El gobierno colombiano cerró filas en torno a la defensa de seis de sus oficiales del Ejército y la Policía llamados a juicio en Ecuador por presunto asesinato, por un operativo del 2008 contra las Farc en el que murió “raúl Reyes”, el número dos de esa guerrilla en ese momento.
Al tiempo que admitió sentir “coraje” frente al fallo de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, en Ecuador, que llamó a juicio a los oficiales, el presidente Juan Manuel Santos -que en la época de la incursión fungía como ministro de Defensa-, dijo asumir la responsabilidad plena por el operati-vo.
“Yo fui quien autorizó esa operación con el (entonces) presidente (Álvaro) Uribe. O sea que si hay algún responsable soy yo y nadie más y nuestros generales y nuestros oficiales y nuestros soldados y policías, merecen que los defendamos en todas las instancias”, aseguró Santos desde Barranquilla.
Añadió que “a uno le da coraje, como dicen los españoles, cuando ve decisiones como la que tomó una estancia judicial en Ecuador de llamar a jui-cio a cinco generales de la República por la Operación Fénix” en la que resultaron muertos “Reyes” y otras 25 personas.
Los imputados por la justicia ecuatoriana son el actual director de la Policía, general Óscar Naranjo, y los antiguos jefes de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla; el Ejército, Mario Montoya; la Marina, Guillermo Barrera; y la Fuerza Aérea, Jorge Ballesteros, además del coronel Camilo Álvarez.
“Todos los oficiales, todos los suboficiales, todos los soldados de tierra mar y aire, todos los policías, que participaron en esa operación lo que mere-cen es el aplauso, el apoyo, la admiración del mundo entero, porque esa operación fue un golpe certero contra el terrorismo”, concluyó Santos.
Reacciones
A su turno, el vicepresidente Angelino Garzón, advirtió que para su país “es un deber de Estado” la defensa de los oficiales llamados a juicio.
La “acción contra las Farc, donde murió ‘Raúl Reyes’, fue una decisión de Estado; por lo tanto, la defensa de nuestros generales es un deber de Esta-do”, aseguró Garzón a través de su cuenta en la red social Twitter.
Previamente la cancillería había rechazado y desconocido el fallo a través de un comunicado expedido y leído por la titular de ese ministerio, María Angela Holguín.
“El Estado colombiano, con sujeción al Derecho Internacional Humanitario, adelantó la operación Fénix en contra de un campamento de las Farc que llevaba a cabo acciones terroristas en contra de la población colombiana. La operación, constituye un acto de Estado contra terroristas internacionales”, señaló.
A la reacción se sumó el comandante del Ejército, general Alejandro Navas, que calificó el fallo de la justicia ecuatoriana como una “ilógica deci-sión”. Mientras, el ex presidente Uribe (2002-2010) dijo, también en Twitter: “Colombia no puede aceptar acusación ecuatoriana a nuestros genera-les”. Quito rompió vínculos con Bogotá a raíz del ataque, el 1 de marzo de 2008, en el limítrofe poblado ecuatoriano de Angostura (Sucumbíos).
Al defender su decisión de ordenar la incursión militar en suelo ecuatoriano, el ex mandatario Uribe ha reiterado que fue lanzada “por necesidad” y que la muerte de Reyes permitió luego el rescate de la política colombo francesa Ingrid Betancourt y otras personas secuestradas por las Farc, así como salvar “muchas vidas de compatriotas”.
Farc quieren contratos
El presidente de la República Juan Manuel Santos, denunció que se encontraron nuevos correos del computador del abatido jefe guerrillero, ‘Mono Jojoy’, que confirman que las Farc presio-nan a los alcaldes y gobernadores para apropiarse de contratos de obras públicas y del sector de la salud en las regiones donde han tenido mayor presencia, para poder financiarse.
El mandatario citó algunos correos del año pasado, entre ellos, uno en el que las Farc hablan de un contrato de electrificación para varias veredas del municipio de Rovira, Tolima, por 3.200 millones de pesos, del que al parecer estaban esperando ajustar un porcentaje a su conveniencia.
El mandatario leyó el correo que decía: “En Rovira, Tolima, hay un contrato de electrificación en las veredas de Caneloy, Alto Bonito, Ramo Bajo, Ramo Alto, La Esmeralda y El Pedral, el con-trato es por 3.200 millones Armando Novoa es el responsable del contrato para arreglar lo del porcentaje, éste respondió que al fin con quién tenía que arreglar, si con la Cajamarca o el 21 porque Donal también lo ha estado llamando, llamamos a Donal para preguntarle y nos respondió que efectivamente él estaba adelantando eso por ordenó a Pedronel, porque usted lo había ordenado”.
Santos citó otro correo sobre un contrato de la construcción de la doble calzada de Neiva-Pitalito por 156 mil millones de pesos.