del Pueblo para abordar la crítica situación financiera que enfrentan estas instituciones y garantizar la continuidad en la atención médica a los ciudadanos.
Como resultado de este encuentro, el ejecutivo ha anunciado la asignación de recursos económicos destinados a mantener el normal funcionamiento de las EPS. El reembolso de 10 billones de pesos, tiene como objetivo primordial asegurar la atención a los pacientes durante lo que resta del año 2023 y garantizar la prestación de servicios por parte de las Empresas Prestadoras de Salud.
La necesidad de esta iniciativa surge a raíz de una solicitud conjunta presentada por tres de las principales EPS del país: Sanitas, Sura y Compensar. Estas empresas habían advertido sobre la creciente dificultad económica que enfrentaban para financiar enfermedades de alta complejidad y sostener sus operaciones regulares. Le puede interesar: Anuncian que pruebas para escoger a nuevo registrador nacional serán escritas
“A las EPS, en este caso Sura, Compensar y Sanitas, se les ha girado más de 14 billones de pesos hasta el mes de julio y les vamos a girar otros 10 billones si continúan atendiendo a los pacientes”, señaló.
En dicha reunión se acordó un nuevo método de cálculo para asignar los recursos anuales que se entregan a las EPS, buscando una distribución más equitativa y sostenible. Además, se aseguró que no se suspenderán los servicios de salud proporcionados por estas empresas, brindando alivio a los ciudadanos preocupados por la continuidad de su atención médica.
Jaramillo subrayó la importancia de la infraestructura de atención médica del país y la disponibilidad de recursos presupuestados por el Gobierno para garantizar la atención médica. Lea también: Canadá donará US$5.5 millones para igualdad de género en Colombia
Por otro lado, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de Acemi, destacó la disposición al diálogo por parte de las partes involucradas y la oportunidad de abordar los desafíos que han afectado al sistema de salud en el largo plazo.
La Defensoría del Pueblo también expresó su compromiso en este proceso. “Aquí lo que importa es que haya continuidad en el tratamiento, que no cese la atención médica. Por eso estas situaciones deben tratarse a profundidad desde el primer momento en que se conocen”, afirmó Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del pueblo.