Un juzgado penal condenó a ocho militares, incluyendo a un coronel retirado del ejército, por la desaparición y muerte de dos civiles presentados más tarde por los uniformados como muertos en combates con miembros de grupos armados ilegales, informó ayer la Fiscalía General.
Las sentencias, que pueden oscilar entre 40 a 60 años de prisión, según indicaron abogados de las víctimas, se conocerá a fines de mes.
De acuerdo con la Fiscalía, en un comunicado divulgado en su página de internet, Eduardo Garzón y Andrés Pesca Olaya, fueron dados por desaparecidos en marzo del 2008 de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá y pocos días después fueron reportadas por los militares como abatidos en combates en una zona rural de Cimitarra, en el departamento de Santander y a unos 190 kilómetros al norte de Bogotá.
“A lo largo de la investigación la Fiscalía obtuvo los elementos materiales probatorios suficientes para desestimar la ocurrencia de un enfrentamiento entre las tropas regulares y los supuestos miembros de grupos armados ilegales”, dijo la Fiscalía.
Sobre los ocho militares, incluyendo al coronel retirado del ejército Wilson Javier Castro Pinto; un teniente retirado, un sargento y cinco soldados pesan cargos de homicidio agravado y desaparición forzada, entre otros, aseguró la Fiscalía.