El 11 de agosto empezarán a ser interrogados los funcionarios de la Casa de Nariño que hacen o hicieron parte del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y que tendrían alguna responsabilidad dentro del caso de las “chuzadas telefónicas”. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó para el 11 de agosto al ex asesor de presidencia José Obdulio Gaviria; para el 12 de agosto al secretario de prensa saliente, Cesar Mauricio Velásquez; para el día siguiente al ex asesor de comunicaciones y viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y para el 17 de agosto al secretario jurídico de presidencia, Edmundo del Castillo. Estos funcionarios han sido nombrados por ex funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad que están siendo investigados dentro del mismo caso. El fiscal del caso ya tiene listos los cuestionarios para cada uno de los citados. Entre los temas sobre los que se harán preguntas estarán los motivos de las reuniones sostenidas en Casa de Nariño, el interés de hacerles o no seguimientos a magistrados y políticos y, en caso de respuesta afirmativa, de quién recibieron las órdenes para hacerlos. “REUNIONES” Según testimonios, estos funcionarios del alto Gobierno estuvieron presentes en reuniones sostenidas en la Casa de Nariño con integrantes del DAS de esa época, en las que se habrían entregado los informes que resultaron de las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a algunos políticos de oposición. Estos funcionarios fueron citados, pero la decisión de asistir está en sus manos, pues ello no es obligatorio. Sin embargo, que atiendan o no el llamado de la justicia sí es una actitud que se considera decisiva para la forma como se desarrollará su futuro judicial. Ellos también pueden optar por guardar silencio o responder a las preguntas, según su estrategia de defensa. Hasta el momento se ha podido establecer que los funcionarios citados están interesados en contestar los cuestionarios y resolver las dudas que a la Fiscalía le han surgido sobre sus supuestas actuaciones. REACCIÓN En una primera respuesta oficial, el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, dijo que está tranquilo y que este llamado no interfiere en su proceso para asumir, al final de este mes, la Embajada en El Vaticano. Luego de contestar los interrogatorios, el fiscal del caso deberá analizarlos con base en las pruebas recogidas y evaluarlos para determinar si hay o no alguna responsabilidad de ellos. Si luego de los interrogatorios la Fiscalía sigue con dudas o el testimonio de los funcionarios no la con-vence, podrá vincularlos formalmente a la investigación, imputándoles cargos. Dentro de este caso ya han rendido interrogatorio la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y el secretario General de Presidencia, Ber-nardo Moreno, quienes han negado que existieran seguimientos e interceptaciones ilegales. ORGANISMOS INTERNACIONALES La ex directora de operaciones del DAS, Luz Marina Rodríguez, advirtió que solicitará la intervención de organismos internaciones en el caso de las “chuzadas”, dentro del cual ella está sien-do investigada, ya que considera que el proceso tiene un tinte de conveniencia política. Rodríguez, quien fue cobijada con medida de aseguramiento el pasado 12 de abril, sostuvo que ella, al igual que otros de los investigados, son simplemente “chivos expiatorios”, pues no tu-vieron nada que ver con las labores de inteligencia que se habrían ordenado de forma ilegal para seguir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a algunos políticos de oposición. “Voy a pedir a una Comisión Internacional de la ONU o de la DEA, de donde sea, que siga estos hechos con toda objetividad”, dijo Rodríguez. La Fiscalía la investiga a ella y a los ex funcionarios Fernando Tabares, Fernando Lagos, Bernardo Murillo y Germán Albeiro Ospina, dentro de un mismo proceso. Se les acusa de constituir un grupo que, dentro del DAS, se encargaba supuestamente de desarrollar labores de inteligencia, al parecer, por orden del Gobierno de Álvaro Uribe.
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